(CNN Español) - Al menos el 65% de las cárceles mexicanas a cargo de los estados se encuentran bajo el dominio de bandas delictivas, según señala un estudio de abril del 2017 publicado este lunes por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México (Cesop).

El estudio, titulado Los centros penitenciarios en México, ¿centros de rehabilitación o escuelas del crimen?, asegura que 189 de las 291 penitenciarías cuyo manejo es responsabilidad de cada uno de los 31 estados que componen el país son prácticamente manejados por estos grupos y que el 51% de las cárceles del país están superpobladas, especialmente en los estados de México, Jalisco y Puebla, y la Ciudad de México. En promedio, conforme lo consigna el documento, se presentan por día tres riñas, dos agresiones violentas y un homicidio.

Según las cifras dadas por el estudio, en México en este momento se encuentran privadas de la libertad 233.469 personas, lo que ubica al país en el séptimo lugar mundial en cuanto a población carcelaria, detrás de Estados Unidos, China, Brasil, Rusia, India y Tailandia. ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-ad25b307927941e2e55514fc25657518-5923468abe5c4'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-ad25b307927941e2e55514fc25657518-5923468abe5c4'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-ad25b307927941e2e55514fc25657518-5923468abe5c4' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', func, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )();

En el 2015, en un informe titulado "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria", la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguraba que, en una escala de 0 a 10, la calificación media nacional de los centros penitenciarios de manejo estatal (Ceresos) fue de 6,21, mientras que los del orden federal (Ceferesos) fue de 7,36.

Las mejores calificadas fueron las militares, con un promedio de 7,93 (Prisión Militar de la I Región Militar, Prisión Militar de la III Región Militar (en Mazatlán, Sinaloa), y la Prisión Militar de la V Región Militar (en La Mojonera, Zapopan, estado de Jalisco).

Imagen del 11 de febrero del 2016 de la prisión de Topo Chico en Monterrey. (Crédito: JULIO CESAR AGUILAR/AFP/Getty Images)

Entre los Ceferesos, los mejor calificados, según la CNDH, estaban el centro femenino “Rehilete” de Islas Marías (con una calificación de 7,99); el de Bugambilias, también en Islas Marías (7,88), y el de Laguna del Toro, en la misma región (7,76).

En cuanto a las prisiones estatales, las que mejor calificación tuvieron fueron las de Guanajuato (8,02), Aguascalientes (7,75) y Baja California (7,42). Por el contrario, las de peores resultados fueron las de Nayarit (4,11), Quintana Roo (4,43) y Guerrero (4,99).

El documento del Cesop también refiere a la problemática del sistema penitenciario a la que hacen referencia las analistas Elena Azaola y Marisa Hubert titulado "¿Quién controla las prisiones mexicanas?".

En él, Mazaola y Hubert aseguran que " la sobrepoblación y uso desproporcionado de la prisión preventiva; las condiciones de vida indigna y en ocasiones infrahumana; la falta de profesionalización y condiciones de trabajo deplorables del personal penitenciario; la indiferencia social y de autoridades hacia la problemática que enfrentan las prisiones y, el más grave, que el 65% de las prisiones estatales están en poder de grupos delictivos", son los problemas estructurales que más afectan a la población carcelaria mexicana.

Motines, sobrepoblación y problemas

El 12 de febrero del 2016 se presentó uno de los más violentos motines en la historia de las cárceles mexicanas al morir 49 reos en el penal de Topo Chico, en Monterrey. En ese entonces, el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, le dijo a Carmen Aristegui, de CNN, que ese centro estaba superpoblado.

"Hay una sobrepoblación muy fuerte", dijo Rodríguez. "Tiene una capacidad para 2.600 reos y tenemos casi 4.000".

El gobernador explicó que el motín se debió a un enfrentamiento entre "cabecillas del grupo criminal de Los Zetas", quienes peleaban por tener el control del penal.

El gobierno mexicano ha hecho esfuerzos para mejorar la situación de la población carcelaria. El pasado 8 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) subscribió su entrada al programa PACcTO, impulsado por la Unión Europea para la mejora del sistema penitenciario.

Así mismo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, informó el pasado 23 de febrero durante una reunión de intercambio con juristas argentinos que se han puesto en marcha acciones focalizadas en el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, entre ellas profesionalizar y actualizar a policías, peritos, ministerios públicos y personal del sistema penitenciario.

CNN intentó comunicarse con la Comisión Nacional de Seguridad, que maneja las cárceles federales, pero no obtuvo respuesta.