Es evidente que el parque automotriz del país ha experimentado un crecimiento singular en los últimos diez años. El significativo peso específico de los vehículos usados y viejos, y el deterioro manifiesto de una proporción importante de los que sirven en el transporte público (un colosal desorden), son hechos que tienen serias implicaciones para la calidad del aire en las grandes ciudades, la seguridad vial y las condiciones en que son transportadas miles de personas todos los días.

Si a ello sumamos la mala calidad de los combustibles que se venden actualmente en el mercado dominicano, especialmente del diesel, uno de los peores de la región, la situación es para preocuparse. 

Hace ya mucho tiempo que el problema actual de contaminación, de seguridad y comodidad para los pasajeros no se planteaba en muchos países en sus dimensiones e implicaciones actuales. Quizás por ello el Gobierno, a través de su ministerio de Obras Públicas, resucitó con renovados bríos el Programa de Revisión Técnica Vehicular. 

Todo el mundo conoce ese Programa por el mote de la “Revista”. La “Revista”, sin embargo, no es el programa mismo, realmente es como una especie de certificación oficial de que el vehículo está en “óptimas condiciones”, es decir, de que ha cumplido de manera estricta con una “exhaustiva” revisión técnica y está autorizado a transitar por calles y carreteras. 

Como sucede en todos los países del mundo, la ley dispone que las autoridades deben vigilar de manera permanente el estado del parque automotor a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas elementales de prestación de servicios de transporte y seguridad vial. Para cubrir algunos gastos mínimos se ha establecido el precio de la revisión técnica en 45 pesos, esto es, más o menos, un dólar y once centavos.

¿Cómo suceden realmente las cosas en nuestro país?
Lo primero es que tenemos una nueva modalidad de negocio altamente rentable con el tema de la Revista.  Muchas compañías han pagado 900 pesos (20 veces el costo legal) por ese Sello Oficial (“puesta en casa”). Así se cobra en exceso pero el Estado percibe la cantidad anunciada (45 pesos) por concepto de “revisión técnica”. La diferencia va a parar a una red de mafiosos especializada en aprovechar ingeniosamente todo intento del Gobierno de hacer cumplir las leyes.  Estos mafiosos están en el Gobierno y fuera de él, unidos por la “distribución equitativa” de las ganancias.

Lo segundo es que, en realidad, no se hace ninguna revisión técnica en el sentido estricto del término. La revisión técnica es un diagnóstico para establecer el estado mecánico de los vehículos con el propósito de determinar si éstos cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y los estándares de contaminación ambiental establecidos en la normativa nacional y en los criterios de diseño y fabricación. 

Este diagnóstico debe realizarse en establecimientos especialmente equipados donde se aplican estrictos procedimientos de inspección visual e inspección asistida por equipos mecatrónicos. En países “civilizados”, se trata de centros altamente especializados y hasta acreditados (reconocidos en sus competencias técnicas) que realizan la inspección técnica bajo estándares uniformes. 

Los mismos disponen de máquinas de diagnóstico que, rápidamente, revisan y documentan el estado técnico-mecánico de los sistemas de frenos, de suspensión, de dirección y del estado del motor, además del nivel de emisiones contaminantes. Estos centros deben cumplir una norma oficial, aprobada, en nuestro caso, por el INDOCAL.  Una inspección de este tipo, ¿costará 45 pesos?

Sin dudas, la “revisión técnica” dominicana es “visualmente deficiente”. Los vehículos hacen largas filas en algún amplio solar, en un estadio cualquiera o donde mejor convenga. Como no puede determinarse visualmente el estado de la alineación, de los frenos, de los sistemas de suspensión y dirección, y mucho menos el nivel permitido de emisiones, la Revista no contribuye en nada con el medio ambiente y la seguridad vial. Es un regalo irritante que hacemos al Estado sin contraprestación alguna de su parte.

Es una movilización de “técnicos evaluadores” que, por las razones explicadas, no tiene sentido alguno (de loa manera en que deja de hacerse). Es un impuesto que irrita. 

Es una burla a la ley. Un sobreprecio legitimado por la propia autoridad por un servicio que en realidad no recibimos. Es una fuente de irritación ciudadana adicional ya que, los que tienen sus vehículos en excelentes condiciones, deben mirar impotentes a los que los tienen en condiciones mecánicas y de funcionalidad inadmisibles (ostentando igualmente la famosa Revista).

La Ley de Tránsito Terrestre es una de las leyes más simples. No hay en ella complejidades que puedan dificultar su cumplimiento. ¿Cómo podemos avanzar en un país cuyas autoridades no sean capaces-ni tengan la capacidad técnica ni los medios indispensables-de hacer cumplir las leyes más elementales de la convivencia social civilizada?