APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 82-26, que autoriza a 14 instituciones del Estado a realizar compras por excepción en casos vinculados a seguridad nacional, conforme al numeral 2 del artículo 78 de la Sistema Nacional de Contrataciones Públicas establecido en la Ley 47-25.
Entre las entidades habilitadas figuran el Ministerio de la Presidencia (como órgano superior del Centro de Seguridad Nacional), los ministerios de Interior y Policía, y de Defensa; el Ejército de la República Dominicana, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. También el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), la Dirección General de Pasaportes, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Procuraduría General de la República y el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
El decreto aclara que no se considerará seguridad nacional la compra de insumos comunes (uniformes, calzado u otra indumentaria estándar), los cuales deberán tramitarse por los procedimientos ordinarios de contratación. Como regla general, los procesos deberán realizarse por selección competitiva, invitando a todos los proveedores capaces de suplir la necesidad; solo de forma excepcional se permitirán contrataciones directas, con informe justificativo y motivación reforzada.
Las contrataciones deberán gestionarse en el sistema electrónico de compras públicas y la declaratoria tendrá vigencia de un año. La información de estos procesos se clasificará como reservada y, una vez ejecutados, las instituciones deberán remitir informes a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El decreto deroga disposiciones previas sobre estos procedimientos de excepción.
En sus motivaciones, el Gobierno señala como prioridades combatir el crimen transnacional y fortalecer capacidades para prevenir o mitigar daños por desastres naturales y tecnológicos, dentro del nuevo marco normativo que actualiza el sistema de contrataciones públicas del país.
