José Enrique Yáber afirma que el proceso judicial por la pérdida de US$300,000 ha estado
marcado por dilaciones, archivos y recursos, pese a que el caso ya fue reactivado y avanza
hacia el juicio de fondo.
APUNTE.COM.DO, Santo Domingo.- El empresario José Enrique Yáber denunció este miércoles que lleva más de
cinco años enfrentando retrasos judiciales en el proceso por una presunta estafa inmobiliaria de
300,000 dólares en el Distrito Nacional, un caso que recientemente avanzó tras la negativa de
un tribunal a suspender el juicio.
Yáber explicó que la inversión fue realizada en 2016 para la compra de un apartamento en la
Torre Bellorizonte, en el sector La Esperilla, cuya entrega estaba prevista en un plazo de 19
meses. Sin embargo, aseguró que, tras el inicio de la pandemia de la COVID-19, la empresa
constructora Arquiconstrucciones cerró sus oficinas y cesó toda comunicación con los
compradores.
Según su relato, el inmueble, junto a otros 23 apartamentos del mismo proyecto, habría sido
transferido posteriormente a terceros sin el consentimiento de los adquirientes originales.
“Desde hace siete u ocho años entregamos el dinero y hoy no tenemos ni el apartamento ni el
capital invertido”, afirmó el empresario durante una entrevista en el programa “El Día”.
El caso, iniciado en 2021, ha estado marcado por dilaciones, incidentes procesales y recursos
judiciales. De acuerdo con Yáber, la denuncia permaneció más de un año en la Fiscalía sin
avances sustanciales e incluso fue archivada en una fase inicial, decisión que posteriormente
fue revocada por un tribunal, permitiendo la continuidad del proceso.
La acción penal privada se fundamenta en cargos de abuso de confianza y bancarrota, en un
expediente que involucra a los constructores Francisco y Frank Pimentel, así como a otras
personas y sociedades comerciales presuntamente vinculadas.
El proceso cobró nuevo impulso luego de que, el pasado 17 de abril, la Octava Sala Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazara una solicitud de sobreseimiento
presentada por la defensa de uno de los imputados, al considerar que los recursos pendientes
no tienen efecto suspensivo.
Yáber sostuvo que la prolongación del caso le ha generado “frustración” y advirtió que
situaciones como esta pueden afectar la confianza de inversionistas en el sector inmobiliario,
aunque afirmó mantener expectativas de que el sistema judicial emita una decisión de fondo.
El empresario indicó que al menos seis compradores adicionales se encuentran en condiciones
similares, mientras que otros ocupantes del edificio no habrían recibido títulos de propiedad
pese a residir en los inmuebles.
La próxima audiencia del caso está prevista para el 20 de mayo, en el marco de un proceso
que continúa su curso en la jurisdicción de juicio tras varios años de litigio.
