“Las instituciones son fuertes cuando el cumplimiento vale más que la violación de la norma”. -Montesquieu

APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -El pecado mortal de la institucionalidad dominicana es su proverbial proclividad a multiplicar diagnósticos, cuando de lo que se trata es de articular un sistema coherente que garantice calidad, trazabilidad y confianza.

De acuerdo con ello, el problema ya no puede seguir describiéndose como una simple suma de estaciones fuera de rango: lo realmente importante es saber si el sistema, en su conjunto, está en capacidad de prevenir, identificar y corregir esas desviaciones con consistencia y credibilidad técnica.

El problema no es exclusivamente técnico, sino también institucional. El país dispone de un amplio entramado normativo en materia de calidad, metrología y combustibles. En ese marco, las funciones principales están diferenciadas, aunque bien parece que tal distinción parece quedarse en el plano formal.

Conforme al espíritu de la Ley 166-12, resultado de una iniciativa nuestra de 2007, el Indocal es responsable de asegurar la confiabilidad de las mediciones, incluidas las de carácter reglamentario en el ámbito de la metrología legal; El Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) vigila el cumplimiento de los reglamentos técnicos en el mercado, comprendidos los relativos a la metrología legal; y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ejerce la rectoría del sector combustibles, con funciones de regulación, supervisión y fiscalización.

La lógica responde a la que impera en países con mayor desarrollo institucional: asegurar la confiabilidad de las mediciones mediante patrones trazables -disponibles también en los laboratorios de ensayo y pruebas-, tanto en el ámbito voluntario de la metrología industrial como en el plano obligatorio de la metrología legal, mientras la vigilancia y la regulación operan bajo mandatos obligatorios. Son funciones necesariamente complementarias y el problema es que esa coordinación y esa comprensión sistémica no siempre parecen existir, en los hechos, entre los actores llamados a garantizarlas.

Ya señalamos que, como la calidad del combustible es el resultado de una cadena compleja, las desviaciones pueden producirse en cualquiera de sus etapas. Esto implica que la fiscalización no puede ser fragmentada ni descansar exclusivamente en el punto de venta. Una visión rigurosa exige reconstruir el recorrido del producto y determinar, con precisión técnica, dónde se produjo la falla cuando aparece, lo cual implica necesariamente ensayos con trazabilidad en el caso de los combustibles.

Si bien las responsabilidades están formalmente distribuidas, en la práctica, el poder relativo de cada uno puede incidir en el grado real de exigencia que se les impone. Entonces resulta imperativo que la trazabilidad no solo identifique dónde ocurrió la desviación, sino también quién debe responder por ese tramo y bajo qué condiciones técnicas, contractuales o regulatorias.

Sí, el sistema tiene “muchos dueños”, pero carece de hecho de mecanismos efectivos que obliguen a cada uno a responder por su tramo con evidencia técnica verificable, resultando que el control pierde eficacia. Visto desde esa fragilidad estructural, sorprende que el número de estaciones incumplidoras no sea mayor.

Como me señalaba un acucioso amigo, “un proceso sin dueño no es proceso”. Para que realmente lo sea, debemos asegurar que cada actor asuma responsabilidades claramente delimitadas, medibles y auditables dentro de una lógica de sistema. El desafío institucional no consiste únicamente en aplicar sanciones, sino en construir un entorno donde incumplir sea cada vez más difícil, más visible y costoso. La calidad no es un costo; el incumplimiento sí lo es.

Se impone, en consecuencia, coordinación interinstitucional, intercambio de información, protocolos homogéneos de actuación y consistencia en la respuesta pública. Los hallazgos del MICM dejan claro que el sistema en cuestión no está blindado.

Es tiempo de que pasemos de una etapa en la que el consumidor “debe creer” a otra en la que pueda confiar. Esa confianza solo se construye con resultados: ¡hacer coincidir lo que se promete con lo que realmente se entrega!