Miguel Collado advierte Estado debe elevar presión tributaria con un pacto fiscal no apresurado

Santo Domingo, República Dominicana.- El Estado tendrá que buscar prestados US$1,500 millones más de los alrededor de US$3,600 millones presupuestados, para satisfacer las necesidades financieras de este año, dijo el economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

Miguel Collado Di Franco aseguró que el gobierno  ejecutó en los primeros tres meses del año el 46% del déficit estimado para todo 2016.

Explicó que entre enero y marzo fueron agotados RD$33,000 millones, de los RD$75,000 millones en déficit proyectados para los 12 meses.

Agregó que en ese período, el gasto corriente se elevó un 21% con relación al primer trimestre del año pasado, mientras los ingresos tributarios siguen igual al monto esperado, y “eso indica que el Gobierno tendrá que buscar más préstamos”.

Propuesta de un pacto

Para evitar que el Estado siga solventando sus necesidades con endeudamiento, Collado reiteró que lo ideal sería que las autoridades se aboquen a discutir un pacto fiscal que aumente la presión tributaria.

Advirtió sin embargo, que “ese acuerdo no se puede hacer de manera apresurada, ni similar a los 11 “parchos” que se han implementado desde el año 2000 hasta la fecha; sino uno igual al del año 1992”

La Crees propone un esquema de ampliación de la base del Impuestos Sobre la Renta (ISR) y el Itebis; así como la eliminación de otros.

De manera concreta, plantea bajar el Itebis de su nivel actual de 18 y 16 % a 10 % y extenderlo a los demás productos exentos.

En cuanto al ISR, su idea es bajarlo a 20 % y en el tercer año a 15 %.

“Con esta reforma, como individuos pagaríamos menos porque las cargas se distribuirían, pero como sociedad tributariamos más”, precisó.

De acogerse esa propuesta, serían eliminados el impuesto al ahorro que se introdujo con la Ley 253-12; así como el selectivo ad valorem de los combustibles, el gravamen de un 0.15 % de los cheques, el 1 % de los impuestos de los activos de las compañías y los selectivos a los electrodomésticos y otros artículos.

También serían quitados los impuestos a las telecomunicaciones, pero las exenciones de empresas que están en regímenes especiales seguirían igual.