Santo Domingo, República Dominicana (Apunte.com.do). Además de la implicación en la Operación Calamar, contra Gonzalo Castillo (El Penco), pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pesa una grave acusación por anomalías en la compra de asfalto cuando se desempeñó como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por la que no ha sido sometido.
Entre las anomalías encontradas en la investigación está que se pagó sin evidencia de soporte documental el monto de RD$3,500,000,000, por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas
Castillo benefició a la empresa General Supply Corporation con la exoneración de todo el AC-30 importado y facturado al Estado Dominicano, sin a la autorización de Congreso Nacional, según la acusación formal de la Operación Antitpulpo.
Entre 2017-2020, la empresa General Supply Corporation endosó al MOPC más de 180 mil barriles de cemento asfáltico (AC-30), lo que equivale casi ocho millones de galones “acto mediante el cual desaduanizó los bienes importados, sin evidencia de la aprobación del Congreso”, indica el expediente.
Por estas operaciones el Estado alegadamente dejó de percibir ingresos correspondientes a impuestos, recargos e ITBIS, ascendentes al monto de RD$171,999,103 (Ciento setenta y un millones novecientos noventa y nueve mil cientos tres pesos).
Esta irregular práctica con los impuestos continuó durante la gestión de Ramón A. Pepín, quien sustituyó a Castillo en el cargo, dice el expediente.
El escrito acusatorio de 3,445 páginas, indica que la auditoría de la Cámara de Cuentas recoge que cuatro declaraciones aduanales presentan la autorización de exoneración emitida por “el señor José Ramón Peralta, entonces Ministro Administrativo de la Presidencia, esto sin evidencia del poder otorgado por el Presidente de la República y sin la autorización del Congreso”.
El Ministerio Público resalta que además de otorgarle un contrato de exclusividad sin demostrar la especialización y experiencia requerida, Gonzalo gestionó una línea de crédito al Banco de Reservas a favor de la empresa que los fiscales aseguran es propiedad de Juan Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina.
La facilidad económica con el banco del Estado era para adquirir los productos que posteriormente le suministraba dicha empresa a Obras Públicas. Los investigadores alegan que para ello el exministro y ex candidato presidencial emitía varias certificaciones dirigidas a los miembros del Banco de Reservas de la República Dominicana para tales fines.
Asimismo, una diferencia en AC-30 importado, versus el facturado, por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalentes a RD$359,712,488, según el Informe de la Investigación Especial Practicada al Suministro de Material Asfáltico AC-30 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa General Supply Corporation, SRL. Esta investigación se realizó a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en fecha 13 de mayo de 2021.
También se encontró “excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD$3,767,329; pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD$484,117,400 y pagos realizados sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD$422,992,993”, dice el documento.
Además, se encontró en el peritaje que hubo ejecución de contrato sin evidencia de poder especial presidencial; contrato sin cláusula del monto contratado y tampoco se halló evidencia de registro en la Contraloría General de la República. La Cámara de Cuentas también halló evidencias de adquisición de cemento asfáltico sin evidencia de apropiación presupuestaria y adquisición de derivados de petróleo a empresa sin evidencia de licencia.
El informe legal dice: “Los principales directivos de la entidad intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
En la denominada Operación Calamar, Gonzalo Castillo fue apresado junto a un grupo de ex funcionarios del partido morado, caso por el que el domingo 26 de marzo les conocerán medida de coerción, donde el Ministerio Público ha señalado que tiene las suficientes evidencias en su contra.
OTROS DE LOS ARRESTADOS
Otros de los arrestados son el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
