APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -En el contexto del Plan de Optimización del Proceso Penal, haciendo un ejercicio de
intercambio de buenas prácticas se realizó el panel: “Tratamiento bajo Supervisión
Judicial Posible en República Dominicana”, en cual participaron como panelistas la
jueza administradora en Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero; y la
magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito
Nacional. 


En el mismo, las panelistas, abanderadas de la Justicia Restaurativa,
explicaron cómo esta logra eficientizar el proceso penal y reducir gastos al Estado. 
La jueza Otero explicó que en Puerto Rico se promueve la rehabilitación del convicto,
cuyo modelo implica una supervisión intensiva en la cual, el juez mantiene una
interacción con el participante a través de comparecencias frecuentes donde el tribunal
verifica el cumplimiento del tratamiento. 


Dijo que en Puerto Rico la justicia terapéutica está establecida en la sección 19 de su
Constitución como una Política Pública del Estado, a través de la cual se destinan
recursos para el tratamiento adecuado de las personas que delinquen y se hacer posible
su rehabilitación moral y social. 


En ese sentido, explicó que, en su país el confinamiento cuesta al estado unos 343
millones de dólares al año, por lo que afirmó la prevención y el tratamiento bajo
supervisión judicial resulta menos costoso. 


 “En el enfoque terapéutico las partes trabajan en equipo y unidas, buscan conseguir un
objetivo común que es la recuperación. En el enfoque tradicional el proceso es
adversativo en todas sus etapas; en el terapéutico el enfoque es colaborativo”, explicó la
jueza Otero. 


Por su lado, la jueza Kenya Romero, informó que el Tratamiento Bajo Supervisión
Judicial implica un catálogo con criterios electivos para determinados delitos menores,
que una vez realizada la verificación de elegibilidad jurídica y la sanitaria del imputado
con dependencia a drogas se otorga un abordaje diferente, acompañado de
tratamiento, porque la dinámica de intervención está más allá del ámbito judicial. 


Explicó que la iniciativa de Tratamiento Bajo Supervisión Judicial comenzó en el
Distrito Nacional como un piloto, en la cual se determinó a través de un estudio de
viabilidad que la gran cantidad de procesos judiciales por delitos menores el 70% estaba
vinculado al consumo problemático de drogas. En adición a que en siguiente estudio
relativo a las Rebeldías, que en ese momento sobrepasaban las siete mil, las relativas a

delitos menores fueron abordadas bajo esa perspectiva las que calificaban conforme los
criterios de salud y jurídicos.  

“Lo que se trata es que, sin desconocer nuestros roles, porque el juez sigue siendo juez,
el fiscal sigue haciendo su rol y el defensor; es tener una mirada más humana, una
mirada terapéutica, que entienda que esta persona tiene conflicto con la ley, pero no solo
jurídico, sino que le acompañan factores de riesgo y un tema de salud recurrente, por
eso nos hacemos acompañar de un equipo multidisciplinario”, explicó la magistrada
Romero.  


El panel fue realizado dentro de la Conferencia del Poder Judicial 2026, encuentro que
constituyó una experiencia inmersiva, en la cual durante tres días concentró a 68
destacados expositores de 25 países, y en la que participaron más de 6,000 personas.