APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -La reciente condena a muerte, con suspensión de ejecución para un caso, dictada en China contra altos funcionarios acusados de recibir sobornos millonarios nos devuelve, irremisiblemente, a un debate incómodo pero necesario en sociedades golpeadas por lo que hemos venido llamando corrupción estructural.

¿Por qué estructural? Porque no se trata ya de hechos aislados, sino de una forma de corrupción profundamente incorporada al funcionamiento normal del sistema político, económico e institucional. Hablamos de una cultura de corrupción entronizada en la propia dinámica del Estado, donde redes políticas, económicas y burocráticas se articulan para extraer beneficios privados de lo público, mientras los organismos de control actúan débilmente, de manera selectiva o terminan sencillamente capturados.

En ese entorno, la impunidad deja de ser excepción y se convierte en regla; los reguladores terminan subordinados a los regulados; el acceso privilegiado al poder sustituye el mérito, la competencia y la transparencia, y la corrupción pasa a formar parte de los mecanismos reales de acumulación económica y ascenso social. Quien se resiste a ese entramado suele ser aislado, tratado de ingenuo o visto como una espina en el zapato.

Cuando las cosas llegan a ese punto, surge inevitablemente una pregunta: ¿debe una sociedad considerar la pena capital para los grandes actos de corrupción administrativa? Muchos piensan que sí, porque el saqueo sistemático de los recursos públicos termina siendo, moral y materialmente, un crimen contra la nación.

Durante años entendí que, en países donde la corrupción destruye hospitales, educación, infraestructura, seguridad y oportunidades de vida para millones de personas, el debate sobre sanciones extraordinarias no debía descartarse automáticamente. Pero también arribé a otra conclusión igualmente importante: una medida de esa magnitud solo podría discutirse seriamente después de un verdadero proceso de adecentamiento institucional del Estado. De lo contrario, la misma pena de muerte podría convertirse en otro instrumento de persecución, corrupción o venganza política.

En ese punto consideramos particularmente valiosa la reflexión de Pelegrín Castillo, quien retoma las tesis del economista sueco Gunnar Myrdal sobre la relación íntima entre Estado débil y corrupción. Myrdal sostenía que ambas realidades se alimentan mutuamente en un proceso de “causación circular acumulativa”, o lo que es lo mismo, un Estado incapaz de aplicar eficazmente sus leyes genera corrupción, y esa corrupción profundiza todavía más la debilidad estatal.

Esa observación posee enorme vigencia en sociedades como la nuestra. La corrupción no es solamente el robo de dinero público; es también la destrucción progresiva de la confianza nacional y la conversión de la representación política en objeto de desprecio e incredulidad. Cuando el ciudadano percibe que las leyes no funcionan igual para todos o que procesos judiciales espinosos y conmovedores se diluyen aviesamente en el tiempo, que otrora funcionarios con escasos recursos ostentan hoy fortunas inexplicables, que las instituciones están capturadas por intereses particulares y que el poder económico puede comprar impunidad, el vínculo moral entre sociedad y Estado termina deteriorándose—como ya es nuestro caso—profunda e irreversiblemente.

Lo que emerge es la pérdida de lealtad hacia la nación misma, fenómeno extraordinariamente peligroso. La gente deja de sentir que el país le pertenece y se refugia en la informalidad, la sobrevivencia individual, el abstencionismo electoral, la indiferencia social y el carrerismo, o la emigración. El mérito y el conocimiento pierden valor, el oportunismo se transforma en modelo de ascenso social y el Estado comienza a vaciarse de legitimidad.

Autores como Daron Acemoglu y James A. Robinson explicaron después cómo las naciones fracasan cuando predominan instituciones extractivas diseñadas para beneficiar élites reducidas en lugar de construir prosperidad colectiva. La corrupción sistemática forma parte precisamente de esas estructuras donde el acceso privilegiado al poder sustituye la competencia productiva, el conocimiento, la sapiencia técnica, la transparencia y el mérito.

Estas reflexiones me llevaron a revisar mi posición inicial respecto al endurecimiento extremo de las penas. En Estados literalmente secuestrados, la severidad punitiva puede producir titulares, pero no necesariamente soluciones. Organizaciones especializadas respetables sostienen que no existe evidencia concluyente de que la pena de muerte reduzca estructuralmente los delitos más graves. Es que el verdadero problema reside—y en nuestro país claramente habita— en la debilidad institucional, la impunidad selectiva y la captura del aparato público por redes de intereses.

La pregunta esencial es otra: ¿posee el Estado la autoridad moral e institucional suficiente para administrar una sanción irreversible sin deformarla? En el caso de nuestro país, no dudamos que la pena capital termine aplicándose selectivamente contra adversarios políticos, mientras otros grupos permanecerían protegidos por el poder económico o partidario. La justicia podría degradarse en miedo y la moralización pública en nuevas formas de arbitrariedad.

Pero tampoco debemos caer en el relativismo complaciente. Hay actos de corrupción cuyo impacto social resulta devastador. Cuando recursos destinados a salud pública, alimentación escolar, agua potable o infraestructura crítica son saqueados sistemáticamente, las consecuencias humanas pueden ser enormes y devastadoras. Esas inconductas, propias de verdaderas pandillas enquistadas en el Estado, no solo empobrecen; también enferman, excluyen, degradan, envilecen y condenan. La corrupción mata lentamente, lo mismo que un cáncer agresivo.

Por eso el verdadero combate debe comenzar mucho antes de discutir la pena de muerte. Debe iniciar con la construcción de un Estado fuerte, profesional, transparente y racional; con justicia independiente; con organismos de control sólidos; con rendición de cuentas efectiva y con una cultura política donde el saqueo del patrimonio colectivo deje de verse como una simple habilidad plausible para “aprovecharse del sistema”.

En resumen, la discusión sobre la pena de muerte para grandes corruptos puede tener legitimidad moral como expresión de indignación colectiva frente al deterioro nacional. Pero antes de llegar a ese punto debemos impedir que el propio sistema encargado de castigar continúe siendo parte del problema.

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