Santo Domingo.-Abogados que representan a victimas del fraude ocurrido en el Banco Peravia, que han depositado sendas querellas que involucraban a tres registradoras de títulos del Distrito Nacional en un fraude en beneficio de los principales directivos del Banco Peravia, exigen ser incluidos en el juicio disciplinario que se le sigue a los acusados.
Son acusados del traspaso irregular de varios inmuebles con un alto valor comercial, con la intención de ocultar bienes en detrimento de los ahorrantes.
El depósito de la querella fue realizado ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, el Consejo del Poder Judicial, la Inspectoría del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, el Gobernador del Banco Central y el superintendente de Bancos de la Republica Dominicana.
En la denuncia se establece que la comisión de los delitos de falsedad principal, uso de documentos falsos, sobornos, cohecho de funcionarios públicos, complicidad, coalición de funcionarios, prevaricación, violación de la Ley No. 72-02 contra Lavado de Activos, Asociación de Malhechores.
Por hechos antes citados se acusa a Rosabel Castillo Rolffot, Yessenia Padilla Belén y Radaiza Méndez Brito, TLI Investments, S.R.L., Héctor Augusto Cabral Guerrero, Aja Beach Club, S.R.L., José Luis Santoro Castellanos y Gabriel Arturo Jiménez Aray y otros posibles implicados.
Los abogados César Amadeo Peralta, Danilo Antonio Lapaix, Higinio Echavarría, Iván Chevalier, Geovanny Núñez, José Osterman y Polivio Rivas, en entrevista realizada por este medio exigen al Consejo del Poder Judicial ser incluidos en representación de sus clientes, junto al Ministerio Público, en el juicio disciplinario a las registradoras de títulos vinculadas en faltas graves, en violación a los procedimientos de traspaso entre otras infracciones.
Según afirman traspasaron de manera fraudulenta varias propiedades que los ejecutivos del Banco Peravia tenían registradas a nombre de la Sociedad Aja Beach Club, S.R.L., ubicada en la zona de Boca Chica, valorados en unos ocho millones de dólares, que bien podían servir para el pago del dinero sustraído por los ejecutivos del Banco Peravia.
Los abogados entienden que llevar un juicio disciplinario sin su participación y el testimonio de los afectados en el fraude en registro de títulos del Distrito Nacional, les concedería buenas posibilidades de salirse con las suyas.
Aseguran que ninguno de los juzgadores disciplinarios ha escuchado el testimonio de los afectados por lo que no se garantiza el reconocimiento de los daños sufridos por los afectados.
Llaman l procurador general de la Republica y a la Fiscalía del Distrito Nacional para que la querella que reposa en sus manos sea motorizada ya que si la inspectoría del Consejo del Poder Judicial comprobó la comisión de faltas graves en virtud de la investigación realizada, es motivo suficiente para establecerle imputación.
