Santo Domingo, República Dominicana (Apunte.com.do R.E.).-El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, advirtió este domingo que la corrupción no tiene espacio donde esconderse en la República Dominicana, al ser entrevistado por la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, antes del conocimiento de la medida de coerción contra los impuestados en la Operación Coral 5G, la cual fue aplazada para el jueves 25 de noviembre por el juez que conoce el caso.
El funcionario judicial dijo que “la corrupción no podrá esconderse detrás de un rango militar, no podrá esconderse porque no es justo y no es justo sobre todo para los hombres y mujeres que dignifican ese uniforme”.
Indicó que el Ministerio Público no va a los tribunales si no tiene sus procesos blindados y que por ende están más que listos para conocer esta medida de coerción.
Camacho afirmó que el expediente en la denominada Operación G5 es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido los imputados, así como la cantidad de bienes que estas personas han adquirido y las numerosas ruebas con las que cuenta el Ministerio Público para sustentar la medida de coerción en su contra.
Destacó que la Operación Coral 5G es una continuación de Operación Coral y dijo que siendo los mismos hechos, la mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y de esa manera por economía procesal sean llevados en un mismo espacio.
Aplazan para el próximo jueves coerción contra implicados Coral 5G
Por otra parte, el Juez Emmanuel López Polanco de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aplazó para el próximo jueves 25 la audiencia medida de coerción en el caso de la Operación Coral 5G, a los fines de que los abogados de los imputados puedan conocer el expediente acusatorio.
El Ministerio Público acusa a los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa, para quienes pidieron la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
