Mira la entrevista exclusiva completa del expresidente Toledo que será transmitida este domingo 28 de mayo a las 8 de la noche, hora del Este de EE.UU. por CNN en Español.

(CNN Español) – En medio de la tormenta judicial que se ciñe sobre su nombre, el expresidente Alejandro Toledo decidió responder a las acusaciones por los dos casos de corrupción que la justicia de su país sigue en su contra: Odebrecht y Ecoteva. Ante las cámaras de CNN en Español, el exmandatario habló en exclusiva con Patricia Janiot sobre lo que argumenta son irregularidades en los procesos que enfrenta y una persecución política. Se defendió de manera enfática, apuntó el dedo contra el fiscal de su caso y definió el escándalo de Odebrecht como un “paraguas para la revancha política”.

También reclamó que ha colaborado con las autoridades, pero que se rehusa a ir a la cárcel sin que su versión de los hechos sea escuchada. “Quieren una prisión preventiva sin escucharme”, insistió Toledo. Justamente, sobre el expresidente pesan dos órdenes de detención preventiva, una por cada caso de corrupción. La más reciente fue por Ecoteva el pasado 17 de abril y también cobijó a su esposa Eliane Karp. La otra, por Odebrecht, fue dictada desde el mes de febrero pasado. FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_latinamerica_t1", autostart: false, markupId: "fave-video2", video: "spanish\/2017\/05\/26\/cnnee-sot-toledo-intvw-janiot-3.cnn" } });

Mientras la Fiscalía lo señala de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, Toledo se defiende y asegura que "nunca en mi vida he recibido 10 soles, un millón, ni mucho menos 20 millones, en sobornos”. Incluso, retó a Jorge Barata, quien fungía como representante de Odebrecht en Perú y ha entregado información a la justicia sobre el caso, para que fuera a Estados Unidos –donde se encuentra el expresidente– y le dijera cuándo y “a dónde ha depositado 20 millones para Alejandro Toledo”. Añadió que Barata “se ha acogido a una colaboración eficaz para disminuir sus años de prisión después de 30 años de corrupción en el mundo”.

A principios de este año, Jorge Barata salpicó a Toledo en el escándalo de la constructora brasileña. Le aseguró al fiscal del caso Hamilton Castro, quien después se lo narró así al juez, que le había entregado al expresidente 20 millones de dólares a través del empresario Josef Maiman, quien también está vinculado al caso Ecoteva. Según Barata, el objetivo de dicha coima era que Odebrecht fuera favorecida en la licitación de una obra: la carretera interoceánica. Por eso, Castro incluyó al exmandatario en la investigación contra estos sobornos.

Toledo, sin embargo, rechaza esta versión y critica las medidas que el fiscal ha implementado en la investigación. “En septiembre del año 2016 y en febrero del 2017 sin avisarme o comunicarme me acusan de haber recibido 20 millones de un señor Barata, que le va a costar muy caro. Entonces, cómo quieren, si no me comunican, no tengo impedimento de salida, si no me comunican de esto ni a mí ni a mis abogados y quieren una prisión preventiva sin escucharme”, aseguró el expresidente. FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_latinamerica_t1", autostart: false, markupId: "fave-video3", video: "spanish\/2017\/05\/26\/cnnee-pkg-quintana-peru-toledo-dos-ordenes-extradicion-alejandro-toledo-odebrecht-ecoteva.cnn" } });

Pero el fiscal Castro insiste en que en los 18 pagos u operaciones que identificó el ente acusador por parte de la empresa Odebrecht y de Barata, “el señor Toledo instruyó a Barata, representante de Odebrecht, para que estas operaciones se hagan en cuentas de empresa offshore de Maiman. Toledo es el hombre detrás ¿de quién? De su testaferro Maiman”. El abogado de Toledo, Heriberto Benítez también negó estas acusaciones. "Tendría que demostrarse que el dinero que ha recibido Josef Maiman, de algunas empresas vinculadas a Odebrecht, es un dinero que llegó a manos de Alejandro Toledo para que puedan decir cómo llega a manos de un expresidente, podría ser la ruta de una coima, de un soborno, de un acto de corrupción pero no halla nada de eso, aseguró.

