APUNTE.COM.DO.-SANTO DOMINGO, D.N., Rep. Dom. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) participó el pasado jueves en las vistas públicas convocadas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, la cual estudia el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios.

En representación de ANJE asistieron Boris De León, vicesecretario de la Junta Directiva y co-coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación, y Crystal Fiallo Scanlon, directora ejecutiva de la entidad. Ambos destacaron la necesidad de actualizar una normativa que lleva más de cuatro décadas vigente.

Durante su intervención en las vistas, así como en la matriz de comentarios depositada por ANJE, los representantes enfatizaron en la importancia de fomentar el desarrollo del mercado de alquiler y aumentar la oferta de inmuebles en el país. Además, subrayaron el mandato constitucional de apoyar la iniciativa privada y garantizar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, principios que –a su juicio– deben guiar los trabajos de la Comisión.

“La propiedad privada, cuando se coloca en alquiler, se hace en una situación de riesgo”, afirmó Boris De León. Para estimular la inversión y aumentar la oferta de inmuebles, dijo que “debe garantizarse la tutela judicial efectiva y oportuna” ante los conflictos entre inquilinos y propietarios, procurando que los procesos se resuelvan “en no más de seis meses y permitiendo el uso de cláusulas arbitrales”.

Por su parte, Crystal Fiallo dio lectura al documento formal depositado por ANJE ante la Comisión Especial, en el que se propuso que los topes de reajuste de precios solo apliquen en ausencia de una estipulación contractual. Asimismo, planteó que se garantice la ejecutoriedad inmediata de las sentencias de primer grado, en todos los casos que surjan por falta de pago o por la llegada del término del contrato.

Respecto a los depósitos y garantías, Fiallo recomendó eliminar el tope de dos meses para los contratos comerciales, así como crear un fondo de garantía manejado por una entidad financiera. Este fondo, según propuso, debería generar intereses a favor del inquilino, aplicables al momento de la devolución parcial o total del depósito al finalizar el contrato de alquiler.