APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -Las declaraciones de Pelegrín Castillo (https://goo.su/18kZejU) no solo resultan oportunas, sino necesarias en un momento en que la República Dominicana enfrenta presiones externas de una magnitud y naturaleza que ya no pueden describirse mediante eufemismos diplomáticos ni bajo la cómoda noción de “giros estratégicos”. En rigor, lo que estamos presenciando no son simples reorientaciones de política exterior, sino atentados brutales contra la soberanía de los pueblos, ejecutados a través de mecanismos jurídicos, humanitarios y multilaterales destinados a vaciar de contenido el principio fundamental del Estado nación, un principio que juntos defendimos en otra etapa de la vida nacional y cuya vigencia hoy vuelve a estar seriamente amenazada.
Advertir sobre los intentos de conferir competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materias que pertenecen al dominio reservado del Estado dominicano, como la nacionalidad, no es un acto de radicalismo, sino un ejercicio elemental de defensa constitucional. Tal como señala la Fuerza Nacional Progresista, que es lo mismo que decir Pelegrín Castillo, permitir que instancias externas pretendan definir quiénes somos como nación equivale a abdicar del artículo 3 de la Constitución y abrir la puerta a un proceso de desestructuración institucional con consecuencias imprevisibles.
Resulta particularmente grave que estas maniobras se produzcan en un contexto internacional caracterizado por una guerra global híbrida, donde las grandes potencias —incluidas en primer lugar los Estados Unidos— combinan presión diplomática, condicionamientos económicos, instrumentalización de crisis humanitarias y coerción normativa para imponer soluciones que responden a sus propios intereses estratégicos. En ese marco, la crisis haitiana aparece cada vez más como un problema que ciertos actores externos pretenden “resolver” a expensas de la soberanía dominicana, de su estabilidad demográfica y de sus recursos territoriales.
No se trata de conjeturas. Desde hace años se intenta descarnadamente convertir a la República Dominicana en un amortiguador geopolítico de un Estado fallido, mediante esquemas que incluyen flujos migratorios masivos, campamentos de refugiados y planes de contingencia diseñados fuera del país y financiados por agencias extranjeras. Presentar estas iniciativas como actos de solidaridad o responsabilidad compartida constituye una manipulación peligrosa, pues encubren un proceso de transferencia de costos estratégicos hacia una nación que no generó la crisis y que carece de la capacidad material para absorberla sin poner en riesgo su propia existencia.
En este sentido, resulta plenamente legítimo y urgente el reclamo de adoptar medidas extraordinarias de seguridad y defensa en la región fronteriza. Defender la integridad territorial y demográfica no es una opción ideológica, sino una obligación del Estado. Ignorar esta realidad solo favorece a quienes apuestan por la ingobernabilidad como herramienta de presión.
Asimismo, la advertencia sobre el impacto indirecto de decisiones de seguridad adoptadas por Estados Unidos, como la suspensión de visados a decenas de países, es acertada. Estas medidas incrementan los flujos irregulares y fortalecen redes criminales transfronterizas, colocando a la República Dominicana en una posición de vulnerabilidad adicional. La frontera dominico-haitiana no es un espacio aislado, sino parte de una tercera frontera geopolítica de una potencia que hoy redefine sus prioridades de manera unilateral.
Respaldar las declaraciones de Pelegrín Castillo implica reconocer que la defensa de la soberanía dominicana es inseparable de la defensa de su estabilidad política, social y territorial.
Pretender que estos desafíos pueden abordarse desde la complacencia, el silencio o la subordinación solo acelera el deterioro. La historia demuestra que los pueblos que renuncian a decidir por sí mismos terminan pagando un precio mucho más alto que el de la firmeza. Hoy más que nunca corresponde llamar las cosas por su nombre. No estamos ante ajustes técnicos ni ante cooperación benévola, sino frente a presiones estructurales que amenazan la propia existencia del Estado dominicano. Enfrentarlas con claridad, valentía y apego a la Constitución no es una provocación, sino —como venimos sosteniendo desde hace tiempo— un acto de responsabilidad histórica.
