Las elecciones en tiempos de Leonel Fernández

Introducción

Después de la muerte de Trujillo, en República Dominicana se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas el 20 de diciembre de 1962. Fueron ganadas con una diferencia de más 310 mil votos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su líder de entonces, el profesor Juan Bosch. Viriato Fiallo y la Unión Cívica Nacional (UCN) aceptaron su derrota y no hablaron de fraude, ni hubo impugnaciones.

Pasada la guerra civil de 1965, se celebraron nuevas elecciones el primero de junio del año siguiente; en ellas participaron Bosch, por el PRD, y Joaquín Balaguer, por el recién fundado Partido Reformista. Las elecciones se realizaron estando el país ocupado por las tropas norteamericanas que lo invadieron el 28 de abril de 1965 para impedir el restablecimiento del gobierno democrático derrocado en septiembre de 1963. Las elecciones del primero de junio de 1966 fueron ganadas por Balaguer, pero Bosch las calificó de fraudulentas. Una de las modalidades del fraude electoral consistió en el uso del terror contra Bosch. Mientras Balaguer recorría el país protegido por soldados norteamericanos, Bosch se limitó al uso del programa radial del PRD porque temía hacer campaña directamente con el pueblo. Balaguer y su partido ganaron las elecciones con más de 250 mil votos de diferencia.

El 16 de mayo de 1968 se celebraron elecciones municipales para elegir nuevos síndicos y regidores. En esas elecciones parciales no participó el PRD porque Bosch había ordenado su abstención. El Partido Reformista ganó con amplio margen las elecciones municipales y sólo en Navarrete se denunciaron irregularidades, lo que motivó a la Junta Central Electoral a celebrar nuevas elecciones en ese municipio que de todas maneras fueron ganadas por el partido gobernante.

Durante los 12 años de Balaguer, se celebraron elecciones en 1970, en 1974 y en 1978. En las de 1970 y 1974, Balaguer se reeligió cómodamente porque, siendo Bosch el líder de la oposición, las llamó "matadero electoral". En las elecciones de 1970 hubo abstención total de la oposición y en las de 1974 hubo un retiro de los dos grandes bloques opositores que Bosch y Peña Gómez habían organizados para enfrentar el continuismo impenitente del Presidente Balaguer.

En las elecciones de 1978, el desgaste del gobierno se combinó con factores externos desfavorables y Balaguer fue derrotado. Las viejas prácticas fraudulentas y los arrebatos de candidaturas triunfantes a nivel congresual matizaron los intentos del balagerismo por retener el poder ilegalmente, poniendo nuevamente al país "al borde del caos".

Un nuevo ciclo democrático se inauguró en toda América Latina con la victoria electoral de Antonio Guzmán y el PRD en 1978. Dos nuevas elecciones presidenciales se celebraron durante los gobiernos del PRD. En las de 1982 participaron tres fuerzas políticas bien diferenciadas entre sí. Bosch fue postulado por su nuevo partido, el PLD; Balaguer por el Partido Reformista y el PRD postuló a Salvador Jorge Blanco, quien ganó las elecciones. Sus resultados fueron aceptados por la oposición y nadie habló de fraudes.

Tampoco hubo fraude en las elecciones de 1986, cuando Balaguer retornó al poder. Lo que sí es objeto de debates todavía es el destino de más de 80 mil votos emitidos a favor de Jacobo Majluta, candidato presidencial del PRD, quien fue postulado también por un movimiento externo llamado La Estructura. Los votos a favor de ese movimiento no se le sumaron al candidato del PRD porque la Comisión de Asesores Electorales y la JCE alegaron un doble rayado en su boleta y decidieron otorgarle el triunfo al doctor Balaguer.

Con el retorno de Balaguer al poder volvió también la época de los fraudes electorales, ahora más escandalosos que los cometidos en la época de los 12 años. Balaguer estaba viejo, cansado y ciego y pensaba morir en el poder. En 1990 hizo malabares para retener el poder mediante un fraude que  Bosch llamó colosal. Incluso, con relación al tema del fraude, uno de sus discípulos publicó luego un libro titulado "Origen de un poder usurpado".

Pero el padre de todos los fraudes en tiempos de Balaguer ocurrió en las elecciones de 1994 contra Peña Gómez. Las pruebas abundan tanto como las flores en primavera. El país volvió a vivir un ambiente de guerra civil y si no estalló fue por la rápida intervención de los poderes fácticos, que apadrinaron unas aceleradas negociaciones políticas que terminaron con el "Pacto por la Democracia", donde se contempló, entre otros aspectos, la celebración de nuevas elecciones dos años después.

En las elecciones de 1996 hubo dos vueltas electorales, cuyos resultados fueron aceptados por todos los participantes. Nadie habló de fraude, nadie impugnó sus resultados. Parecería que las viejas modalidades de los fraudes anteriores habían desaparecidos.

En las elecciones parciales de 1998, siendo Leonel Fernández el nuevo Presidente de la República, no hubo fraude; tampoco en las presidenciales del año 2000 ganadas por Hipólito Mejía y el PRD. Dos años después hubo elecciones de medio término y las denuncias de fraude se limitaron a la provincia de Santiago de los Caballeros, hechas por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En el año 2004, Leonel Fernández y el PLD arrasaron en las elecciones, volvieron al poder y nadie habló de fraude. Incluso, se recuerda que una hora después, el Presidente Mejía reconoció su derrota electoral, en un gesto nunca visto en el país.

Seis procesos electorales se habían celebrado en República Dominicana, entre 1996 y 2004, sin que asomaran viejas o nuevas expresiones fraudulentas. Que todos los partidos políticos aceptaran los resultados de esas seis elecciones sin graves denuncias de fraudes y sin impugnaciones, de seguro que fue uno de los grandes aportes a la transparencia electoral conquistado con el "Pacto por la Democracia", del 10 de agosto de 1994. Ese acuerdo desmanteló el sistema político y judicial del balaguerismo que se nutría en cada elección recurriendo a diversos tipos de fraudes.

Sin embargo, en las elecciones municipales y congresuales del año 2006, estando Leonel Fernández y el PLD en poder por segunda ocasión, volvieron las denuncias de fraudes por parte de los partidos mayoritarios de la oposición que participaron aliados en esos comicios.

 

Las elecciones parciales de 2006

Las elecciones intermedias de 2006 serían una segunda oportunidad para el proyecto totalitario que ya había concebido la cúpula del PLD. El Congreso y los ayuntamientos eran controlados, en su mayoría, por el PRD desde 1998. De manera que desalojar al principal partido opositor de esos órganos estatales, era crucial para la nueva estrategia del partido gobernante.

En los meses de la campaña electoral, los principales partidos contendientes vivían situaciones diferentes. El PLD había retornado al poder después que arrasó en las elecciones nacionales de 2004. Su Presidente y líder, Leonel Fernández aún gozaba de mucha popularidad debido a su capacidad histriónica y el manejo de cifras relacionadas con la situación económica del país y del mundo. En su discurso de rendición de cuentas, pronunciado ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 2006, dijo que el año 2005 sería "reconocido en la historia nacional como el Año de la Recuperación", aportando de inmediato las acostumbradas cifras infladas que en marzo de cada año resume y publica el Banco Central de República Dominicana.

El PRD había retornado a la oposición, aunque tenía aún mayoría en el Congreso y en los ayuntamientos. Arrastraba la derrota electoral de 2004 y la población todavía no olvidaba el desastre institucional y económico ocurrido en los dos últimos años del gobierno de Hipólito Mejía, quien prohijó una reforma constitucional muy cuestionada en julio de 2002 para restablecer la reelección presidencial consecutiva, provocando así una nueva división en el PRD. En marzo de 2003 estallaron los escándalos de los fraudes bancarios que ahondaron la crisis social y económica de millones de dominicanos, circunstancias que vinieron a favorecer al PLD en las elecciones presidenciales del año siguiente.   

