APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -El miércoles 4 de noviembre de 1981 se dio a conocer el llamado “Álbum de la corrupción” en el semanario “Vanguardia del Pueblo”, órgano de difusión oficial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyas ocho páginas contenían implacables ataques contra el vicepresidente de la república y otros funcionarios del gobierno de don Antonio Guzmán acusados de violar los procedimientos de compras y contrataciones públicas y de cometer actos dolosos.
Al lado de la galería de fotos predominaba un editorial titulado “El corrompido es corruptor”, sobre el tráfico de influencias y malversación de fondos, que calificaba de deshonestos a quienes no teniendo “puestos en el aparato del Estado”, se quedan “callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”, porque se actúa “en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se protege con el silencio o se le defiende a cambio de recibir favores del corrompido”.
Era la primera vez que este periódico se vendía en los barrios de Santo Domingo, pues sólo se podía adquirir en la casa nacional y demás locales del partido de la enseña morada y la estrella amarilla. Su consejo directivo estaba constituido por Félix Ramón Jiménez (Felucho), Diómedes Núñez Polanco y Alejandro Solano Martínez, asistidos por el profesor Juan Bosch y el doctor Rafael Alburquerque, presidente y secretario general de esa entidad política.
Una gran expectativa causó esta edición 316, promovida como “bomba nuclear” o “explosión periodística del siglo en nuestro país” por activos canillitas que coreaban en las calles las presuntas sustracciones de bienes del Estado cometidas por funcionarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), contribuyendo a multiplicar sus ventas mientras los editores lograban imprimir 132 mil ejemplares en menos de una semana, en las editoras Alfa y Omega, del exdirigente de izquierda Miguel Cocco y La Razón, S.A., del periodista Silvio Herasme Peña.
Su impacto fue analizado por el doctor Leonel Fernández Reyna, dirigente del PLD, en un artículo difundido el 11 de noviembre por Vanguardia del Pueblo con el título de “El Álbum de la corrupción: un documento para la historia”, donde aseguró que “ha tenido el efecto de una bomba explosiva con un alto poder de detonación que al mismo tiempo ha servido como especie de manual de instrucción para que el pueblo dominicano sepa quién es quién en el manejo de los fondos de la Administración Pública”.
Según el autor, esa publicación se había convertido “en un elemento catalizador de la conciencia pública” que “ha escrito una página ejemplar en la historia de los medios de comunicación no sólo de la República Dominicana sino de toda América Latina, pues por primera vez la prensa de una organización de izquierda (la que los especialistas llaman prensa alternativa), es capaz no únicamente de competir sino de arrebatarles a los medios de comunicación que pertenecen a la clase dominante el control de la opinión pública”.
En su opinión, “al arrebatarle dicho control, con una tirada que rebasó los 130 mil ejemplares (lo que ni siquiera con el acontecimiento de la muerte de Caamaño logró la prensa comercial), Vanguardia se colocó en una posición de alzada en el plano de la lucha ideológica que normalmente tiene su vehículo de canalización más efectiva a través de los medios de comunicación”.
El dirigente peledeísta indicó que por esa razón “no debe causar extrañeza que luego de haber provocado el efecto de conmoción nacional que efectivamente provocó, algunos plumíferos a sueldo que se hacen pasar por periodistas serios y objetivos, pero que no son otra cosa que corifeos de una de las tendencias que hay en el PRD, se lanzaran a la bajeza de querer encontrar algún vínculo inexistente entre las denuncias de nuestro Partido y las posiciones del Partido Reformista y el doctor Balaguer”.
Explicó que “el supuesto vínculo se encontraría en el hecho de que la Cámara de Cuentas, que realizó una serie de auditorías a varias oficinas públicas y dependencias del Estado, está compuesta por funcionarios que son nombrados de acuerdo con la Constitución por el senado de la república, y puesto que ese organismo legislativo está controlado por el Partido Reformista, la orden de que se hicieran las auditorías procedería del doctor Balaguer”.
Contenido general
Este álbum mostró en su primera página vistosas fotografías con los rostros de varios secretarios de Estado y directores departamentales a los que cuestionaba debido a alegada ausencia de transparencia en las compras de bienes y servicios, por no llamar “a concurso público que permitiera evaluar las obras más beneficiosas, lo cual es una violación de la Ley y de los principios que dizque tenía el PRD antes de llegar al poder”.
Estaban ahí, entre otros, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, doctor Juan López; el controversial exministro de Educación, ingeniero Pedro Porrello Reynoso; el ministro de Salud Pública, doctor José Rodríguez Soldevila; el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), doctor Frank Desueza Fleury y el director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), ingeniero Gustavo Sánchez Díaz,
A este último le enrostraba el mal uso del cheque No. 114707 por valor de quinientos pesos, emitido el 4 de agosto de 1981 en favor del club cultural y deportivo Las Amapolas, de Bonao, al ser cambiado y cobrado por una conocida dirigente perredeísta de esa ciudad, no obstante estar firmado por el clubista Gilberto Velázquez.
La segunda página (casi completa) registraba un ataque feroz contra el síndico del Distrito Nacional, doctor Pedro Antonio Franco Badía, a quien imputaba la utilización en labores proselitistas de 356 vehículos del Ayuntamiento -de un total de 559- y la realización de un viaje a Nueva Orleans en noviembre de 1980 para presenciar -acompañado de funcionarios del cabildo- la pelea de revancha por el título mundial de boxeo, en peso wélter, entre Roberto “Manos de Piedra” Durán y Sugar Ray Leonard
Esa denuncia erosionó sus niveles de simpatía hasta transformarlo “en el chivo expiatorio por excelencia” del gobierno de su partido, que “le convenía proyectar la imagen de que la suma de males en que se había incurrido sólo tenía un nombre: Pedro A. Franco Badía”, según reconoció tiempo después el propio alcalde en declaraciones ofrecidas al narrador y periodista Roberto Marcallé Abreu, redactor del periódico vespertino El Nacional.
