SANTIAGO.-El ministro  Ramón Ventura Camejo considera que no es posible establecer una administración pública con capacidad de rendir cuentas, si no se construye un conjunto de normas, procedimientos y un nivel de institucionalidad que permitan la organización de una nueva cultura en materia de transparencia.

Precisó que la sociedad debe contar con todos los derechos y herramientas para tener el debido control de la administración pública en ese sentido.

Ventura Camejo, responsable de dirigir el Ministerio de Administración Pública (MAP), dijo que en el Centro Latinoamericano de Administración para el  Desarrollo  (CLAD), los problemas relacionados con las administraciones públicas son debates permanentes entre los Estados Iberoamericanos.

El ministro Ventura Camejo habló en Foto Abierto: Hacia un Nuevo Marco Legal del Patrimonio del Estado, organizado por la Dirección de Bienes Nacionales, que dirige el licenciado Emerson Soriano, quien observa al funcionario. Fue desarrollado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también hablaron su rector, monseñor Agripino Núñez Collado, y otros expositores.

“Siempre de está discutiendo cómo se pueden construir Estados eficaces,  eficientes, efectivos y transparentes”, indicó.

Afirmó que en el país se está trabajando con el Modelo Marco Común de Evaluación (CAF) y Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias, en busca de que contar con instituciones en la administración pública que respondan a la eficiencia exigida por los usuarios. 

El ex presidente del CLAD dijo: “Nosotros planteamos  que en la República Dominicana se está trabajando en un plan estratégico para transformar  la administración pública, sobre la base de establecer normas que garanticen las capacidades para entonces poder rendir el producto de la transparencia”, según lo informó el periodista Luís Céspedes Peña, encargado de Prensa del MAP.

El funcionario declaró que no será posible contar con esas capacidades si no se cuenta con un conjunto de hombres y mujeres profesionalizados en la administración pública, con sus capacidades, destrezas o talentos, que puedan permanecer en los puestos públicos más allá de los asuntos políticos.

Indicó que, a través de la Ley de Función Pública (41-08),  el MAP está promoviendo esas capacidades, apoyado por una legislación moderna, cuyo contenido reconoce las particularidades, pero también los principios de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que es un documento aprobado por la Cumbre de Presidentes, Jefes de Estado y Gobierno, reunido en Santa Cruz, en Bolivia, en el año 2003. 

“Este documento dice cómo reclutar al personal de la administración pública, cómo evaluarlo, cómo vincularlo y cómo desvincularse del sector público”, dijo.

Observó que una de las críticas que se hace a nivel internacional, especialmente en Europa, al Sistema de Carrera Administrativa, es la rigidez de su aplicación, en el sentido de que no es fácil ingresar en estos países a las posiciones públicas, pero es imposible salir de los empleados ya dentro. 

Observó que es esa la razón por la  que hay que luchar para lograr que los derechos de los ciudadanos estén garantizados. Dijo que se estudia la posibilidad de que si un empleado público no asume sus compromisos en la administración pública, pueda ser desvinculado del Sistema de Carrera Administrativa.

Explicó que escuchó muchos comentarios, como es el caso de España, de lo difícil que es desvincular del Sistema de Carrera a empleados públicos que cometen faltas graves.

Informó que para complementar el trabajo de la transparencia de la administración pública, está en discusión (en el Congreso nacional), un Proyecto de Ley de los Procedimientos Administrativos o ley de Derechos de los Ciudadanos, el cual completaría la trilogía de normativas para el logro de un efectivo control de la gestión en el Estado. 

También dijo que se está trabajando en el problema de la duplicidad de funciones, como es el caso del área de transporte, donde hay múltiples unidades que hacen las mismas tareas. Dijo que la Ley  Orgánica de la Administración Pública provocará un gran impacto, debido a que habrá más racionalidad y un mayor control del gasto del Estado. 

Precisó que tuvo la experiencia, en reuniones fuera del país, de que la mayoría de los Ministerios  o Secretarías de Estado sólo tienen uno y dos viceministros o subsecretarios, mientras que en la República algunas instituciones tenían decenas. Dijo que ya se logró poner un tope de seis viceministros, pero todavía son muchos. 

El ministro Ventura Camejo dijo que todo ese tipo de política requiere de negociaciones y  análisis de las fuerzas con que se cuenta para provocar decisiones más radicales.

“Tuvimos que tranzarnos, de manera provisional, con un máximo de seis viceministros por institución”, repitió el también profesor universitario.

También habló del apoyo recibido de un conjunto de instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. Citó el caso del licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), presente en la actividad.

Habló de  la necesidad del uso intensivo de la tecnología de la información y la comunicación.