APUNTE.COM.DO.- SANTO DOMINGO,REPUBLICA DOMINICANA.- La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su mandato constitucional y normativo, emitió la circular IN-CGR-CIR-2025-0007, mediante la cual instruye a todas las instituciones públicas a realizar un Inventario General de Bienes de Cambio o de Consumo al 30 de junio de 2025. Esta medida busca fortalecer la eficiencia y el control en la gestión de los recursos públicos, así como garantizar el manejo responsable de bienes como medicamentos, alimentos crudos, materiales de oficina y suministros médicos.
El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que esta disposición se enmarca dentro del marco legal vigente y responde a las demandas ciudadanas de una administración pública transparente y eficaz, alineada con las políticas de rendición de cuentas del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.
Santana García recordó que, según lo establecido en la Resolución núm. IN-CGR-RES-2023-0008, de fecha 15 de noviembre de 2023, las instituciones del Gobierno Central, así como las entidades descentralizadas y autónomas, los organismos públicos de seguridad social y las empresas públicas con participación estatal, están obligadas a realizar inventarios físicos periódicos de los bienes de cambio o consumo almacenados.
Estos inventarios deben ser supervisados por las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República, como parte del proceso de control y fiscalización que garantice la veracidad de la información contable y la adecuada administración de los recursos públicos.
El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que el inventario general de bienes de consumo tiene como objetivo fortalecer la gestión pública y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Señaló que la verificación física de estos bienes garantiza un control preciso de los recursos públicos, elemento esencial para una administración transparente y eficiente.
Indicó que los auditores tendrán la responsabilidad de validar la exactitud de la toma física de inventarios, lo que contribuirá a reducir riesgos de desvío hacia usos privados por parte de servidores o funcionarios, además de prevenir irregularidades. Esta medida, según dijo, fomenta una cultura de rendición de cuentas efectiva y transparente dentro de las instituciones.
Santana García destacó que el inventario permitirá identificar excedentes, faltantes y bienes vencidos, lo que facilitará una mejor planificación y distribución de los recursos. Esta información será clave para optimizar el uso del Presupuesto General del Estado, especialmente en víspera de la formulación presupuestaria del año 2026.
Asimismo, señaló que la participación activa de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría refuerza el Sistema Nacional de Control Interno (Sinaci), cuyo marco normativo otorga a la institución la autoridad para emitir regulaciones básicas y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, garantizando la protección del patrimonio público.
Los datos recabados a través del inventario ofrecerán al Gobierno una visión integral del estado de los bienes de consumo, permitiendo tomar decisiones estratégicas para mejorar la gestión administrativa y financiera. También contribuirán a evitar el uso indebido o el desperdicio de recursos adquiridos para satisfacer las necesidades de la población.
Resumen diario de noticias
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día
/* real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups */
El contralor informó que, al 29 de junio del presente año, el Gobierno ha ejecutado un presupuesto de RD$17,523,131,691 en materiales y suministros, destinados tanto a satisfacer las necesidades ciudadanas como al funcionamiento de los entes y órganos públicos.
Recordó que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 10-07, que establece el Sistema Nacional de Control Interno, los servidores y funcionarios públicos están obligados a realizar los inventarios. El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones administrativas, según lo establecido en la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
La Contraloría General de la República reafirmó su compromiso con la modernización y eficiencia en la administración pública, en consonancia con los principios de buena gobernanza y uso responsable de los recursos del Estado.
