APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -El 18 de septiembre dedicamos nuestra entrega de turno a este importante tema. Hoy la posibilidad de utilizar los cerca de €210 mil millones en activos del Banco Central de Rusia congelados en Occidente retorna al centro del debate europeo. La idea de destinarlos a la reconstrucción de Ucrania puede sonar justa en apariencia, pero en realidad vulnera principios esenciales del derecho internacional y amenaza con desestabilizar el sistema financiero mundial.

Los defensores de esta medida, entre ellos algunos gobiernos de la Unión Europea y analistas como Joseph Stiglitz y Anton Korinek, sostienen que los activos rusos deberían emplearse como instrumento reparatorio frente a una agresión militar. Guardando la distancia del afamado economista Stiglitz, entendemos que los fundamentos jurídicos de esta tesis son frágiles.

El principio de inmunidad soberana protege los bienes estatales de toda confiscación por tribunales o gobiernos extranjeros. Es un pilar del orden jurídico internacional que garantiza que los Estados puedan mantener sus reservas en el exterior sin temor a que sean expropiadas por razones políticas o bélicas. Romper esa norma significaría abrir una caja de Pandora cuyas consecuencias irían mucho más allá del conflicto ucraniano.

La llamada “doctrina de las contramedidas colectivas”, que algunos invocan como justificación, no está reconocida formalmente en el derecho internacional positivo. Solo los organismos multilaterales bajo mandato de la ONU pueden imponer medidas que afecten la propiedad soberana de un Estado. Si Europa o el G7 actúan de manera unilateral, su decisión equivaldría a una confiscación sin base legal, algo que ningún precedente jurídico de la posguerra respalda. La Corte Internacional de Justicia podría, en consecuencia, si es que llega a activarse en relación con este caso, considerar esa acción como una violación del principio de igualdad soberana y de la inviolabilidad de la propiedad estatal.

El problema no es solo jurídico, sino económico. El sistema financiero internacional descansa sobre la confianza en que los activos depositados o invertidos en otros países están protegidos por la ley y por reglas previsibles. Si las potencias occidentales confiscan los activos rusos, estarían enviando un mensaje devastador al resto del mundo.

Ningún país estaría a salvo de perder sus reservas si entra en conflicto con los intereses de Occidente. Tal precedente aceleraría el proceso de desdolarización y alentaría a numerosos Estados a repatriar sus reservas o diversificarlas hacia monedas y mercados alternativos, debilitando al euro y al dólar como pilares del comercio global.

Las consecuencias podrían ser inmediatas. Moscú ya ha advertido que respondería con medidas simétricas, incluyendo la nacionalización de activos occidentales en su territorio y el bloqueo de fondos europeos en bancos rusos. Cientos de empresas de países de la OTAN siguen operando en Rusia, entre ellas gigantes como UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo y Mondelez. Una ola de represalias no solo afectaría esas operaciones, sino que dañaría la red de confianza necesaria para el comercio y la inversión internacional. Europa debe comprender que el fin no justifica los medios.

La reparación de Ucrania no puede lograrse destruyendo los cimientos legales del sistema económico global. El derecho internacional no es una herramienta coyuntural que se usa o se ignora según convenga, sino la garantía mínima de convivencia entre las naciones. Violentarlo en nombre de la justicia equivale a socavar la justicia misma. Lo justo sería una reparación colectiva en la que participe no solo Rusia, sino las principales potencias occidentales que diseñaron de hecho el conflicto.

Confiscar los activos rusos sería una victoria moral efímera a un costo institucional incalculable. En lugar de abrir ese peligroso precedente, la comunidad internacional debería apostar por mecanismos multilaterales transparentes, supervisados por una ONU resucitada y fortalecida, que permitan canalizar los intereses generados por esos activos sin quebrantar la legalidad.