Denuncias lacerantes
Vanguardia del Pueblo exhibió fotos de las casas que construyeron en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional el vicepresidente Jacobo Majluta Azar y el doctor Sebastián Aridio García de León, asistente personal del secretario general del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, para relacionarlas con sus antiguas moradas de Gascue y el ensanche Espaillat.
También, en la parte inferior de la tercera página, mostró una vivienda de la calle Duarte esquina Francisco Cerón (barrio San Miguel), donde residió siendo estudiante de Derecho de la universidad estatal el doctor Lorenzo Sánchez Baret, subsecretario administrativo de la presidencia y presidente del comité del Distrito del PRD, para hacer una fastidiosa comparación con la que acababa de comprar al Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi) en la urbanización El Millón de la capital, buscando lastimar así la dignidad moral del joven funcionario.
En vista de que el doctor Peña Gómez rechazó el Álbum de la Corrupción, se le criticó en un número posterior tildándolo de “defensor de los nuevos ricos”, dado que “sabe que esas mansiones construidas por sus compañeros son producto de la corrupción, pero trata de encubrirlo con amenazas contra el PLD y sus dirigentes, como si ignorara que el pueblo es más inteligente que él y sabe que lo mal habido es mal habido, aunque él se empecine en negarlo”.
Según Vanguardia del Pueblo, esos funcionarios “han aprendido a mirar por encima del hombro porque son nuevos ricos surgidos en este gobierno perredeísta y ahora no viven en barrios pobres, sino que se han mudado para los residenciales de la gente muy rica: casi todos los líderes del PRD han pasado a residir en Naco, Piantini, Arroyo Hondo y otros ensanches exclusivos, mientras las bases del PRD siguen en su mayoría oliendo donde guisan”.
Este medio cuestionó con severidad la gestión de Jacobo Majluta como director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), ejercida del 16 de agosto de 1978 al 4 de junio de 1980, al acusarlo de presunto uso de fondos de ese consorcio industrial y comercial “para proyectarse como el gran líder y llegar a ser presidente de la República”.
El vicepresidente deseaba escalar la jefatura del Estado, pero para lograrlo tenía que vencer en la oncena convención nacional del PRD, pautada para el domingo 25 de noviembre de 1981, al destacado jurista santiagués, doctor Salvador Jorge Blanco, cuya estrella política brillaba en el senado de la república por su iniciativa en redactar la ley de amnistía que garantizó la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados y por la efectiva campaña publicitaria realizada a su favor por el sociólogo Dorín Cabrera, para ampliar su base política con la formación de la Avanzada Electoral, que aglutinó a prestigiosos profesionales y artistas criollos.
Esa realidad y la aparición del Álbum de la corrupción 21 días antes de la celebración de las elecciones primarias del partido blanco, con la participación de cerca de 80 mil militantes, significaron un duro golpe para las aspiraciones de Majluta, pues había sido colocado a la defensiva y su deber era convencer a sus simpatizantes de que estaban mintiendo quienes aseguraban que había invertido dinero de Corde en propaganda “por televisión, radio, periódicos y vallas", así como en la confección de millares de afiches a todo color y calendarios con la foto suya junto al papa Juan Pablo Segundo, que habría mandado a hacer en la impresora del radiodifusor Rafael Corporán de los Santos.
Majluta se defendió diciendo que intentaban descalificarlo con mentiras e insultos, aunque no demandaría al profesor Bosch ante los tribunales de la República “porque no existían garantías para que fuera juzgado imparcialmente, debido a que los jueces al ser nombrados por el Partido Reformista actuarían políticamente con una acción de descargo”.
Agregó que esperaba que los infundios en su contra no influyeran en las decisiones que tomarían los militantes perredeistas en las primarias de su partido programadas para la fecha señalada y que en vez de hacerle daño a su precandidatura pudiera favorecerla. Sin embargo, fracasó en el empeño pese al consistente respaldo que le dio el presidente Guzmán, con la conformación de la Unidad de Acero que integró a todos sus seguidores en una boleta unitaria que tenía como propuesta vicepresidencial al secretario de Deportes de su gobierno, licenciado Vicente Sánchez Baret.
El Álbum de la corrupción había sido parte de una estrategia política para restarle méritos al precandidato oficialista y provocar su derrota; pero, aun así, éste lograría revertir la mala imagen creada, ya que entre los meses de julio y agosto de 1982 (durante los 43 días de su Gobierno, tras el suicidio del presidente Guzmán) comenzó a brillar por su eficiencia en el manejo de los asuntos de Estado.
Majluta acrecentó el vigor de su figura de estadista y siendo presidente del Senado estructuró una maquinaria propia que impuso su candidatura presidencial dentro del PRD en 1986 y en su nuevo Partido Revolucionario Independiente (PRI) en 1990 y 1994.
Paradójicamente, en las elecciones de 1990 recibió el apoyo del abogado, educador, escritor y poeta Alejandro Solano Martínez, uno de los editores de Vanguardia del Pueblo que era entonces secretario general del Partido del Pueblo Dominicano (PPD), presidido por el doctor Rafael Alburquerque (candidato a senador del PRI), y en 1994 tuvo el respaldo del empresario José Francisco Hernández, quien había sido compañero de boleta del profesor Bosch en las elecciones anteriores.
