APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -A 41 días de la entrada en vigor de la Ley 84-25 sobre control y fiscalización de funcionarios, el Congreso Nacional aún se encuentra en fase preparatoria para su aplicación. En ese contexto, el presidente Luis Abinader solicitó un encuentro con los voceros de las bancadas de la Cámara de Diputados para acelerar la implementación de este mecanismo.
El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, explicó que la iniciativa busca garantizar que los funcionarios del Poder Ejecutivo comparezcan periódicamente ante el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión.
La normativa contempla sanciones para quienes no acudan a las citaciones legislativas, incluyendo procesos de interpelación y posibles votos de censura que podrían derivar en recomendaciones de destitución. Este sistema de control responde a un mandato constitucional vigente desde la reforma de 2010 impulsada por Leonel Fernández, aunque no había sido aplicado por falta de una ley habilitante.
El alcance de la legislación abarca a múltiples instituciones del Estado, incluyendo los poderes públicos, órganos autónomos, ayuntamientos y entidades que administren recursos públicos. Además, establece mecanismos como el juicio político para sancionar faltas graves, cuya penalidad puede incluir la destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas por hasta diez años.
