Santo Domingo, República Dominicana.-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario nombró a empleados del tribunal de comicios a empleados de su bufete de abogados, acción que se inscribe dentro de la corrupción que impera en instituciones públicas del paÃs, y que es viola la Constitución de la República, la cual prohÃbe que un funcionario se mantenga ejerciendo su profesión o negocio privado, y sólo permite la compatibilidad del cargo con actividades honorÃficas y la docencia.
La revelación fue hecha en el programa El Informe con Alicia Ortega, la cual informó que Alexis Dicló, miembro del bufete de abogados Rosario Márquez & Asociados es el Consultor JurÃdico de la institución.
Asimismo, la esposa de Dicló, Gladys González también labora en el tribunal electoral en la Dirección Financiera como Encargada de Control Financiero.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el programa El Informe, que se transmite por Antena Latian, Canal 7, reveló que Dicló trabajó en por lo menos uno de seis casos de asesorÃas legales que la oficina de abogados del presidente de la JCE hizo para la LoterÃa Nacional, cuando este era presidente de la Cámara Administrativa. Los casos trabajados entre el 2005 y 2008 le rindieron un beneficio de RD$9 millones 705 mil 433.
La Constitución de la República prohÃbe que un funcionario se mantenga ejerciendo su profesión o negocio privado, y sólo permite la compatibilidad del cargo con actividades honorÃficas y la docencia.
E efecto, en su ArtÃculo 108, la Carta Magna ordena que “…ninguna función o cargo público a que se refieren en esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honorÃficos y los docentesâ€. En otras palabras, las funciones públicas solo son compatibles con cargos sin sueldo o de docencia.
Las revelaciones se suman a las denuncias de Participación Ciudadana la semana pasada, que incluyen que Rosario presentó a los partidos su proyecto para la creación de una gerencia de Informática sin discutirlo con el pleno.
Según la entidad, Rosario también retuvo, sin entregarlo a los demás titulares del organismo, el proyecto de Reforma de la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americano (OEA), que el fue entregado personalmente por el secretario general José Miguel Insulza el 26 de septiembre del año pasado.
Asimismo, PC señaló que el presidente del tribunal electoral se desplazó a la sede de la Unión Europea en Bruselas el 20 de julio pasado y solicitó financiamiento para auspiciar la observación electoral, sin que antes ni después, esa gestión haya sido aprobada por el pleno, ni siquiera presentada a sus miembros.
Las denuncias de Participación Ciudadana se produjeron luego de que miembros de la Junta objetaran la observación electoral de la entidad de la sociedad civil en los comicios de mayo. Un dÃa después, el tribunal electoral dio marcha atrás y reconsideró la objeción con respecto a dicha observación.
