Nueva York.- La República Dominicana tampoco firmará el Pacto Mundial sobre Refugiados que será conocido hoy durante la Sesión Plenaria de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en esta ciudad.

Representantes de los países que firmarán el Pacto Mundial sobre Refugiados del que República Dominicana no será parte, luego que una comisión designada por el presidente Danilo Medina estudiara los compromisos que asumiría el estado al suscribir el escrito y determinaran que firmarlo podría ser “contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”.

El documento lo presenta la ONU a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y establece la distribución de la carga y responsabilidad compartida más predecible y equitativa entre los estados miembros, respecto a los refugiados.

Al igual que el Pacto para la Migración Segura, el pacto para los Refugiados encontró opiniones en contra en el país y tampoco será firmado por el gobierno dominicano.

REPUBLICA DOMINICANA


“Reconocemos el carácter humanitario del Pacto de Refugiados y el interés de buscar una cooperación internacional para enfrentar los serios problemas y desafíos que generan los grandes desplazamientos humanos en diferentes partes del mundo como consecuencia de conflictos bélicos, guerras civiles y múltiples situaciones de crisis que afectan a diferentes países y regiones del mundo”, dice la declaración entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agrega que el país “se identifica con el espíritu del pacto y con aspectos fundamentales de este a la luz de sus compromisos que se derivan de su propia legislación y de las convenciones internacionales que el Estado dominicano ha suscrito y ratificado, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del 28 de julio de 1951, aprobada por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977, así como el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, del 31 de enero de 1967, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977”.

Expresa que “algunos de los principios del Pacto están sustentados en dos instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana no es parte: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que, si bien esta última fue firmada por nuestro país el 5 de diciembre de 1961, no se ha producido su ratificación”.

Explica que “esta situación obliga a estudiar a fondo los compromisos que se derivan de esas convenciones y si estos se ajustan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico dominicano, “ya que todo lo concerniente a refugiados y migrantes debe ser interpretado y aplicado conforme a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado dominicano”.

Advierte que en el territorio nacional solo el Estado dominicano puede conceder la condición de refugiado.

No obstante, el Pacto pretende proporcionar las bases para una distribución de la carga y la responsabilidad entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”.

Agrega que desde un punto de vista práctico, esa distribución de cargas y responsabilidades podría afectar la capacidad de República Dominicana para acoger cantidades considerables de personas susceptibles de ser declaradas como refugiados conforme al nuevo estatuto internacional.

“Un aspecto particularmente sensible es la formulación contenida en el Pacto en el sentido de que si bien el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales no provocan, en sí mismos, los desplazamientos de refugiados, dichos fenómenos interactúan cada vez más con las causas de estos movimientos.

Dadas las características particulares de la República Dominicana, adoptar una definición tan abierta de la condición de refugiado podría ser contrario al interés nacional”, sostiene el comunicado.

Manifiesta que la República Dominicana es un país solidario que asume con seriedad sus compromisos internacionales” y “cuenta con una legislación sobre refugiados que está siendo objeto de discusión en las instituciones relevantes del Estado para una posible revisión y actualización”.

Dice que el país reitera su compromiso con la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas para contribuir con la paz, la seguridad, la resolución pacífica de los conflictos y la protección de los derechos humanos.

Informa que por tales consideraciones, “la República Dominicana se abstendrá en la próxima votación relativa a la adopción del Pacto Mundial sobre Refugiados”, concluye el comunicado.

El canciller Miguel Vargas divulgó ayer la posición del gobierno con respecto al Pacto Mundial sobre Refugiados auspiciado por Naciones Unidas.

Contenido del Pacto

Si República Dominicana hubiese firmado el Pacto Mundial Sobre Refugiados que ha preparado la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el país quedaría expuesto a serios riegos de soberanía, gastos económicos y a la aceptación de una carga de migrantes a los que tendría que alojar, alimentar y proveer documentación sin límites.

Según explicó la directora de Relaciones Externas de la ACNUR, Rossella Pagliuchi-Lor, el gran objetivo del Pacto es “fortalecer la respuesta a refugiados y a las comunidades que les acogen”.

Señala que el Pacto busca “aliviar la presión sobre los países que acogen a un alto número de refugiados, mejorar la autosuficiencia y la integración de las personas refugiadas, promover soluciones sostenibles para ellas en terceros países (como el reasentamiento) y generar las condiciones necesarias en los países de origen para que puedan regresar voluntariamente a sus hogares de manera segura y digna, cuando las condiciones lo permitan”.

Durante una conferencia en Madrid para presentar los contenidos del Pacto, Pagliuchi-Lor explicó que, hay una emergencia en el mundo relativa a la situación de los refugiados porque apróximadamente el 90% de ellos están “en países vecinos a las zonas de conflictos, países que ya luchan por cubrir las necesidades básicas de su propia población”.

“Encontrar soluciones duraderas es cada vez más difícil y el número de refugiados que vive en condiciones precarias, a veces durante décadas, se ha incrementado”, expresó la ejecutiva de ACNUR, lo que a su juicio obliga a incrementar las contribuciones públicas y privadas, dado que actualmente sólo se cubre cerca del 50% del presupuesto necesario para las operaciones activas.

Foro Mundial sobre Refugiados

Según el contenido del Pacto, este prevé determinados compromisos de los Estados, que incluyen el establecimiento de un Foro Mundial sobre Refugiados a nivel ministerial, “que reunirá a la comunidad internacional cada cuatro años a partir de 2019, para centrarse en los desafíos que enfrentan las personas refugiadas y los países de acogida, para ampliar la gama de actores que participan y brindan apoyo y para revisar el progreso colectivo que se está alcanzando hacia una distribución de la carga y responsabilidad compartida más predecible y equitativa”.

Igualmente prevé este Foro establecer un marco “para adoptar nuevas medidas, al brindar a los Estados Miembros y a otras partes interesadas pertinentes, la oportunidad de adquirir compromisos concretos hacia la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados”.

No obstante, el Pacto dice que no tiene un carácter jurídicamente vinculante para las partes.

Los compromisos que se buscan con los Estados y otros colaboradores potenciales son “asistencia financiera, material y técnica”, además de “cuotas de reasentamiento y vías complementarias de admisión a terceros países”, entre otras.