Por su parte, el PRSC había obtenido una votación muy baja, cuando presentó al ex senador por Santiago, Eduardo Estrella, candidato a la presidencia en las elecciones de 2004. Desde que fue echado del poder en 1996, el PRSC ha sido, según el fenecido Font Bernard, "la hoja seca desprendida de un árbol otoñal". En la segunda vuelta electoral de 1996 apoyó al PLD mediante un pacto para cerrarle el paso al "camino malo" que, según un eslogan de Balaguer, lo representaba la candidatura de Peña Gómez. En las primeras elecciones parciales de 1998, celebradas después de la reforma constitucional de 1994, el PRSC perdió su hegemonía en el Congreso y los ayuntamientos del país; quedó relegado a un lejano tercer lugar, al obtener el 16 por ciento de los votos, 17 diputados y 2 senadores. En las elecciones presidenciales de 2000, llevando por última vez a su líder histórico como candidato, prácticamente quedó empatado en el segundo lugar con el PLD, al obtener algo más del 24 por ciento de los votos. En las elecciones de 2002, estando Balaguer vivo todavía, retornó al tercer lugar, sacando 37 diputados, 2 senadores y 11 síndicos. Balaguer murió el 14 de julio de 2002, dejando a su partido huérfano de un auténtico liderazgo de relevo. Tras la muerte del nonagenario caudillo colorao, el PRSC jamás ha tenido cohesión interna. En las presidenciales de 2004 presentó a Eduardo Estrella, sacando un 8.6 por ciento, su votación más baja hasta entonces. Se recuerda que un sector importante del PRSC, derrotado en las primarias internas de 2003, se alió al PLD y desde entonces ha sido bautizado el partido "bisagra" o la "carnada de otros partidos".

En las elecciones de medio término de 2006, el PLD buscaba afianzarse en el poder. A pesar de que en las cámaras legislativas, todavía controladas por el PRD, se habían aprobado dos reformas tributarias millonarias, un acuerdo Stand-by con el FMI, las renegociaciones de la deuda externa y dos proyectos de presupuestos, el partido de gobierno aún no se sentía seguro y no confiaba en el equilibrio de poderes que debe regir la vida democrática de la nación. Para arrasar en las elecciones, era necesario recurrir a todas las manipulaciones posibles porque en la actividad política, según los discípulos de Juan Bosch, "todo es válido y se hace lo que conviene". En los meses previos al 16 de mayo de 2006, la alta dirigencia del PLD aplicará un nuevo esquema fraudulento que será seguido, corregido y ampliado en las venideras elecciones de 2008, 2010 y 2012.

Entre las nuevas modalidades fraudulentas observadas en las elecciones de 2006 se citan:

(a) un intenso tráfico de electores que fueron "trasladados", por conveniencia, de una provincia a otra, dependiendo de las debilidades o fortalezas de los candidatos oficialistas. Por ejemplo, se conocieron los casos de 6 mil 887 cambios de empadronamiento electoral registrados en los meses previos a las votaciones y el de unas 80 personas que "trasladaron" su residencia a una misma calle. Otros 172 mil electores, según Agripino Núñez Collado, fueron "dislocados" o cambiados de sus lugares de votación "sin su consentimiento";

(b) la compra de delegados de los partidos opositores para que firmaran en blanco las actas correspondientes y se ausentaran de los recintos al momento del conteo de los votos;

(c) colocar dos dirigentes del PLD, bien identificados, frente a los centros de mayor concurrencia de votantes; uno de ellos observaba a las personas visiblemente más pobres y auxiliándose de una laptop, verificaba que no era un simpatizante del PLD y de inmediato le ofrecía una suma de dinero para que se abstuviera de votar;

(d) según el testimonio del Víctor Gómez Bergés, candidato a Senador por la provincia Santo Domingo, "otra acción fraudulenta" consistió en desmontar "urnas falsas" de vehículos, acción que la atribuye al Secretario de un Colegio Electoral del municipio Santo Domingo Norte, las que fueron mostradas a los "observadores extranjeros, quienes nada hicieron"; y

 (e) el secuestro de autoridades electorales, o la amenaza velada de represión y muerte, para provocar las pérdidas o extravíos de actas electorales con resultados desfavorables al partido de gobierno.

Entre las nuevas expresiones del fraude que se combinaron con las viejas, citamos:

(a) el uso avasallante de los recursos públicos a favor de los candidatos del gobierno;

(b) la compra de personajes de la oposición, vía el transfuguismo o la sonsaca, que se "pasaban" al PLD;

(c) la ampliación de los programas sociales de ayudas a miles de personas pobres;

(d) la descalificación de los contrarios mediante el recurso de la campaña sucia o negativa;

(e) el descuartizamiento del PRSC;

(f) la neutralización de miles de simpatizantes del PRD; y

(g) la producción de un nivel de propaganda próximo a la inundación.

Para viabilizar su estrategia y darle apariencia de fortaleza, el PLD se ganó el apoyo de numerosos grupos minoritarios, enarbolando la consigna de "Un Congreso para el Progreso". Formaron parte de la alianza, el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), la Alianza por la Democracia (APD), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), el Consejo Presidencial Reformista (CPR), el Partido Reformista Popular (PRP) y el Movimiento Izquierda Unida (MIU). Esa amalgama de grupos conservadores, de derecha e izquierda, formaron el "Bloque Progresista".

Mientras el PRD y la franquicia PRSC formarían la "Gran Alianza Nacional" (GANA), llamada también "Alianza Rosada", la cual resultó un desastre en todo el país porque muchos dirigentes provinciales y municipales de ambos partidos que fueron desplazados, terminaron siendo postulados o atraídos por la "magia seductora" del partido de gobierno.

Con un padrón de 5,369,064 votantes, unas 10 mil personas en todo el país compitieron por 2,488 cargos a senadores, diputados, síndicos, vice síndicos, regidores y suplentes de regidores. El último boletín emitido por la JCE arrojó el siguiente resultado. El total de votos municipales emitidos fue de 3,012,325, equivalentes al 56 por ciento del total de inscritos, para una abstención de un 44 por ciento. El PLD y aliados sacaron 1,391,115 votos, para un 46 por ciento; el PRD y aliados cosecharon 1,058,049 sufragios, para un 35 por ciento, en tanto el PRSC y aliados computaron 425,562 votos, para un 14 por ciento. El PLD ganó 67 sindicaturas, el PRD, 53 y el PRSC, 27.

En el nivel legislativo, donde siempre vota menos gente, se emitieron 2,991,031sufragios, de los que el PLD obtuvo 1,556,331 votos, para un 52 por ciento; el PRSC sumó 697,152 votos, para un 23 por ciento, mientras el PRD quedó en tercer lugar con 655,852 votos, para un 22 por ciento. El PLD obtuvo 22 senadores y 96 diputados; el PRD 6 senadores y 60 diputados y el PRSC, 4 senadores y 22 diputados. En total se eligieron 32 senadores y 178 diputados.

Cuando en una contienda no se juega limpio, los perdedores alegan la ocurrencia de algún tipo de trampa o fraude, pero raras han sido las veces en que sus alegatos hayan prosperados, ya sea mediante el recurso de la denuncia, demanda de anulación, revisión, reconteo o la impugnación. El PLD y sus aliados arrasaron gracias a que buscaron el apoyo de los líderes locales de los partidos de oposición que se rindieron ante las tentaciones del poder. Una mayor compactación de la oposición era la garantía para un mejor desempeño electoral.

