Santo Domingo, República Dominicana. (Apunte.com.do R.E).- Este jueves 25 de noviembre muchos países del mundo conmemoran el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la tiranía de Rafael Leonida Trujillo junto a su chofer Rufino de la Cruz.

(El asesinato de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960 marcó el final de la tiranía de Trujillo, quien fue asesinado el 30 de mayo de 1961 cuando se dirigía a San Cristóbal, su pueblo natal, en compañía de su chofer Rubino de la Cruz, nunca quiso hablar de lo ocurrido esa noche fatidica para el dictador).

Y como en cada ocasión, decenas de instituciones del país celebraran actividades para recordar esta importante fecha, reiterando la necesidad de seguir avanzando hasta erradicar la violencia contra las mujeres y muy especialmente los feminicidios.

Aunque en República Dominicana se han logrado avances significativo luego de la cruel tiranía de Trujillo, para evitar que las mujeres no sean maltratatadas, siempre faltan iniciativas en esa dirección.

Entre los avances en favor de las feminas, se menciona la Constitución del 2010 que desde su preámbulo y en todo el texto constitucional reconoce los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres y la igualdad plena entre mujeres y hombres.

También la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, promulgada el 25 de enero del año 2012, asume el género como eje transversal de las políticas de desarrollo y establece políticas específicas en sus cuatro ejes estratégicos para estos fines.

El Ministerio de la Mujer (MMujer) desarrolla actualmente el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II). Este Plan en cada uno de sus siete ejes incluye estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres.

Todo el quehacer del MMujer está organizado mediante planes, programas y proyectos institucionales e interinstitucionales dirigidos a prevenir la violencia contra las mujeres y a lograr el empoderamiento económico, la salud integral, el reconocimiento de los derechos y la participación política, entre otras reivindicaciones.

El Ministerio Público desarrolla diversos programas y aplica normas y protocolos especializados para la atención a la violencia. El Poder Judicial, el Senado de la República, la Cámara de Diputados han creado entidades especializadas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y para promover la igualdad y equidad de género.

También cabe destacar la aprobación de leyes y normas que regulan y orientan los asuntos relativos a la violencia contra las mujeres y la igualdad y equidad de género, entre ellas:

Ley 24-97 que tipifica y sanciona la Violencia contra las Mujeres e Intrafamiliar y Delitos Sexuales; la Ley 88-03 que instituye las Casas de Acogida o Refugios y sus dos Reglamentos de Aplicación y Funcionamiento; el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03); la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; y la Ley 46-07, que dispone “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”.

También se dispone de la Resolución 2751-2010, de la Suprema Corte de Justicia, que establece el Reglamento para la Aplicación de la Política de Igualdad de Género en el Poder Judicial; el Manual de Gestión del Ministerio Público, que define el protocolo de actuación en los casos de violencia contra las mujeres, intrafamiliar y delitos sexuales; las Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra la Mujer y su Guía y Protocolo para la Atención Integral; la Resolución No. 3869-2006 del Poder Judicial, que reconoce como medio de prueba el Síndrome de la Mujer Maltratada; las 19 Pautas de Actuación del Ministerio Público ante los Casos de Violencia hacia la Mujer, emitidas por la Procuraduría General de la República en el 2012.

Sin embargo, a pesar del marco normativo antes referido, los asesinatos de mujeres y los feminicidios, siguen constituyendo uno de los problemas que más afectan a las familias y a la sociedad dominicana en su conjunto; sobre todo por su impacto en centenares de niños y niñas que durante toda su vida sufren las consecuencias negativas de esta lacerante tragedia.