Santo Domingo, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República solicitará esta semana órdenes de arresto contra algunos de los implicados en el caso de sobornos realizados por la empresa Odebrecht, luego de que el pasado fin de semana agilizará en el proceso de verificación del legado de documentos recibido de la empresa brasileña con los funcionarios y ex funcionarios implicados en sobornos.
El equipo de procuradores y técnicos que están al frente de la investigación trabajó hasta pasada la medianoche, los días viernes y sábado, y en los próximos días entregarán el expediente ante el Juzgado Especial de la Instrucción, para el sometimiento de los implicados.
Aunque todavía no ha iniciado los arrestos en los medios se han estado manejando nombres de presuntos involucrados y se han estado tomando medidas que indicaban que ese proceso se iniciaría esta misma semana, tales como reacondicionamiento de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y la designación del juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, para instrumentar el expediente, aunque esto no ha sido confirmado.
Dicho juez habría sido designado debido a que en el expediente hay personas que gozan de jurisdicción privilegiada, como con serían los casos de algunos legisladores.
En este caso, es importante aclarar que la jurisdicción especial se refiere al cargo y no a la persona, por lo que si el funcionario es despojado de su magistratura, el proceso sería enviado a la jurisdicción ordinaria, como sucedió recientemente con el caso que se sigue, por presunta prevaricación, a la exjueza Awilda Inés Reyes Beltré, quien luego de renunciar a su cargo, el proceso fue enviado a los tribunales ordinarios.
Según el artículo 154.1 de la Constitución de la República Dominicana, “corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados...”, por lo que los congresistas, de ser imputados, tienen derecho a la jurisdicción especial.