El rol de cualquier institución debe ser el de cumplir su propia Ley, y obligar que hagan lo mismo a las que tiene bajo su responsabilidad.

Por lo menos, eso es lo que indica el sentido común, y es lo que de ella esperan los ciudadanos dominicanos con acceso a bienes y servicios, por lo que pagan impuestos -en algunos casos exagerados-, y que permiten al Estado resolver sus múltiples necesidades.

Sin embargo, hay algunas instituciones, incluida del Estado, que ni siquiera aplican sus propias leyes, y se convierten en denunciantes.

Hay casos recurrentes, siendo el más reciente de ellos, el del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), institución que no le está dando cumplimiento a su resolución 39-13 que le encomienda a requerir, registrar y comprobar los datos de toda persona que contrate un servicio de telecomunicaciones, a fin de evitar que empresas telefónicas del país continúen activando celulares macos, que son una de las herramientas preferidas de los delincuentes.

Se ve obligado el propio Gobierno, a través de su  ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a recordarle que debe cumplir con la Ley.

No es posible que se activen teléfonos celulares sin comprobar la identidad y la residencia del solicitante, se quejó con mucha razón Montalvo, quien solicitó además al INDOTEL tomar todas las medidas pertinentes con las compañías telefónicas, para evitar que a través de dichos teléfonos y los “blanqueados”, se sigan cometiendo y planificando actos delictivos.

Si se le dio esa facultad legal para acabar con un problema tan grave como el denunciado, ¿Por qué INDOTEL no actúa contra las telefónicas?

Es una pregunta que muchos se hacen, y por la que esperan una respuesta rápida y satisfactoria de un organismo que se supone fue creado para regular las telecomunicaciones. 

O me equivoco.