La demanda en guantes sanitarios por COVID-19 descubre los abusos del sector

  • por EFE martes 13 octubre 2020

BANGKOK.- La alta demanda mundial de guantes sanitarios a raíz de la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la cara oculta de este sector, dominado por empresas malasias acusadas de abusos laborales a trabajadores inmigrantes.

La confiscación de pasaportes, semanas sin días libres y por encima de las 84 horas de trabajo, restricciones a la libertad de movimientos o injustos recortes de sueldo son algunas de las prácticas de explotación denunciadas en Malasia por los operarios migrantes, que generalmente residen hacinados en dormitorios.

«No hay buenas prácticas en toda la industria, pero el problema se da principalmente en Malasia y Tailandia (…) donde emplean en su mayoría a trabajadores inmigrantes con un alto riesgo de caer víctimas de formas modernas de esclavitud», declara a Efe el activista laboral Andy Hall.

Malasia, país donde están radicadas algunas de las empresas más importantes del sector, prevé exportar este año 225.000 millones de guantes sanitarios, lo que supone el 65 % de la demanda mundial, según datos de la Asociación de Fabricantes de Guantes de Goma de Malasia (MARGMA, según el acrónimo inglés).

SOBORNOS PARA OBTENER TRABAJO

Gran parte de los trabajadores del sector procedentes de otros países, en su mayoría Bangladés y Nepal, han de pagar a intermediarios para obtener sus empleos.

Para afrontar esos pagos, que varían según la nacionalidad entre los 5.000 dólares (4.250 euros) de un bangladesí a los 1.500 dólares (1.275 euros) de un nepalí o un birmano, algunos se ven obligados a vender sus propiedades o a obtener préstamos en sus países de origen con elevados índices de interés.

«La mayor parte del dinero son sobornos que demanda la propia empresa por cada empleado contratado a los intermediarios, que son los que median en los países de origen para contratar a los migrantes», explica Hall.

ESTADOS UNIDOS DETIENE LAS IMPORTACIONES

En julio, el departamento de Aduanas de los Estados Unidos impuso una orden de detención a las importaciones de productos fabricados por dos subsidiarias de la multinacional malasia Top Glove, el principal productor mundial de guantes sanitarios, medida que se suele adoptar contra empresas sospechosas de utilizar trabajo forzoso.

Top Glove adoptó en enero de 2019 una posición corporativa bautizada como «política de reclutamiento a coste cero», que sobre el papel rechazaba el pago de trabajadores extranjeros a intermediarios para lograr un puesto laboral.

Sin embargo, el pago continuaba siendo común entre la fuerza laboral extrajera y, según Hall, más de 12.000 empleados migrantes se han visto afectados por la práctica en esta empresa desde inicios del año pasado.

La empresa, tras rechazar en un principio las acusaciones, se ha comprometido a devolver a los trabajadores inmigrantes las tarifas previamente abonadas a agentes e intermediarios, lo que le supondrá un desembolso de 136 millones de ringgit (32,7 millones de dólares o 27,8 millones de euros), aunque Top Globe no ha precisado el número de beneficiados.

El paso fue bien recibido por las autoridades estadounidenses, cuyo mercado supone alrededor del 27 % del total de las exportaciones de la empresa.

REACCIÓN DE TOP GLOVE

«Top Glove ha presentado la información necesaria al departamento de Aduanas de Estados Unidos (…) y sigue de cerca el asunto con miras a una rápida solución y la revocación de la orden de detención a las importaciones», indica a Efe William Yap, director general de Recursos Humanos de Top Glove.

«El problema (del pago para la reclutación) no está limitado a la industria de los guantes sanitarios, es un problema prevalente en el país», apunta Yap, que además precisa que les tomará hasta junio de 2021 para pagar todas las compensaciones.

La tardanza en realizar los reembolso a los trabajadores migrantes también ha sido criticado por los activistas, ya que los trabajadores foráneos tuvieron que afrontar el costo de reclutamiento en un solo pago.

Las empresas «tienen miedo de que se vayan los trabajadores cuando hayan recibido el dinero, por ello les pagan a largo plazo, lo que en sí es una manera de trabajos forzados», incide Hall.

Consultado por Efe sobre otras denuncias de abusos, el director de recursos humanos de Top Glove niega tajantemente las acusaciones y asegura que su empresa «resolvió» esos problemas en enero de 2019.

MULTIPLICAR BENEFICIOS POR LA PANDEMIA

Otros fabricantes malasios de guantes sanitarios acusados de malas prácticas laborales como Kossan o Hartalega también se han beneficiado del aumento de la demanda durante la pandemia, que desde enero ha causado 37,7 millones de contagios y más de 1 millón de muertos en todo el mundo.

Los beneficios de estas empresas se han multiplicado, mientras las denuncias de prácticas abusivas continúan sin atajarse en varias de ellas.

«Aduanas de EE.UU. tiene mucho poder y anteriormente hemos visto cambios positivos para trabajadores en empresas contra las que se tomaron medidas (…) Para lograr que se levante el veto, Top Glove va a tener que cambiar completamente su inhumano sistema y probar que funciona. Lo que tardará bastante», apunta Hall, que además señala a países, como España, Francia o Alemania, por su silencio frente a estos abusos. 

 

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