Con la autirización de un embargo por RD$445 millones en favor del Estado dominicano en el caso que implica a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, crea un buen precedente, enviando un claro mensaje a la sociedad dominicana de que será posible recuperar los dineros o bienes que hayan sido robados.
Además, con su decisión, el magistrado actúa en sintonía con el firme propósito del presidente Luis Abinader de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones, y el deseo del pueblo dominicano de quitar lo robobado y retornarlo a las arcas del Estado.
Se trata de la primera medida en el país en materia de corrupción, donde se acoge el pedimento de declaratoria de conjunto económico, que fue realizada por el Estado Dominicano.
Y ciertamente que esta sentencia será muy aplaudida desde el ámbito gubernamental y amplios sectores nacionales, quienes reclaman que los casos de corrupción incluyan una condena de la justicia y retorno de lo robado.
Tradicionalmente imputados por casos de corrupción solo reciben una condena de la justicia, y al poco tiempo son liberados sin regimen de consecuencia en cuanto a los bienes hurtados.
Pero con esta nueva postura judicial se abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción administrativa en el país, debido a que por primera vez en procesos judiciales se dispone embargar bienes y recursos económicos para garantizar la indemnización a favor del Estado dominicano.
La sentencia del referido juez impone una coerción por más de RD$ 445 millones de pesos en contra de los imputados a quienes se les acogió la calificación jurídica de lavado de activos en el caso de corrupción seguido a Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y otros.
Aplaudimos -y de seguro que será el mismo sentir que tendrá la población tras enterarses de la medida del juez Timoteo Peguero-, porque lleva un mensaje esperanzador al país de que será posible recuperar bienes robados, y es además una advertencia a quienes en el futuro tengan la intención de cometer un acto de corrupción, de que serán sancionados de la misma forma.
Esta decisión se produce en un momento apremiante para el país