Con las dos terceras partes del Senado y una holgada mayoría en la Cámara de Diputados, el Presidente Fernández se sintió más cómodo en su segundo período de gobierno. A partir del 16 de agosto de 2006, cuando se inició la nueva legislatura, no serán necesarios los acuerdos con la oposición que fueron tan frecuentes en los dos primeros años de su segundo mandato. Se siente orondo y más despejado para anunciarle al país sus nuevos planes de gobierno. El 27 de mayo, cuando ya se conocían los resultados preliminares de los comicios, Fernández anunció que a partir de agosto iba a convocar a todos los sectores del país para que "por consenso y con espíritu democrático" se realizara otra reforma constitucional.

La victoria electoral del PLD y sus aliados fue un espaldarazo al Presidente Fernández que durante toda la campaña se lanzó a las calles para respaldar a sus candidatos, con todo el dinero y la logística estatal. Tan pronto se conocieron los resultados definitivos de las votaciones, el Presidente daba la impresión de que había sido confirmado en el cargo. Era como un voto de confianza. Con la mayoría en las cámaras legislativas, sometió un conjunto de leyes de reformas institucionales, algunas de ellas sugeridas por organismos financieros internacionales. El año concluyó con la aprobación de una tercera reforma tributaria, más agresiva que las anteriores.

Muy pronto, los altos funcionarios del gobierno, miembros también del Comité Político del PLD, iniciaron una frenética campaña por la reelección presidencial. Se recuerda que en la reforma constitucional de 1994, la reelección presidencial consecutiva quedó prohibida, pero fue restablecida en la reforma del mes de julio de 2002 durante el gobierno de Hipólito Mejía. En realidad se trató de una vuelta al pasado, de un retroceso político e institucional que originó, en parte, la derrota electoral y la división del PRD en el año 2004 y, desde luego, esa contra reforma despertó también la ambición reeleccionista del Presidente Fernández de cara a las elecciones de 2008.

 

Las elecciones presidenciales de 2008

Las elecciones presidenciales de 2008 fueron precedidas por procesos convencionales en los partidos y agrupaciones políticas. En el PLD asomaron algunos dirigentes que buscaban competir con el Presidente y líder de ese partido. El más decidido de ellos fue Danilo Medina, ex candidato presidencial en las elecciones del año 2000. Medina había sido alto funcionario de los gobiernos de Leonel Fernández y hombre de su entera confianza, pero renunció a la Secretaría de Estado de la Presidencia el 7 de noviembre de 2006 y el 13 de diciembre le anunciaba al país que buscaría la candidatura presidencial por su partido. Valiente decisión que lo llevó a enfrentar al Presidente Fernández y toda la parafernalia estatal.

La campaña interna en el PLD tomó un giro que amenazaba su unidad interna. Los altos funcionarios del gobierno, algunos de ellos presidenciables, declinaron sus aspiraciones y se sumaron al tren de la reelección, mientras 12 senadores y 49 diputados del PLD apoyaron a Danilo Medina. En el acto donde Leonel Fernández defendió su derecho a la reelección, celebrado el 25 de marzo de 2007, el historiador y alto dirigente del PLD, Euclides Gutiérrez Félix dijo que nunca había escuchado al ex Presidente Juan Bosch criticar la continuidad en el poder de líderes de la talla de Fidel Castro o Ho Chi Ming. Esas declaraciones del funcionario y dirigente político las rechazó el Presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, Hatuey De Camps, en un extenso artículo publicado en el Listín Diario el 3 de abril, donde presentó una amplia documentación reveladora de que Bosch siempre objetó la reelección presidencial. Medina, por su parte, se quejaba de "la campaña despectiva" desplegada por sus compañeros de partido durante el proceso interno.

En las primarias internas del PLD, celebradas el domingo 6 de mayo de 2007, Fernández ganó la nominación presidencial con 403,577 votos a su favor, para un 71.55 por ciento, mientras Medina obtuvo 160,505 sufragios, para un 28.35 por ciento, en un proceso donde se usaron todos los resortes del poder. "El Estado se impuso, numéricamente ganó el Estado", fueron las frases lacónicas usadas por Medina para justificar su derrota ante sus seguidores. Fernández fue proclamado oficialmente el 27 de enero de 2008 candidato presidencial del PLD en un acto público celebrado en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

Por su parte, el PRD había escogido al ingeniero y hombre de negocios Miguel Vargas Maldonado candidato Presidencial, en una convención celebrada el 28 de enero de 2007. Vargas Maldonado derrotó a la doctora Milagros Ortiz Bosch con cerca del 80 por ciento de las votaciones. Ortiz Bosch era la pre candidata de la "Corriente Unitaria", que agrupó a los demás presidenciables del PRD, mientras Vargas Maldonado se agenció el apoyo de la facción de ex Presidente Mejía. En tanto que el Partido Reformista Social Cristiano había elegido al señor Amable Aristy Castro su candidato presidencial, quien sería proclamado el 3 de agosto de 2007. El cuadro electoral quedaría completado con la escogencia de otros cuatros candidatos presidenciales por parte de agrupaciones políticas minoritarias.

Leonel Fernández gozaba aún de mucha popularidad. El pueblo seguía ilusionado con sus promesas y su capacidad histriónica. Le favorecía también el hecho de que la propaganda oficialista siempre satanizó a los gobiernos del PRD, en especial la administración de Hipólito Mejía. Nadie duda de que aún estaba en su mejor momento político. Su segundo gobierno exhibía la estabilidad macroeconómica, la baja inflación, la estabilidad de la moneda y el crecimiento económico como sus mejores éxitos. Anteriormente había sorprendido al país con el anuncio de la construcción del primer Metro subterráneo del Caribe y numerosas obras de infraestructura. Cada obra pública construida en su segundo gobierno la hacía con financiamiento externo, de gran impacto en el aumento de la deuda externa. Entre septiembre de 2004 y diciembre de 2006, el Congreso le aprobó tres reformas tributarias que elevaron los impuestos al consumo y le aportaron al fisco más de 80 mil millones de pesos. Le favorecía también las divisiones y las deserciones internas en los dos principales partidos de la oposición.

Sin embargo, cada reelección presidencial ha resultado muy costosa y traumática para la sociedad dominicana. Los presidentes reeleccionistas han recurrido a numerosas trampas y maquinaciones para retener el poder sin observar un ejercicio ético, plural y decente de la actividad política. Casi siempre controlan todos los poderes públicos, presionan a los sectores económicos hasta arrodillarlos ante sus pies; estimulan el transfuguismo, la sonsaca y la división de sus adversarios; recurren al vergonzoso espectáculo del clientelismo, o la compra de la conciencia ajena; invaden los espacios públicos y los medios de comunicación con su propaganda ruidosa y repetitiva hasta el cansancio; averiguan todas las debilidades y las "indelicadezas" de sus contrarios para descalificarlos ante la opinión pública; en fin, son muy variadas las prácticas aberrantes de los presidentes que buscan continuar en el poder al precio que sea, caiga quien caiga.

En la campaña electoral de 2008, que se aceleró a partir de febrero, las encuestas independientes siempre reflejaron las ventajas del candidato-presidente, pero nadie daba por seguro su la victoria electoral. Para retener el poder en la primera vuelta, los estrategas del PLD apostaron a los siguientes cinco aspectos esenciales:

a)Desmembrar al PRSC hasta reducir su votación a no más de un 5 por ciento;

b)Neutralizar, o comprar, a 300 mil simpatizantes del PRD;

c) Incrementar los programas asistencialistas del gobierno;

d) Descalificar al principal candidato de la oposición mediante campaña sucia o negativa, y

e) Producir un nivel de propaganda política-electoral muy próximo a la saturación.

