APUNTE.COM.DO, Santo Domingo. – El comercio ilícito continúa representando una importante sangría para las finanzas públicas de la República Dominicana. Estimaciones de sectores económicos y autoridades vinculadas al control del mercado indican que durante el año 2025 el Estado dominicano habría dejado de percibir entre RD$3,000 millones y RD$4,000 millones en impuestos como consecuencia de actividades ilegales relacionadas con contrabando, falsificación de productos y evasión fiscal.
El fenómeno, que afecta principalmente a rubros como cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos y combustibles, constituye además una forma de competencia desleal contra las empresas que operan dentro del marco de la ley, ya que estas deben cumplir con el pago de impuestos, registros sanitarios y controles regulatorios.
En el país, el combate a estas prácticas está regulado por la Ley núm. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, una legislación que establece sanciones económicas y penales para quienes participen en este tipo de actividades.
Impacto directo en las finanzas públicas
Aunque el monto exacto del comercio ilícito es difícil de determinar debido a su naturaleza clandestina, diversos estudios y estimaciones coinciden en que las pérdidas fiscales anuales oscilan entre los tres mil y cuatro mil millones de pesos, una cifra que refleja la dimensión del problema para la economía nacional.
Para tener una idea del impacto, ese monto equivale a miles de millones de pesos que el Estado deja de invertir en áreas esenciales, como educación, salud, infraestructura y programas sociales.
El contrabando de cigarrillos figura entre los casos más frecuentes. Gran parte de estos productos ingresa al país sin cumplir con los controles aduaneros ni pagar el impuesto selectivo al consumo, lo que genera pérdidas significativas para el fisco.
A esto se suman las bebidas alcohólicas adulteradas, medicamentos sin registro sanitario y otros productos introducidos de forma irregular al mercado dominicano.
Riesgos para la salud y el comercio formal
Más allá de la evasión fiscal, el comercio ilícito también plantea riesgos para la salud pública, especialmente cuando se trata de productos adulterados o falsificados que no cumplen con los estándares de calidad.
En los últimos años, las autoridades han detectado casos de alcohol adulterado y medicamentos ilegales que han provocado intoxicaciones y graves consecuencias para los consumidores.
Al mismo tiempo, empresarios del sector formal han advertido que esta práctica distorsiona el mercado y afecta la competitividad, ya que quienes participan en el comercio ilícito pueden vender productos a precios más bajos al no pagar impuestos ni cumplir regulaciones.
Esfuerzos del gobierno
Para enfrentar este problema, instituciones como la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes han intensificado operativos de fiscalización y decomiso de mercancías ilegales.
Estas acciones forman parte de una estrategia interinstitucional que busca reducir el contrabando y proteger tanto las finanzas del Estado como la seguridad de los consumidores.
Un desafío persistente
A pesar de los avances en la fiscalización, el comercio ilícito continúa siendo uno de los desafíos estructurales de la economía dominicana, especialmente en mercados informales y zonas fronterizas donde el control estatal resulta más complejo.
Expertos coinciden en que reducir estas pérdidas fiscales requiere fortalecer la vigilancia aduanera, mejorar los mecanismos de control del mercado y promover una mayor cultura de legalidad en las actividades comerciales.
Comentario
El periodista y abogado Ramiro Estrella, director ejecutivo del medio digital Apunte.com.do, considera que el comercio ilícito no solo representa una pérdida económica para el Estado, sino también un serio obstácul