Caso Ecoteva

Este escándalo de corrupción hace referencia a la compra de dos propiedades en Lima, una casa y una oficina, que fueron adquiridas a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernebug, y del pago de las hipotecas de dos propiedades del exmandatario. Según declaraciones y documentos que tiene la Fiscalía, todo fue adquirido por la empresa Ecoteva Consulting Group, inscrita en un paraíso fiscal, formada en Costa Rica y de la cual Fernebug era presidenta.

Y aquí entra a jugar el papel de Josef Maiman, quien además es amigo de Toledo. Según aseguró Maiman en una declaración ante el ente investigador que Ecoteva le pertenece a él. La inversión de Ecoteva fue realizada a través de un contrato de préstamo consistente en que la compañía “le entregaba 5,3 millones a Eva Fernebug para que hiciera las compras y mejoras de los bienes inmuebles”. La suegra de Toledo percibiría 10.000 dólares a la firma del contrato.

Su implicación en este caso es algo que Alejandro Toledo también rechaza tajantemente. Cuando se le preguntó por que un empresario como Maiman buscaría a una mujer como su suegra para adquirir propiedades en Perú, el expresidente respondió: “pregúntele usted a Maiman”. Y una vez cuestionado sobre si alguna vez hablaron entre ellos al respecto, Toledo aseguró que Maiman le dijo “que quería diversificar como ha invertido en Colombia en caña de azúcar… Para ayudarle (a la suegra Fernebug)”. CNN se comunicó con Maiman, quien dijo que su vinculación era una cacería de brujas. FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_latinamerica_t1", autostart: false, markupId: "fave-video4", video: "spanish\/2017\/05\/26\/cnnee-sot-toledo-intvw-janiot-2.cnn" } });

¿Qué le espera a Toledo?

Desde hace más de tres meses, la justicia de Estados Unidos, país donde permanece Toledo, recibió la solicitud de prisión preventiva para Toledo con fines de extradición por el caso Odebrecht. Este viernes, la ministra de Justicia María Soledad Pérez aseguró que tiene la confianza de que en un corto plazo se logre el mandato de detención contra el expresidente. “Todos queremos que el señor Toledo venga, se lo debe al país, así que vamos a hacer las cosas legales que correspondan, y que asuma su responsabilidad”, explicó antes de pedir confianza y tranquilidad al país.

Por eso, añadió que incluso se evaluó la posibilidad de contratar un estudio de abogados en Estados Unidos para que sea un apoyo en la asesoría jurídica del Estado peruano “cuando llegue el momento que corresponda”. Además, definió como una falta de respeto para el país que el exmandatario apareciera en un evento académico reciente. “Tengo que compartir como ciudadana mi indignación. A mí me parece una falta de respeto al país que el señor (Toledo) esté haciendo como que aquí no pasa nada, y tratando de dar la apariencia de normalidad cuando tiene, no uno, sino dos pedidos de detención”, sostuvo.

En la misma línea, el Congreso de Perú aprobó de manera unánime una moción que cuestiona “permisividad” de Estados Unidos ante el caso de Toledo. Esta medida señala que el gobierno de ese país está demostrando una “sorprendente contradicción” entre su política contra la corrupción transnacional del Departamento de Justicia y la permisividad para que el expresidente goce de libertad pese a su orden de captura.

Además, este martes, el Poder Judicial de Perú rechazó la demanda de habeas corpus que había interpuesto el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, argumentando una grave y latente amenaza contra la libertad individual y una violación al debido proceso, así como garantías judiciales. Según la defensa, el juez del caso Concepción Carhuancho no tenía competencia para intervenir en la investigación contra Toledo, un alto funcionario de la República que de acuerdo a la Constitución goza de una prerrogativa máxima de 5 años después de haber cesado funciones para no ser denunciado ni sometido a proceso penal. Pero, consideró el magistrado que resolvió el recurso, Toledo terminó funciones “en julio del 2006, por lo que resulta evidente que en la fecha que fue denunciado 3 de febrero del 2017 ya había transcurrido más de los cinco años.

Con información de Jimena de la Quintana