APUNTE.COM.DO, Santo Domingo, RD — En una sesión celebrada este jueves 8 de enero de 2026, el Senado de la República Dominicana declaró de urgencia y aprobó, por unanimidad de los presentes, un proyecto de ley que elimina las sanciones penales a los funcionarios municipales que incumplan la forma en que debe ejecutarse el presupuesto de las alcaldías.
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La iniciativa, presentada por el senador Aneudy Santos (PRM-San Juan de la Maguana), modifica el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, introducido por la Ley 75-25, cuyo texto actual contempla penas de 2 a 5 años de prisión, multas de 5 a 20 salarios mínimos e incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes violen las reglas de distribución y destino de los fondos municipales.
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La reforma sustituye ese régimen penal por sanciones de carácter administrativo, con el propósito, según sus promotores, de adecuar el sistema sancionador a una lógica de gestión municipal más funcional y realista. Bajo el nuevo planteamiento, se elimina también la facultad de la Cámara de Cuentas de enviar a la justicia penal a empleados de los cabildos en base a auditorías.
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Cambios más relevantes
Se elimina la prisión y las multas penales por incumplimiento en la ejecución del presupuesto.
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Se suprime la inhabilitación para ocupar cargos municipales en caso de vulnerar las normas presupuestarias.
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Se pasa de un régimen penal a uno administrativo, con sanciones que serán definidas por la normativa específica.
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El proyecto conserva algunas reglas de destinación, como la reserva mínima del 5 % para programas sociales y 25 % para inversión y capital.
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Durante la discusión, los senadores que apoyaron la pieza defendieron que las sanciones penales resultaban desproporcionadas frente a las faltas administrativas en la gestión local, y que la modificación dará mayor margen de maniobra a los ayuntamientos para responder a las necesidades operativas sin enfrentar un riesgo de cárcel por errores técnicos.
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El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo, y de ser aprobado entraría en vigencia como parte de la legislación que rige la administración financiera de los gobiernos locales.
