Redacción Internacional.- El narcotraficante Joaquin Guzman Loera (El Chapo), no será condenado a pena de muerte, por un acuerdo establecido por México con Estados Unidos, para permitir la extradición a este último país, pero recibiría cadena perpetua por varias delitos de los que es acusado, que garantizan a la Justicia su permenencia en la cárcel hasta que muera.

Mientras que, la Corte Suprema de México descartó los dos recursos que interpusieron los abogados de Joaquín Guzmán Loera para que se declarara ilegal la extradición del narcotraficante.

En los amparos ofrecidos, la defensa sostenía que la extradición del narcotraficante a los EE.UU en 2017 fue indebida al no haber existido un pedido explícito de la justicia norteamericana para trasladarlo.

Norma Lucía Piña Hernández, ministra del máximo tribunal de Justicia, propuso a sus pares de la Primera Sala declarar nulos los recursos presentados, lo que se acató luego por unanimidad.

Juan Pablo Badillo, uno de los abogados, explicó en declaraciones a medios locales que su defendido, según la causa, debía ser enjuiciado en California y no en Nueva York, donde actualmente está siendo procesado. El jurista reiteró su pedido para que el proceso se detenga y ‘el Chapo’ Guzmán sea juzgado en su país de origen o por un tribunal de San Diego, California.

Guzmán, de 61 años, es considerado por el Departamento de Justicia de EE.UU. como el narcotraficante más famoso del mundo, tras estar involucrado casi 30 años en el tráfico de drogas, una trayectoria que dio origen a su liderazgo en el Cártel de Sinaloa.

El capo enfrenta 11 cargos, el principal de ellos es ser la cabeza del grupo criminal. Además, es acusado de conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Se calcula que introdujo ilegalmente a EE.UU. unas 457 toneladas de drogas, que generaron ganancias de 14.000.000.000 de dólares.

De hallarlo culpable de uno solo de los cargos, recibiría cadena perpetua. Con base en información del Departamento de Justicia de EE.UU., para cada uno de los delitos de tráfico de drogas que se le imputan hay una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.

Asimismo, de comprobarse que el Cártel de Sinaloa ha asesinado personas y que representa un riesgo para la comunidad, podría justificar la pena de muerte, sin embargo, la condición de México para extraditarlo fue que no se le pudiera aplicar el castigo capital.