Lograr esos cinco aspectos de la estrategia electoral del PLD y su candidato no era difícil, siempre que se contara con la principal logística que era y sigue siendo el dinero público. Con relación al PRSC, "la meta era fácilmente alcanzable, porque sus dirigentes nunca se han movido por ideales, y encuentran natural irse de un lugar a otro, siempre que haya cargos o dinero, o ambos a la vez", según la opinión de Carlos Beicochea, un asesor colombiano, experto en fraudes electorales, contratado por el PLD.

En efecto, revisando las páginas de los periódicos, que diariamente van contando la historia, podemos hacer una breve cronología sobre las "renuncias" y los "desprendimientos" de altos dirigentes del PRSC que se fueron "pasando" a la locomotora sin rumbo de la reelección. El primero en anunciar su respaldo al continuismo fue Héctor Rodríguez Pimentel, en un acto celebrado el domingo 3 de febrero en el "Club San Carlos" de la capital. Allí se dieron cita destacados dirigentes nacionales y provinciales del PRSC que no aceptaron al candidato oficial de su partido. Al hacer uso de la palabra, Leonel Fernández se definió asimismo "representante de las fuerzas históricas del balaguerismo". El siguiente en dar el paso sería Johnny Jones, acompañado de su familia y dirigentes de su partido. Jones anunció su integración el 13 de marzo en un encuentro realizado en su residencia; allí el candidato reeleccionista dijo: "Yo a veces siento que el elogio mayor que algunas personas quisieran tributarme, es decirme: usted se me parece a Balaguer, usted se parece a Balaguer". El viernes 28 de marzo, altos dirigentes de la marca PRSC, encabezados por Carlos Morales Troncoso, Leonardo Matos Berrido, Margarita Álvarez (viuda Peynado), Humberto Salazar y Arístides Fernández Zucco, anunciaron la formación del "Consejo Presidencial Reformista" para apoyar la reelección del Presidente Fernández. Tres días después, Alexandra Izquierdo, líder del "Consejo Electoral Reformista", también se adhirió al continuismo, al igual que la familia de Miguel Ángel Cotes Morales, sus parientes y amigos, quienes se sumaron el 5 de mayo, el mismo día en que la "Sociedad Patriótica Amigos de la República", encabezada por lo más rancios dirigentes del balaguerismo anunciaban su apoyo al Presidente Fernández. Así, la estrategia de descuartizar al PRSC resultó tan exitosa que ese partido apenas obtuvo 187,645 votos, para un 4.59 por ciento, su votación más baja hasta entonces.

El segundo aspecto de la estrategia reeleccionista era neutralizar, o comprar, a 300 mil miembros y simpatizantes del PRD. El primer golpe en ese sentido se anunció el 18 de septiembre de 2007, cuando numerosos dirigentes del PRD, de varias provincias, anunciaron la formación de la "Unidad Nacional con Leonel", integrada por los ex senadores Alejando Santos, de Salcedo; Sucre Muñóz, de Barahona; Dignócrates Pérez (alias Santico), de Pedernales; Francisco Bautista, de Elías Piña; Félix Rodríguez, ex presidente del Comité Municipal del PRD en San Francisco de Macorís; el ex diputado Carlos Lalane, entre otros. El 12 de febrero de 2008, otro numeroso grupo de dirigentes del PRD anunciaron su adhesión a la reelección de Fernández, pero a través del Bloque Institucional Socialdemócrata.

Durante la campaña electoral, continuaron las denuncias de la oposición acusando al gobierno de estimular el transfuguismo, la sonsaca y la ubicación de activistas para retenerle sus cédulas de identidad hasta después de las votaciones. Al enterarse de esas acciones, el candidato del PRD, Miguel Vargas Maldonado, calificó al Presidente Fernández de ser "un mercader sin escrúpulos".  Se recordará que el 25 de marzo de 2008, el señor Franklin Almeyda, director electoral de campaña del PLD y Secretario de Estado de Interior y Policía, afirmó que su partido disponía de un sofisticado sistema de información electoral que le permitía saber por cuál partido sufragará cada ciudadano en las esperadas elecciones presidenciales.

 El tercer punto de la estrategia oficialista consistió en incrementar los programas asistencialistas del gobierno a favor de segmentos poblacionales pobres. Los programas sociales se iniciaron tímidamente en los últimos meses del gobierno de Hipólito Mejía, pero se incrementaron durante el segundo gobierno de Fernández, llegando a beneficiar a casi 600 mil personas de escasos recursos económicos. Era el mayor esquema clientelar jamás visto en el país, aplicado en los centros urbanos de mayor concentración de votantes. No se incluyeron en los programas de ayuda económica, los repartos de alimentos, canastas y regalos de enseres domésticos que los camiones del Plan Social de la Presidencia hacían en las giras proselitistas del Presidente. Tampoco los fondos derrochados por los legisladores a través del "barrilito" y el "cofrecito".

Entre el 5 y el 12 de abril de 2008, el periódico HOY publicó dos reportajes, veraces y contundentes, escritos por el periodista Juan Bolívar Díaz que revelaban hasta dónde llegaba el ventajismo y el derroche de los fondos públicos a favor del candidato reeleccionista y los dirigentes y militantes del PLD. Ambos reportajes estaban basados en un amplio legajo de documentos divulgado en la televisión por la periodista Nuria Piera que daban cuenta de que en diversas instituciones del Estado existían unas nominillas ocultas, llamadas "Nómina CB", que pagaban salarios de 3 y 4 mil pesos mensuales a más 42 mil presidentes de comités de base del PLD, que en esos años implicaron más de 5 mil millones de pesos provenientes del erario. Ante las evidencias de la denuncia, el Presidente  Fernández la justificó, alegando que "el gobierno se cae cuando no puede incorporar a gente de la sociedad a algún mecanismo de supervivencia".

 Los subsidios a los combustibles y la electricidad, más los diversos programas de ayuda económica directa, absorbieron más de 70 mil millones de pesos del Presupuesto Nacional durante el año 2008.

El cuarto aspecto de la estrategia electoral del PLD era desacreditar al principal candidato de la oposición recurriendo a la campaña sucia, o negativa. La campaña para restarle méritos al contrario empezó en  enero con el escándalo que provocó en España el "caso Marbella". Ante el interés del partido gobernante de vincular al candidato del PRD con el caso, Vargas Maldonado retó a Leonel Fernández a debatirlo públicamente, ocasión en la que ambos candidatos deberían explicarle al país el origen de sus grandes fortunas. Vargas dijo que quien tenía relación con el escándalo de corrupción estatal ocurrido en España era Fernández, a quien no le reconocía "ningún tipo de acción productiva en sus años de vida".

De inmediato, el Comité Político del PLD exigió a Vargas Maldonado que le explicara al país "la genialidad de haber construido una casa en La Romana, valorada en 800 millones de pesos mientras se desempeñaba como Secretario de Obras Públicas" durante el gobierno de Hipólito Mejía. También emplazaron al candidato del PRD a que dijera cómo adquirió, por un (1) millón de pesos, 577 mil metros cuadrados de terrenos en una área protegida de El Limón, en Samaná y que luego vendió al Estado dominicano por 12 millones de dólares; o la compra del "Hotel Hispaniola" por la "irrisoria" suma de 16.5 millones de dólares para venderlo después a un grupo de inversionistas españoles por 23 millones de dólares.

