Santo Domingo, República Dominicana.- Los casos por corrupción solo por Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa y Calamar, que la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca) ha judicializado desde el año 2020 y que han supuesto un daño contra el Estado dominicano, superan los 35 mil millones de pesos, en los que han estado involucrados ex funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dos hermanos del expresidente Danilo Medina, algunos de ellos compliendo prisión preventiva y otros domiciliaria.

Los montos en los casos mencionados sirvirían para dar respuestas a deudas sociales acumuladas por años por el Estado dominicano o endosarlo al pago de la deuda externa e interna del sector público no fincanciero que al 28 de febrero de 2023, totalizó US$54,556.1 millones, representando el 45.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.

El caso más reciente ha sido el conocido como Operación Calamar, un desfalco contra el Estado por unos 19 mil millones de pesos, donde fueron llevado ante ante un juez a más de 20 exfuncionarios, altos y medios, de la actual y la pasada gestión de Gobierno, dos de ellos enviado a la cárcel con una coerción de 18 meses y los restantes con igual medida, pero a prisión domiciliada.

El caso Antipulto fue conocido a finales de noviembre de 2020, que involucró a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, otros cinco casos han sido presentados a los tribunales en sus distintas fases preliminares.

En Antipulpo, los investigadores estiman una defraudación contra el Estado dominicano por valor de 5,000 millones de pesos, mediante un supuesto entramado societario que habría encabezado Juan Alexis Medina Sánchez.

A éste le siguieron los fusionados casos Coral y Coral 5G, que tienen como su principal imputado al exjefe de la seguridad del expresidente Medina, Adán Cáceres y el monto de la presunta estafa contra el Estado se ha calculado en 4,000 millones de pesos.

La Pepca también presentó acusación contra la presunta red que operó en la Procuraduría General de la República y que tendría como cabeza al exprocurador Jean Alain Rodríguez. En este caso, el monto del desfalco ha sido estimado en unos 6,000 millones de pesos.

Durante el periodo de poco más de dos años, también se conoció en los tribunales el fraude a la Lotería Nacional mediante un sorteo, pero la sentencia dictada en juicio de fondo descargó al principal imputado, el exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, siendo el único caso de corrupción conocido hasta el momento a un funcionario del presente gobierno. Los jueces de primera instancia  determinaron que la defraudación, calculada en unos 500 millones de pesos, no fue contra el Estado sino contra las empresas de bancas de loterías.

En el caso Antipulpo hubo varios exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron sometidos y deben enfrentar un juicio de fondo que le dictó un juez de instrucción.  

Son ellos, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén Andujar, el expresidente del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). También al exdirector de la Oisoe,  Francisco Pagán Rodríguez, condenado a cinco años, durante un proceso abreviado.

De Coral y Coral 5G está, además de Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Mientras, en el caso Medusa están además del exprocurador Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

CALAMAR 

Por Operación Camalar fueron enviados a la cárcel con una medida de coerción de 18 meses, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. A prisión domiciliaria Gonzalo Castillo y otros 17 imputados