APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -El proceso judicial en curso entre el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dío Astacio, y el ciudadano Julio Buitrago, se desarrolla en el marco de una demanda contra Julio Buitrago por violación a la Ley Núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona penal y civilmente el uso indebido de plataformas digitales para afectar la honra, dignidad o reputación de las personas. El alcalde estuvo acompañado por varios de los funcionarios, los cuales han sido incluidos en el caso por el demandado.

En esta causa, al señor Buitrago se le imputan acciones  cometidas a través de publicaciones digitales que habrían afectado el honor del alcalde Astacio. En su calidad de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el alcalde goza de una protección especial conforme al artículo 33 de la Ley 53-07 y al Código Penal dominicano.

La pasada audiencia dio un giro inesperado.  Esta audiencia  tenía como objetivo principal conocer el fondo del caso, según fue previamente establecido por la jueza y notificado por el tribunal con la presencia a todas las partes en la anterior audiencia.

En un giro sorpresivo,  Julio Buitrago compareció solo a la audiencia, enarbolando un documento de cancelación de la audiencia. Aseguró que tanto él como su barra de defensa recibieron dicha comunicación del sistema judicial  y, en consecuencia, no se presentaran. ¿Y porque él lo hizo?

Reacción del tribunal y del Ministerio Público.   La presentación de dicho documento causó desconcierto inmediato. La jueza del tribunal manifestó no tener conocimiento de ninguna notificación oficial de suspensión o aplazamiento de la audiencia. Por tanto, procedió a fotografiar  y registrar formalmente dicho documento.

Asimismo, el Ministerio Público expresó su desconocimiento absoluto sobre el origen del documento, lo que elevó las sospechas sobre su autenticidad. En consecuencia, los abogados de la parte querellante solicitaron al tribunal tomar las medidas necesarias  para determinar la procedencia del documento presentado por Buitrago, y determinar su legalidad.

La situación adquiere mayor gravedad cuando, al ser cuestionado por la jueza, el señor Buitrago reveló que posee formación profesional como ingeniero en sistemas, lo que reforzó las sospechas en torno a una posible alteración digital o falsificación del documento en cuestión.

Decisión del tribunal y medidas adoptadas.  Frente al escenario de aparente irregularidad procesal y en resguardo del debido proceso,  la magistrada sugirió al señor Buitrago que contactará a su equipo legal para su comparecencia inmediata. Para lo que se le otorgó un tiempo prudente de espera. Buitrago salió de la sala a llamar a sus abogados, dilatado tiempo después, Buitrago regresó a la sala, comunicando a la jueza que ninguno de sus cuatro abogados estaban disponibles, por lo que no podrían presentarse. Lo que causó  mayor suspicacia.

Los abogados del demandante, solicitaron a la corte,  declarara el “Abandono de la defensa”, por su inasistencia y designe un defensor público, para garantizar la defensa técnica del imputado.

 El abandono de la defensa es considerado una falta grave en el sistema procesal penal. Un defensor que abandona su cargo no puede ser reelegido para defender a un imputado en el mismo proceso. Esto se debe a que el derecho del imputado a tener un defensor de su elección es un derecho irrenunciable desde el primer acto del procedimiento. Si un defensor no comparece injustificadamente, el juez debe declarar su abandono y designar un defensor público para asumir la defensa del imputado.

Una  audiencia que planteó más preguntas que respuestas.   Lo que debía ser una audiencia clave para avanzar en el conocimiento de fondo del caso, terminó convertida en un episodio marcado por una serie de eventos que generaron incertidumbre y desconcierto en la sala.

La presentación de una posible notificación sospechosa, no solo ha provocado un nuevo aplazamiento del proceso, sino que abre un flanco legal adicional, que podría derivar en consecuencias penales para el acusado Buitrago, en caso de que se confirme la falsedad o manipulación del documento.

Mientras tanto, el caso mantiene el interés de la opinión pública, ya que más allá de las implicaciones personales, pone sobre la mesa, cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad en el uso de las plataformas digitales, el respeto a la honra y reputación de los ciudadanos, y la necesaria integridad de los procedimientos judiciales en el país. Lo narrado, fue todo lo sucedido en la audiencia.