Ante tan duras acusaciones, el PRD presentó fotografías y documentos en los que el señor Nelson Solano Guzmán, un hombre acusado de tráfico de heroína y extraditado a Estados Unidos en 2006, aparecía junto a Fernández en una residencia de Puerto Plata, quien, además, había sido beneficiario de una supuesta concesión para construir la carretera Santo Domingo-San Cristóbal-Baní. Los voceros del PLD negaron la acusación y ripostaron que era Miguel Vargas Maldonado quien debía explicarle al país su vinculación con un caso de narcotráfico que se ventilaba en una corte de Miami, en Estados Unidos.

En el período de la campaña electoral, la propaganda mediática del PLD se enfocó también en vincular al candidato del PRD con la pasada gestión de gobierno de Hipólito Mejía. La publicidad política del PLD siempre satanizó la administración del ex Presidente Mejía. Todas las angustias de los dominicanos eran de su exclusiva responsabilidad. Por tanto, un eventual triunfo de Vargas Maldonado significaría la vigencia del gobierno satánico de Mejía, al cual le había servido Vargas Maldonado en su condición de Secretario de Obras Públicas. Había pues que mantener vivo en el imaginario popular los aspectos más negativos del pasado gobierno perredeísta. Para alejarse de tal asociación, el candidato del PRD y su equipo de campaña concibieron la idea de reemplazar la marca PRD, su bandera blanca, sus siglas, su jacho prendío y sus 'viejos robles', por la imagen juvenil, fresca y sonriente del candidato, que se 'vendía' con las siglas MVP, un  acrónimo en inglés muy popular entre los fanáticos del béisbol de las grandes ligas. Al final de la campaña, los estrategas del candidato opositor trataron de remediar esa distorsión, pero ya era tarde.

La campaña de las descalificaciones entre los voceros de ambos candidatos continuó hasta unos días antes de las elecciones. Nuevas vinculaciones con el narcotráfico, de operaciones financieras dudosas, de compras y ventas de propiedades, de cancelaciones de visados y de pasquines difamatorios que circularon a través de correos electrónicos y redes sociales seguían formando parte del "marketing electoral" de los candidatos con mayores posibilidades de triunfo.

En su discurso de cierre de campaña, pronunciado en la cabecera del puente "Francisco del Rosario Sánchez" de la capital, el Presidente Fernández mostró al público allí reunido una versión ampliada de la "Tarjeta Solidaridad" que Vargas  Maldonado y su comando de campaña habían impreso y distribuido entre miles de sus seguidores. El candidato reeleccionista pidió a la gente romper y tirar a la basura la "falsa" tarjeta por considerarla un engaño.

En respuesta a tan duros ataques de Leonel Fernández, Vargas Maldonado respondió, dos días después, en su mitin de cierre de campaña con las siguientes palabras:

"Para compensar por el aumento del costo de la vida..., la Tarjeta Solidaridad comenzará a entregar 2 ml pesos mensuales a cada beneficiario. Todos aquellos que han recibido la tarjeta "Miguel Vargas" que les hemos entregado, guárdenla. Con esa tarjeta, recibirán la ayuda del gobierno a partir del 16 de agosto próximo.

"El pasado lunes (13 de mayo), esa tarjeta fue pisoteada por el candidato reeleccionista. Entiendo su reacción; él no la necesita, ni la necesitará después del 16 de agosto.

"Ningún ex presidente del mundo tiene una Fundación más multimillonaria que la exhibida por quien, en 92 días, se convertirá en ex Presidente de la República Dominicana. A diferencia de él, que ha incumplido todo lo que prometió, yo, Miguel Vargas, siempre he cumplido mis compromisos. La tarjeta que he entregado es un compromiso con los pobres y lo voy a cumplir.

"Si el candidato reeleccionista quería pisotear algo, por la irritación que le produce la inminencia de su derrota, entonces debió pisotear la falta de transparencia en la construcción del Metro de Santo Domingo por 40 mil millones de pesos, por cuyos vagones pagamos un sobreprecio de 2,200 millones; debió pisotear también, la compra sin licitar, de aviones Tucanos al Brasil por 3,100 millones; o las nominillas que han consumido 20 mil millones, para pagar sin trabajar, a todos los presidentes de comités de base y de comités intermedio del PLD; o la  sobrevaluación del edificio de la Suprema Corte de Justicia por 1,047 millones; o el escandaloso préstamo con la Sun Land para la Policía por 4,500 millones; o el uso desconocido dado a los 25 mil millones de Petrocaribe; o el oscuro contrato con la ENADE por 15 mil millones; o el escandaloso contrato de la Isla Artificial por 5 mil millones; o la asignación de contratos y obras a un narcotraficante de heroína por 5 mil millones de dólares; o las comisiones de 2,100 millones estipuladas en el contrato de la planta de carbón con la Sichuan; y debió pisotear también, la desaparición de los 130 millones de dólares, del préstamo clandestino con la Sun Land. Eso fue lo que debió pisotear. ¡Pero nunca una tarjeta que va a beneficiar, en nuestro gobierno, a 600 mil familias pobres!".

En su afán por retener el poder a cualquier precio, el quinto y último aspecto de la campaña del Presidente Fernández y el PLD consistió en producir un nivel de propaganda política y electoral muy próxima a la saturación. La mayoría de las emisoras, los programas de televisión, incluyendo los canales intervenidos por el Estado, la propaganda gráfica, los interactivos, las páginas de los periódicos, las redes sociales y los correos electrónicos fueron copados por una amplia red de voceros, analistas, comentaristas y articulistas al servicio de la reelección.

Un informe del movimiento cívico Participación Ciudadana, difundido el 15 de mayo de 2008, resumía que el PLD y las instituciones del gobierno habían gastado en publicidad política más del 73 por ciento de las inversiones totales hechas por los partidos políticos en ese reglón. De los 871.4 millones de pesos gastados en publicidad política en la campaña electoral, el PLD gastó, según el informe, 282.3 millones, para un 34.07 por ciento; las entidades públicas al servicio de la reelección gastaron 368.3 millones, para un 39.31 por ciento, sumando más del 73 por ciento; mientras el PRD gastó 123.1 millones, para un 14.85 por ciento, seguido del PRSC con gastos de 69.7 millones, para un 8.42 por ciento. De los canales de televisión intervenidos por el Estado, el PLD absorbió el 91 por ciento de la publicidad, mientras la cadena radial del PLD la integraban 120 emisoras, contra 34 del PRD.

La estructura de campaña del PLD estaba integrada por los más encumbrados funcionarios del gobierno, quienes conminaban a sus empleados a asistir a las actividades reeleccionistas. Un editorial del periódico El Día, del 9 de mayo, titulado "Un espectáculo vergonzoso", daba cuenta de que 'una turba' había confrontado el día anterior "a los militares que trabajan en la seguridad del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRI) para reclamar que le sean entregados cinco galones de gasolina a cada uno y sus 'dietas', entre 1,500 y 2,000 pesos, para asistir a las actividades del Presidente Leonel Fernández".  

Además, el PLD compró el apoyo de doce agrupaciones políticas minoritarias que revivieron el "Bloque Progresista". Tenía el respaldo además de 614 movimientos de apoyo, de grupos muy influyentes del PRSC y de numerosos dirigentes provinciales del PRD que se sentían "marginados" y "maltratados" por la alta dirigencia de ese partido.

