El gobierno y el coronavirus
Se ha dicho que el coronavirus es una terrible enfermedad respiratoria muy contagiosa, la que es causada por el virus SARS-CoV-2.
Esta pandemia mantiene en jaque a todas las sociedades, o sea, es un flagelo mundial, donde nadie ha quedado ileso.
Así tenemos, que los expertos piensan que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, y que es posible que también se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.
Los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad por coronavirus de 2019 son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces, también se presentan dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y pérdida del sentido del gusto o el olfato.
Los signos y síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2.
Algunas personas no tienen síntomas, pero pueden transmitir el virus. La mayoría de las personas con la enfermedad por coronavirus de 2019 se recuperan sin un tratamiento especial; sin embargo, algunas corren un riesgo más alto de sufrir una enfermedad grave.
Quienes tienen el riesgo más alto son los adultos de edad avanzada y las personas con problemas de salud graves, como las afecciones del corazón o los pulmones, la diabetes, el cáncer y la debilidad del sistema inmunitario. La enfermedad grave incluye la neumonía y la insuficiencia orgánica que son potencialmente mortales.
Esta enfermedad, ademas de sus consecuencias funestas para la salud de los seres humanos, tambíen está causando serios trastornos en todas las economías.
Hoy por hoy no existe un Estado que no haya sido afectado economicamente por este flegelo, puesto que son cada vez mayores los recursos estatales que hay que disponer para tratar de encarar este terrible mal, lo que de una u otra forma debilita el papel del gobierno en lo que respecta a la atención de otros importantes asuntos sociales.
Debemos destacar que la crisis de la Covid-19 ha abierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios públicos, asegurando el acceso universal y una cobertura extendida al conjunto de los ciudadanos, así como abordar los aspectos de gestión y financiación de los colectivos dependientes. Este planteamiento toca de lleno al corazón del Estado del Bienestar, que a nivel global estaba sufriendo regresiones y procesos de privatización, y pone sobre la mesa el reto de ampliar los recursos fiscales necesarios para su financiación.
Los expertos plantean que la política fiscal se sitúa como el eje central del debate sobre cómo financiar estas nuevas visiones de participación de lo público. Por un lado, en el ámbito tributario es necesario abordar qué modificaciones tributarias son necesarias para avanzar en este sentido.
Esta cuestión engarza con los debates fiscales que ya estaban en marcha, como la generación de nuevos impuestos (tecnológicos, verdes y financieros), el abordaje de las cuestiones de evasión y elusión fiscal y la profundización de la cooperación y regulación de la fiscalidad a nivel internacional (normas BEPS), así como reforzar la progresividad de los sistemas tributarios.
Es verdad que es una responsabilidad del gobierno prestar toda la atención al coronavirus para evitar los estragos letales que provoca en los ciudadanos.
También es verdad que a nivel del gobierno se han tomado muchas medidas para preservar la salud del pueblo dominicano, ante el coronavirus, así como la implementación de disposiciones adicionales para proteger el aparato productivo y los empleos.
Desde el gobierno se han hecho muchos llamados en lo que se busca la coopeeración de la población para evitar que el coronavirus siga contagiando a la ciudadanía, pero son muchos los dominicanos que no quieren acatar las disposiciones sanitarias y quieren andar como chivo sin ley, no solo infectándose ellos, sino infectando a otros.
Es correcto que el gobierno haga todas las inversiones que sean necesarias en hospitales para contrarrestar el ritmo de este flagelo y para atender a los ciudanos que resulten contagiados con el coronavirus, pero quienes se infecten por estar desoyendo los pedidos de las autoridades, por violar las desposiciones legales, negándose a usar las medidas preventivas, deberían ser obligados a ir a clínicas privadas para que tengan que pagar su tratamiento con sus propios recursos y no con los recursos del Estado, como ha sido hasta ahora.
Muchos no quieren ni usar las mascarillas, la disposición más preventivas hasta el momento, también se resisten acatar los toques de queda.
La responssabilidad del gobierno es con los ciudadanos serios, con los que se protegen y oyen las disposiciones emandas de las autoridades correspondientes.
Pero el que se infecte por estar desoyendo las disposiciones sanitarias de las autoridades públicas, que vayan a las clínicas a sanarse, pagando de su bolsillo los medicamentos de su tratamiento.
