(CNN Español) - Este martes, mientras el presidente de Venezuela Nicolás Maduro celebraba lo que calificó como un triunfo, luego de que los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) no lograran ponerse de acuerdo para aprobar una declaración sobre Venezuela, la oposición activó simbólicamente el artículo 350 de la Constitución Política.

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Con ello, los opositores se declararon en desobediencia civil y dijeron desconocer no solo la Asamblea Constituyente convocada por Maduro sino a todo el Gobierno.

¿Pero realmente cuáles son los alcances del artículo en el que se apoyan? ¿Puede tener implicaciones concretas, en medio de la profunda crisis política, socia y económica que atraviesa el país suramericano?

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¿Cuestión de interpretación?

El artículo 350 de la Constitución Política, redactado por la Asamblea Constituyente convocada por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez (una como la que ahora busca conformar Maduro, pero sin la realización de un referendo previo), dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

Amparados en ese párrafo, líderes de la oposición alegan ahora un desconocimiento del Gobierno.

De hecho, en los últimos años, tras olas de protestas antigubernamentales como las que ahora se han tomado las calles de Venezuela, se ha invocado este artículo como la garantía del derecho a la rebelión y a la desobediencia civil que tienen los ciudadanos venezolanos.

El problema es que existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que parece ponerle límites a la activación de ese artículo.

La sentencia es la número 24 del 22 de enero del 2003, fue escrita en la Sala Constitucional del TSJ y el magistrado ponente fue Iván Rincón Urdaneta. Y dice:

"El desconocimiento al cual alude el artículo 350 implica la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

En palabras mucho más sencillas: el artículo 350 solo puede ser activado cuando se ha convocado una Asamblea Constituyente y si esta es inconstitucional. Algo que la oposición da por hecho.

La sentencia de la Sala Constitucional del TSJ también establece que la desobediencia es válida solo cuando se hayan agotado todos los demás recursos.

“Sólo debe admitirse (...) la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, cuando agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado, producido por ‘cualquier régimen, legislación o autoridad’, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable”.

Y en su larga interpretación del artículo, subraya que entender de otra forma la desobediencia o desconocimiento al cual alude el artículo 350 de la Constitución “implicaría sustituir a conveniencia los medios para la obtención de la justicia reconocidos constitucionalmente, generando situaciones de anarquía que eventualmente pudieran resquebrajar el Estado de derecho y el marco jurídico para la solución de conflictos fijados por el pueblo al aprobar la Constitución de 1999”.

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Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela marchan hacia el Ministerio de Educación para rechazar la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

'El plato está servido'

De cualquier manera, según líderes opositores y expertos legales consultados por CNN en Español, los ingredientes para activar el 350 están listos, pues la Constituyente convocada por Maduro es inconstitucional dado que quiere ser conformada sin convocar un referendo previo e incluye conceptos que no forman parte de la Carta Magna, entre otras cosas.

Además, dicen que hasta los recursos legales que la misma fiscal Luisa Ortega ha introducido para frenar la Asamblea Constituyente han sido rechazados por la Sala Constitucional del TSJ, paradójicamente la misma que redactó la sentencia interpretativa del artículo 350 en el 2003.

“La interpretación de la Sala Constitucional es del año 2003. Hay que recordar que los años 2002 y 2003 fueron bastante conflictivos en Venezuela, entonces la Sala hace una interpretación restrictiva y dice cosas que no aparecen mencionadas el artículo 350”, le explicó a CNN en Español el abogado constitucionalista venezolano Pedro Afonso del Pino.

“En ninguna parte el artículo 350 hace referencia a un poder constituyente o a un poder constituido, simplemente habla de ‘autoridad, legislación o régimen”, agrega el abogado.

Para Del Pino, la situación actual de Venezuela, “desde todo punto de vista” se corresponde con la que se requiere para declararse en desobediencia civil y desobedecer al Gobierno. Incluso con la interpretación de la Sala Constitucional y a pesar de que no se haya constituido ningún poder constituyente, dice, que es el argumento de la sentencia.

“Esta Constituyente adolece de dos cosas: no la convoca el pueblo, como dice nuestra Constitución Política en el artículo 347, y su metodología electoral o bases comiciales no provienen de la soberanía popular, por lo que será una Constituyente amañada en la cual menos del 20% del país impondrá más del 80% de los constituyentes”, afirma el experto constitucionalista.

“Aquí se aplicaría perfectamente un desconocimiento a esa convocatoria de la Constituyente precisamente por vulnerar los derechos de los venezolanos”.

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Para el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), “las circunstancias en Venezuela son tan complicadas que obligan a quienes hayamos tenido posiciones adversas a que nos unifiquemos para rescatar a la República”.

En declaraciones a CNN en Español, Guevara aseguró que la activación o no del artículo 350 no se puede basar en una sentencia interpretativa del mismo, sino solamente en lo que dice el artículo en la Constitución redactada en 1999.

“La sentencia de la Sala Constitucional del TSJ pretendía hacer lo que otras sentencias en su momento: reescribir la Constitución”, dice Guevara.

“El 350 es muy claro, cuando algún régimen, autoridad o legislación contraríe los principios constitucionales y republicanos y viole los derechos humanos, el pueblo de Venezuela tiene el derecho a desconocerlo y a actuar en consecuencia”, continúa el diputado.

“Ya se nos cerraron todos los caminos. Intentamos la vía institucional ganando una mayoría en la Asamblea para desde ahí hacer reformas a las instituciones, pero nos las negaron; activamos un referendo revocatorio y se lo robaron; el Gobierno invitó a un diálogo a la oposición, pero no sirvió de nada; buscamos pacientemente convocar elecciones regionales anticipadas y tampoco... entonces al pueblo de Venezuela ya le negaron todos los caminos constituciones y ahora solo tenemos una alternativa: la de la rebelión popular”.

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Enfrentamientos entre opositores y fuerzas del gobierno en Caracas este 10 de junio. (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

¿Acciones concretas?

Pero y todo esto, ¿qué impactos concretos tendrá en la situación actual de Venezuela?

El abogado constitucionalista Del Pino lo explica así: “Es como una moneda de dos caras: una es el artículo 350, para desconocer un gobierno; esa es una actitud fundamentalmente pasiva. La otra cara es el artículo 333 de la Constitución, que obliga a todos los ciudadanos y funcionarios públicos, a todos, a colaborar para restablecer la Constitución”.

En ese sentido, las acciones concretas estarían más guiadas por la activación del artículo 333 y no del 350. “Aunque no existe ninguna ley ni ningún reglamento y tampoco están en la Constitución los pasos claros de cómo se ejerce ese artículo”, dice el experto.

“El artículo 333 nos obliga a ayudar en el restablecimiento de nuestra Constitución y eso es lo que nos toca hacer ahora”, asegura el diputado Guevara.

Se trata pues de un terreno nuevo para los venezolanos. Uno que nunca habían pisado.

“Lo único claro es que ese restablecimiento debe ser acorde con la misma Constitución Política y debe respetar las libertades y derechos humanos”, concluye Del Pino.

Para el Gobierno, es claro que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es ahora la mejor forma de devolverle la paz a Venezuela.

Esta nueva Asamblea tendría el poder de reorganizar los poderes del Estado e incluso podría redactar una nueva Constitución, como sucedió en 1999.

Desde hace casi 90 días, venezolanos que se oponen al Gobierno y también oficialistas se han manifestado en las calles de todo el país, en hechos que en repetidas ocasiones han terminado en violencia y ya han dejado el menos 75 muertos y más de 1.400 detenidos.

Con información de Kay Guerrero, de CNN en Español