Mientras la propaganda reeleccionista intoxicaba a la opinión pública, el Presidente Fernández montó todo un espectáculo con la inauguración del Metro de Santo Domingo. Después de la acostumbrada rendición de cuentas que los mandatarios dominicanos deben hacer cada 27 de febrero ante las cámaras legislativas, el mandatario se dirigió a la estación del Centro de los Héroes para subirse al "tren del progreso". La mega obra aún no estaba terminada, pero la necesidad política de dar un golpe de efecto ante la opinión pública estaba por encima de ciertos retrasos y los vagones del tren empezaron a pavonearse de un lado a otro sobre los rieles. Era conducido por un sonriente y eufórico Presidente, acompañado de un amplio séquito de funcionarios e invitados especiales. El debut se hizo en el mejor de los momentos y se convirtió en un arma de guerra con miras a la batalla final. Y mientras el presidente- candidato hacía el primer recorrido, Vargas Maldonado se movilizaba en el interior, denunciando que el Metro "le quitó 40 mil millones de pesos a las provincias del país".

Era muy difícil que en medio de tantas circunstancias adversas el PRD y su candidato presidencial ganaran las elecciones. La mayoría del país todavía creía en Leonel Fernández. Su política de construir voluntades favorables a costa del erario se reflejaba en las encuestas independientes que lo situaban muy cómodo en la primera posición. Le favorecía además que el PRD seguía dividido y ya sumaba dos derrotas electorales consecutivas. De manera que la suerte estaba echada y sólo había que esperar el escrutinio de las votaciones.

Con la presencia de cientos de observadores nacionales y extranjeros y un padrón de 5.764,986 millones de votantes, distribuidos en 13,075 Colegios Electorales, las elecciones del viernes 16 de mayo de 2008 transcurrieron con relativa calma, a pesar de algunos incidentes y actos represivos del gobierno contra ciertos personajes de la oposición. Los resultados fueron los mismos pronosticados por las cuatro firmas encuestadoras de mayor credibilidad. De los votos válidos emitidos, el PLD y sus aliados obtuvieron 2,199,734 votos, para un 53.83 por ciento; el PRD y aliados 1,654,066 votos, para un 40.48 por ciento; el PRSC 187,645 votos, para un 4.59 por ciento; el PRSD y aliados, que postularon a Eduardo Estrella, 19,309 votos, para un 0.47 por ciento; el PRI, que postuló a Trajano Santana, 1,533 votos, para un 0.04 por ciento; el MIUCA, que presentó a Guillermo Moreno, 18,136 votos, para un 0.44 por ciento; en tanto que el PAP, que llevó a Pedro de Jesús Candelier, cosechó 6,118 votos, para un 0.15 por ciento. La abstención fue de 1,650,743 electores, para un 29 por ciento.

Jamás se podrá establecer con precisión el costo real de la reelección presidencial de 2008. Las versiones de los economistas oscilan entre  los 70 mil y los 220 mil millones de pesos, sacados de los fondos públicos. Para establecer un costo aproximado, habría que ver a cuánto ascendió la congelación de los precios de los combustibles y la tarifa eléctrica durante los seis meses de la campaña. Se recuerda que el gobierno decidió absorber los aumentos en los precios internacionales de los derivados del petróleo para no afectar a la población mientras durara la campaña electoral. Además habría que estudiar el monto de los subsidios a granel otorgados por el gobierno a favor de cientos de miles de familias pobres. También los gastos en publicidad y propaganda, en nominillas ocultas, en las "Nóminas CB", en el "barrilito, el "cofrecito", en la compra masiva de opositores, en contratos de obras fantasmas, en los gastos excesivos y acelerados del Metro y otras orgías financieras hechas sobre el cadáver de la patria.

Los informes y las evaluaciones del proceso electoral abundaron también tan pronto todos los participantes aceptaron, con evidente resignación, sus resultados. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) rindió un amplio informe al respecto y entre sus conclusiones se resalta el aspecto central del fraude electoral de 2008, que fue "la utilización de recursos del Estado por parte del Poder Ejecutivo para favorecer la reelección del candidato oficialista". No hubo pues en aquellas elecciones una expresión libre de la voluntad popular, sino la expresión de una voluntad comprada por el uso masivo y sin escrúpulos de los recursos públicos.

 

Tercer período de gobierno y reforma constitucional

Leonel Fernández acababa de reelegirse y el 16 de agosto de 2008 inició su tercer período de gobierno, considerado el más desastroso en los aspectos sociales, económicos, financieros, éticos e institucionales. En su extenso discurso de juramentación reconoció que en 1978, con la victoria electoral del PRD, se inició el actual ciclo democrático que vive América Latina. A pesar de "los vientos huracanados" que soplaban desde el exterior, volvió a resaltar los éxitos de su segundo gobierno en algunos aspecto de la economía. Dijo que la economía dominicana había crecido más de un 9 por ciento en los últimos años; que en vez de déficit, hubo superávit en el año 2007 de un 0.1 por ciento con relación al Producto Interno Bruto (PIB); que la inflación promedio del período fue de un 7.1 por ciento; que se produjeron "reducciones históricas" en las tasas de interés; que hubo estabilidad de la tasa de cambio; que el flujo de capitales y la inversión extranjera aumentaron las reservas internacionales del Banco Central; que el déficit cuasi fiscal de esa institución se redujo de un 3.6 por ciento en 2004, a un 1.8 por ciento con relación al PIB, al igual que el gasto social del gobierno, que pasó de un 7.5 por ciento en 2004, a un 9.1 por ciento en 2007.

En su discurso analizó la crisis global que abatía al mundo industrializado, destacando los altos precios del petróleo y de los alimentos, las turbulencias en los mercados de capitales, la caída abrupta del sector hipotecario, especialmente en los Estados Unidos; factores que condujeron "a una desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial". Para mostrar el impacto que los altos precios del petróleo habían tenido en la economía dominicana, dijo que la factura petrolera del país pasó de 1,667 millones de dólares en 2004, a 6,500 millones en 2008. Aunque el pronóstico relacionado con el monto final de la factura petrolera al cierre del año 2008 resultó fallido, porque fue mucho menor, el interés del reelecto Presidente era resaltar el contraste entre la situación calamitosa de la economía global con el buen desempeño de la economía nacional en el último cuatrienio.

Por supuesto que el Presidente Fernández no se refirió en su discurso a las tres reformas fiscales aprobadas en su segundo gobierno, ascendentes a más de 80 mil millones de pesos; no se refirió a los 670 millones de dólares recibidos, producto del acuerdo con el FMI firmado el 31 de enero de 2005; tampoco hizo mención de la renegociación de la deuda externa del país llevada a cabo en ese año ascendente a 344 millones de dólares; olvidó los 300 millones de dólares de los bonos soberanos colocados en el mercado internacional en enero de 2006; no mencionó el incremento de la deuda pública externa, que pasó de 6,379.77 millones de dólares en 2004, a 8,322.8 millones de dólares en 2008; habló, eso sí, del superávit fiscal del 2007, pero "olvidó" el déficit fiscal de 2008, ascendente a 56 mil millones de pesos.

Un aspecto esencial de la economía dominicana, que nunca aparece en las estadísticas oficiales, pero que ejerce un fuerte impacto en el crecimiento económico, es la llamada economía subterránea, vinculada al lavado de activos, casi siempre proveniente de la corrupción administrativa y del narcotráfico internacional, un negocio sucio que ha registrado en los últimos doce años un auge sin precedentes en el país. Rara será la ocasión en que la clase política y los economistas se refieran al impacto de las actividades ilícitas en la economía, principalmente en el sector inmobiliario, donde los grupos mafiosos hacen fuertes inversiones que contribuyen a dinamizar otras actividades económicas.

