APUNTE.COM.DO, Madrid.- Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) podrán iniciar en este mes de abril con la jornada laboral de 35 horas semanales, una medida que los sindicatos instan ya a aplicar en otras administraciones como las locales.
Los sindicatos sellaron a finales de marzo con el Ministerio de Función Pública este cambio, desde las 37,5 horas vigentes, que se pondrá empezar a poner en marcha una vez se dicte la correspondiente resolución en la primera mitad de abril.
La medida, negociada con CCOO, UGT y CSIF, beneficiará de entrada a unos 220.000 empleados públicos y servirá como referencia para otras administraciones públicas.
«La implantación tiene que ser progresiva debido a la heterogeneidad de los servicios públicos del Estado. En el plazo de 15 días la secretaría de Estado de Función Pública modificará la resolución general de jornadas y horarios (…) implantando la nueva jornada laboral de 35 horas y su distribución horaria», apuntaba CCOO.
Vista de la sala de atención presencial en la Agencia Tributaria, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Alvarado
«El Ministerio de Función Pública publicará la resolución (…) y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias», recordaba esta pasada semana CSIF.
CSIF reclama su aplicación en Ayuntamientos
CSIF emplazaba también a todos los Ayuntamientos a negociar la implantación de la jornada de 35 horas y recordaba que la ley reguladora de la Bases de Régimen Local establece en su artículo 94 que «la jornada de trabajo de los funcionarios de la administración local será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado».
El acuerdo, añaden, genera el «efecto jurídico» para que la jornada local no supere en cómputo anual la de la AGE, que actúa como techo máximo.
No obstante, recuerdan que debe negociarse en cada mesa ya que no se aplica de manera automática.
El sindicato también señala que el acuerdo contempla la implantación «en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas».
La implantación de las 35 horas también se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano.
Mantener la calidad de los servicios
Función Pública explicó que la implantación de la nueva jornada de 35 horas semanales (1.533 horas en cómputo anual) se hará «garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas».
Y precisó que se llevarían a cabo «todas las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de las 35 horas con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos».
En este sentido, UGT ha señalado que la nueva jornada debe ir acompañada de una Oferta de Empleo Público «que permita reforzar las plantillas y garantizar que la mejora de las condiciones laborales sea plenamente compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía».
Desde la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) han advertido de la «imposibilidad de mantener la misma calidad de los servicios públicos» con la reducción a 35 horas semanales.
«Si se pretende mantener los mismos niveles de servicio con una menor jornada, ello implicará necesariamente un incremento de la productividad que debe ser reconocido y remunerado adecuadamente», apuntan desde ese asociación.
