Santo Domingo, RD.- Apunte.com.do.– La Fundación Ciudad Codiana (Fucicodia), denunció que fue víctima de una violación y abuso de poder en el manejo de un desalojo, caso del que acusan al coronel Ramos Peña, por lo que piden la intervención de las autoridades judiciales para resarcir sus derechos constitucionales.
La entidad sin fines de lucro creada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensore (CODIA), en una nota de prensa remitida a este medio, pide la pronta intervención en el caso de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito; la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful; y al Director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Fucicodia afirma que el oficial Ramos Peña, jefe del Departamento de Litigios de la Policía Nacional, ha tomado decisiones unilaterales y arbitrarias, suspendiendo el proceso de desalojo legalmente iniciado ante la Jurisdicción Inmobiliaria y el Abogado del Estado, afectando así una propiedad perteneciente a la Fundación.
Se trata de una parcela con una extensión de 19,347.37 metros cuadrados, está localizada en Los Alcarrizos y registrada con la designación catastral No.309520106311, con título de propiedad a nombre de Fucicodia.
Según la denuncia, el coronel Peña habría violado el artículo 69, inciso 10, de la Constitución de la República Dominicana, que establece el respeto al debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Fucicodia sostiene que el oficial actuó sin la consulta debida a las partes involucradas, deteniendo de manera injustificada un proceso que se desarrollaba de acuerdo a las normas legales vigentes.
La Fundación alega que el ocupante ilegal de los terrenos, Sony Murat González, ha empleado su influencia económica y conexiones dentro de instituciones judiciales y policiales para obtener un título de propiedad sobre una porción de los terrenos que ya estaban debidamente registrados a nombre de la Fundación. Fucicodia denuncia también la participación del empresario coreano Samuel Shin, dueño de la empresa Yu Autoimport, quien ha arrendado parte del terreno para operar un negocio de venta y alquiler de vehículos usados.
Esta situación, según la Fundación, constituye una clara violación de sus derechos de propiedad y del debido proceso, por lo que, solicita la intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar la restitución de sus derechos y la continuidad del proceso legal.
En particular, exige al director de la Policía Nacional que ordene una investigación sobre las acciones del coronel Ramos Peña, y que se tomen las medidas disciplinarias necesarias en caso de comprobarse su responsabilidad en estos hechos.
Asimismo, llama a la Procuradora General de la República para que vele por el cumplimiento estricto de las órdenes emitidas por el Abogado del Estado y evite que las decisiones judiciales sean manipuladas o tergiversadas por funcionarios que actúan fuera del marco legal.
Subraya que con su denuncia buscan que las instituciones estatales actúen con integridad y apego a la ley, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar la justicia en la República Dominicana.