Más adelante, el Presidente Fernández enumeró en su discurso los aspectos del "Programa Macroeconómico de Mediano y Largo Plazo" que su tercer gobierno se proponía ejecutar en los siguientes cuatro años. No nos corresponde analizarlos este apartado, pero sí diremos que habló también de los "anhelos" de "una revolución democrática" que consistía "en la construcción de un Estado moderno, transparente, con equidad de género y eficiente, al servicio de los ciudadanos". Ya en su período anterior se había logrado, según sus palabras, "una de las reformas más profundas de la historia nacional en el área de la administración" pública, con la aprobación de once leyes orgánicas que mejoraron la eficiencia y la transparencia de algunas instituciones estatales.

A la "revolución democrática" debía seguirle una "revolución moral". De nada servirían las reformas "si al mismo tiempo no logramos prevenir, perseguir y castigar esa hidra de siete cabezas" que es la corrupción pública, "que erosiona la credibilidad y legitimidad del sistema político democrático". La "revolución moral" que anunció el Presidente Fernández implicaba una política de "cero tolerancia frente a la corrupción", que establezca como norte "el sentido de la ética, la integridad y la transparencia".

Y entre las reformas políticas pendientes estaban la unificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales, la reforma del sistema electoral, la ley de partidos políticos y la nueva reforma constitucional. Para la aprobación de las reformas políticas era necesario "un gran consenso nacional". En ese sentido, abogó por un pacto "entre los distintos sectores políticos del país para debatir y aprobar el Proyecto de Reforma Constitucional, que luego de una masiva, democrática y entusiasta Consulta Popular, tendré el honor de someter, durante los próximos días, por antes nuestras cámaras legislativas".

Se recuerda que el Presidente Fernández había emitido el 3 de agosto de 2006 un decreto, donde designaba una comisión de juristas con la misión de elaborar, mediante consultas públicas, un anteproyecto de reforma constitucional. Algunos de los expertos constitucionalistas designados, renunciaron después, alegando que las principales propuestas debatidas y aprobadas en las consultas populares ya realizadas, habían sido eliminadas. Entre las propuestas aprobadas en las consultas hubo una que cambiaría por completo el procedimiento a seguir para futuras reformas constitucionales. El Presidente Fernández creía en la modificación constitucional siguiendo la vieja forma de la Asamblea Revisora, en tanto que algunos expertos constitucionalistas abogaron por la Asamblea Constituyente, un procedimiento más avanzado, más democrático, más plural y más participativo que la Asamblea Revisora. El anteproyecto fue entregado al mandatario el 9 de abril de 2007, pero sería el 18 de septiembre de 2008, casi un mes después de iniciarse su tercera administración, cuando lo envió al Congreso Nacional, donde permaneció más de un año esperando el debido consenso entre las élites políticas para su aprobación.

El PLD y sus aliados no tenían los votos necesarios para imponer la nueva reforma constitucional. En las elecciones parciales de 2006, el PLD obtuvo 22 senadores y 96 diputados; el PRD ganó 6 senadurías y 60 diputaciones, mientras el PRSC obtuvo 4 senadores y 22 diputados. De acuerdo al artículo 118 de la Constitución vigente, era necesario que la nueva reforma se aprobara con la mayoría de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, compuesta por la sumatoria de 32 senadores y 178 diputados. De los 210 miembros que integraban la Asamblea Nacional, el PLD tendría 118, el PRD 66 y el PRSC y 26 asambleístas. Era necesario contar con 144 votos permanentes en la Asamblea Nacional para aprobar todas las reformas sugeridas, algo imposible si tomamos en cuenta que en los tres partidos existían grupos políticos con distintos intereses.

La reforma constitucional permanecía en el limbo hasta que el 14 de mayo de 2009, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, firmaron el "Pacto de las Corbatas Azules" en el Hotel Jaragua de Santo Domingo. En una "declaración conjunta en torno a la reforma constitucional", ambos líderes, en sus cualidades respectivas, de Presidente de la República y de ex candidato presidencial del PRD, acordaron proponer a la Asamblea Revisora siete temas relacionados con la nacionalidad, la congelación de la matrícula de los miembros de la Cámara de Diputados, la elección de legisladores dominicanos residentes en el exterior, la elección de diputados por representación nacional, la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en un mismo año; establecer las disposiciones constitucionales necesarias para la modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y restablecer la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.

De esa manera, el Presidente Fernández logró que la Asamblea Nacional se convirtiera en Asamblea Revisora y aprobara, sin mayores contratiempos, una nueva y voluminosa Constitución que resultó ser un traje a la medida para el mandatario que ya había concebido la idea de perpetuarse en el poder sin importar las consecuencias, los medios y los compromisos. Miguel Vargas Maldonado aún no el Presidente del PRD, pero tenía el control casi absoluto de sus diputados, síndicos y la mayoría de su Comisión Política. Él era el dueño, el jefe del PRD en aquel momento porque la incidencia de Hipólito Mejía se había desvanecido mucho. Leonel Fernández sabía que sin el concurso de los diputados del PRD, su reforma constitucional no pasaría en la Asamblea Revisora y jamás volvería a ser Presidente. Además, su gobierno vivía un mal momento, con el pueblo tirado en las calles levantando reivindicaciones muy sentidas por todo el espectro social. El pacto con su rival en la campaña electoral de 2008 no era conocido en el PRD, ni siquiera por el ex Presidente Mejía. Tampoco fue discutido ni aprobado previamente por los organismos competentes del  partido. Al firmar el pacto con Leonel Fernández, Vargas Maldonado jamás imaginó que rehabilitaría políticamente al ex Presidente Hipólito Mejía y dejaba abierta la posibilidad para que el Presidente Fernández optara por volver a la presidencia en futuras elecciones.  La nueva Constitución, de 277 artículos y 19 "disposiciones transitorias", sería promulgada el 26 de enero de 2010. Se reconoce que posee aspectos avanzados, algunos retrógrados y otros que aún siguen siendo objeto de debates.

En la decimosegunda disposición transitoria se estableció que "todas las autoridades electas mediante el voto directo en las elecciones congresuales y municipales del año 2010, durarán en sus funciones hasta el 16 de agosto de 2016".

 

Las elecciones de 2010 o "la guerra de los seis años"

En las elecciones intermedias de 2010 se libró una batalla llamada "la guerra de los seis años" porque las autoridades electas permanecerían en sus cargos hasta el 16 de agosto de 2016, conforme quedó establecido en la nueva Constitución. Ser senador, diputado, síndico o regidor durante seis años era un privilegio difícil de renunciar, de manera que luchar e invertir grandes sumas de dinero para conquistar un cargo despertó grandes apetencias personales y mucho interés de las élites políticas por controlar importantes resortes del poder estatal.

Para el Presidente Fernández era vital que su partido "barriera" en los comicios del 16 de mayo de 2010 para eliminar el poder de veto de la oposición en el Congreso, o porque aún estaba pendiente la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un órgano colegiado, encargado, según la nueva Constitución, de nombrar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, en tanto que las nuevas cámaras legislativas nombrarían a los jueces de la Junta Central Electoral, a los integrantes de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

El viernes 23 de abril, en horas de la tarde, el Presidente Fernández andaba en campaña por Puerto Plata, como parte de los recorridos que hizo por todo el país apoyando a los candidatos provinciales y municipales de su partido. En la noche vaticinó que el PLD ganaría las 32 curules del Senado de la República. Sus declaraciones buscaban condicional a la opinión pública de que ganaría todas las senadurías para que nadie alegara ignorancia a la hora de los resultados. Toda la estrategia del oficialismo se focalizó en ganar las 32 senadurías del país. Con relación a los diputados, síndicos y regidores, el plan era ganar la mayor cantidad posible, porque resultaba imposible impedir que los demás partidos no obtuvieran algunos representantes locales debido a que el sistema electoral permitía que un partido ganara la senaduría, sin que ello implicara, por ejemplo, que el segundo partido más votado sacara por lo menos un diputado.

