Santo Domingo, República Dominicana. El de la Odebrecht ha sido considerado por amplios sectores como el caso que le ha puesto la "tapa al pomo" a la corrupción y la impunidad que impera en el país, y reclaman que el mismo le sirva a las autoriades para empezar a poner fin a este grave problema que correo la sociedad.
Empresarios y sectores de la sociedad civil fortalecieron sus reclamos de justicia en relación a los sobornos que admitió entregar a funcionarios la constructora brasileña Odebrecht.
A pocas horas de la marcha “Fin de la Impunidad”, del domingo 22 de enero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) dio a conocer un comunicado en el que 47 asociaciones empresariales respaldan al procurador General de la República, Jean Rodríguez, para que actúe con “firmeza, determinación y agilidad”, aplicando todo el peso de la ley a los involucrados en los sobornos de US$92 millones de dólares.
Alegan que esta situación representa una oportunidad para que las autoridades competentes demuestren su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el efectivo funcionamiento del sistema judicial, haciendo que se convierta en un precedente aleccionador que ponga fin a este tipo de prácticas.
INDEMNIZACIÓN
En parecido términos se expresó la coalición de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), quienes recordaron que las leyes dominicanas obligan al sobornador a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían US$184 millones.
Agregaron que “a lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos”
Opinaron que las autoridades están obligadas a identificar en qué cuentas se recibieron los sobornos y cuál fue su destino final, y además si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal.
