APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -La Superintendencia de Bancos (SB) recordó a las entidades financieras las reglas legales que deben cumplir al momento de bloquear cuentas de usuarios, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionó los congelamientos realizados sin orden judicial. La medida busca evitar prácticas irregulares que vulneren los derechos de los clientes del sistema financiero.
La advertencia surge luego del fallo TC/0952/25, emitido en octubre de 2025, que ordenó levantar el bloqueo de una cuenta que había sido congelada mientras su titular era obligado a demostrar el origen de sus fondos. Ante este precedente, la SB envió una circular a los bancos reiterando que los bloqueos ordenados por el Ministerio Público no pueden extenderse por más de 72 horas sin la confirmación de un tribunal, especialmente en casos vinculados a presunto lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
La Superintendencia aclaró que estas disposiciones ya estaban establecidas desde 2021, pero decidió reforzar su cumplimiento para prevenir abusos y proteger a los usuarios. Asimismo, explicó que cuando el congelamiento proviene directamente de una orden judicial, este puede mantenerse vigente hasta que exista una disposición formal de levantamiento por parte del tribunal correspondiente.
La institución informó que las personas afectadas por bloqueos pueden acudir a su entidad financiera o a la oficina de Prousuario para recibir orientación y acompañamiento. En los últimos cinco años, la SB ha canalizado cientos de solicitudes de levantamiento de congelamientos a favor de miles de usuarios, lo que evidencia la recurrencia de este tipo de situaciones en el sistema financiero.
Finalmente, la Superintendencia precisó que no tiene facultad para ordenar ni levantar bloqueos, sino que actúa como canal entre los tribunales, el Ministerio Público y las entidades financieras. También recordó que los congelamientos judiciales no deben confundirse con medidas como embargos u oposiciones, y señaló que impulsa reformas legales para actualizar los procedimientos y evitar abusos en este tipo de prácticas.