Ganar las 32 senadurías era vital para la nueva estrategia por dominar todos los órganos del poder estatal, garantizando así la permanencia del nuevo orden de corrupción e impunidad instaurado gracias a la construcción de una voluntad mayoritaria.

Para "arrasar" en las elecciones parciales de 2010, el Presidente Fernández volvió a "desguañangar" las finanzas públicas. El 3 de mayo, el economista Andrés Dauhajre hijo publicó en el diario El Caribe un artículo de opinión intitulado Dictadura con respaldo presupuestal. Veamos la síntesis demoledora que hizo el economista con relación al uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña electoral de ese año:

"Cada uno de los Ministros, con las cuentas del Presupuesto Nacional a su disposición, ha asumido la tarea de traer el triunfo en la provincia que le fue asignada. La aparición simultánea de los Comedores Económicos ambulantes y el Presidente en las provincias; el arreglo relámpago de calles días antes de la llegada del Presidente en su recorrido de apoyo a los candidatos del PLD; la presencia de los candidatos a senadores y síndicos de las provincias en la inauguración de obras; el uso de los vehículos, combustibles y personal del Estado para facilitar el transporte de la militancia peledeísta en las caravanas y actos de masas; la compra de dirigentes de la oposición con recursos del Presupuesto Nacional; el uso de las cuentas del Gobierno para forrar de arriba abajo las provincias y los municipios con vallas y afiches de los candidatos del PLD; el pago de dinero a los hogares de personas pobres para que permitan colocar en sus paredes exteriores, afiches de los candidatos a senadores, síndicos y diputados del PLD; la inundación de los canales de televisión, las estaciones de radio y los periódicos de anuncios del PLD y sus candidatos, pagados con recurso públicos y cargados a las cuentas de promoción, publicidad y propaganda del Gobierno; el  envío de decenas de patanas del Plan Social de la presidencia, con todo tipo de bienes para ser donados en las provincias, previo a la llegada del Presidente Fernández para crearle un buen ambiente al Presidente del PLD y sus candidatos, y otras veces, simultáneamente con la llegada del Presidente del principal partido político de oposición, con el objetivo de debilitar las actividades de campaña de los candidatos del PRD; el uso de periódicos y canales de televisión, en poder del Estado luego de la crisis bancaria del 2003 o capturados por la fuerte inversión publicitaria del Gobierno, para destacar "lo bueno del PLD" y "lo malo del PRD"; y el más perverso de todos: el uso de los recursos públicos en forma de efectivo y de electrodomésticos de todo tipo, para estimular a los pobres a que vendan su cédula a cambio de dinero del Estado o de la entrega de una nevera, una estufa, una televisión o cualquier otro electrodoméstico, como quedó comprobado recientemente en la provincia María trinidad Sánchez.

"A todo lo anterior debemos incluir el uso de los recursos del Estado para pagar a analistas y periodistas, por el servicio de defensa del Gobierno en todos los medios de comunicación escrita, radial y televisiva del país, lo que llevó a Juan Bolívar Díaz a plantear que "nunca hubo tantos reporteros, comentaristas y hasta presentadores de noticias asalariados del Estado".

En la campaña electoral de 2010 se repitió todo el esquema fraudulento ejecutado en las dos campañas inmediatas anteriores. Las votaciones transcurrieron con relativa calma, pero las denuncias de fraudes en numerosas provincias y municipios las hicieron incluso varios candidatos del PLD. Con un patrón de 6,116,997 electores, distribuidos en 13,250 Colegios Electorales, a nivel congresual se elegirían 32 senadores, 178 diputados, 5 diputados nacionales o por acumulación de votos y 20 diputados al Parlamento Centroamericano(PARLACEN). A nivel municipal se elegirían 155 alcaldes y vice alcaldes, 1,149 regidores y sus suplentes, 229 directores y subdirectores de distritos municipales y 715 vocales de distritos municipales, para un total de 4,016 cargos.

Esa cantidad representó un aumento de un 65 por ciento de nuevos cargos a elegir con relación a las elecciones congresuales y municipales de 2006. Así lo dispuso la Ley 176-07 y su modificación, la Ley 341-09, que aumentó los cargos de 2 mil 434 en 2006, a 4 mil 016 en 2010. Los nuevos cargos a elegir, en virtud de la Ley 341-09, fueron los 229 directores y subdirectores de igual número de distritos municipales y los 715 vocales de los mismos que serían electos por primera vez en virtud de la nueva ley de municipalidades. Además, se elegirían 44 nuevos regidores, 5 diputados nacionales y 20 al PARLACEN. Una disposición transitoria de la nueva Constitución relegó para las elecciones presidenciales de 2012 la elección de los 7 diputados que representarían a los dominicanos residentes en el exterior.

De los inscritos en el padrón electoral, 3,451,872 votaron en el nivel congresual, mientras 3,497,916 votaron  en el nivel municipal, para una diferencia de 46,044 votos a favor de las elecciones municipales. Los votos emitidos ascendieron a 3,451,368, mientras los votos válidos fueron 3,310,382. El PLD y sus aliados alcanzaron 1,804,727.00 de votos, para un 54.62 por ciento; el PRD y aliados, 1,384,256 votos, para un 41.89 por ciento. La abstención en ambos niveles de elección rondó el 44 por ciento.

Sin alianzas, el PRD obtuvo a nivel congresual 1,272,536 votos; a nivel municipal alcanzó 1,453,340 votos, para un total de 2,725,876 sufragios, superando la votación individual del PLD en ambos niveles con 40 mil 250 votos. Al resultar el partido más votado individualmente, el PRD recuperó la casilla número uno en la boleta de votación de las próximas elecciones.

En cuanto a la distribución de los cargos obtenidos, el PLD y sus aliados obtuvieron 2,132, para un 52.8 por ciento; el PRD y aliados 1,740, para un 43 por ciento; el PRSC 94, para un 2.3 por ciento; UDC, 31; MIUCA, 8; PPC, 6; PDI, 5; MIUP, 2 y ASD, 1. De los partidos que acudieron solos a las elecciones, el PRSD ganó 11 cargos; DxC, 3 y el PRI, 3. Vistos de otra manera, los resultados definitivos de la JCE, publicados entre el 2 y el 6 de julio de 2010, establecieron que el PLD y sus socios políticos, agrupados en el "Bloque Progresista", ganaron 31 senadores, 102 diputados, 92 alcaldías y 573 regidores; el PRD se quedó fuera del Senado, pero obtuvo 73 diputados, 57 alcaldías y 520 regidores; en tanto que el PRSC ganó un senador (sin alianza, en la provincia La Altagracia) y 31 regidores.

 Antes de que la JCE emitiera su resolución avalando los resultados definitivos de las elecciones, las denuncias de fraudes y las impugnaciones en numerosas provincias y municipios alborotaron la opinión pública. El esquema fraudulento ejecutado en las dos elecciones anteriores, volvió a funcionar a la perfección, dos años después. Usaron sin control todos los recursos del Estado para comprar lealtades. Las pruebas históricas de ese vendaval sin rumbo están en las páginas de ciertos diarios impresos y digitales que publicaron imágenes de personeros del oficialismo "tirando la puerta por la ventana". Asimismo, repitieron hasta el cansancio que ganarían en las 32 provincias, para condicionar a la opinión pública y restarle así impacto a las denuncias de fraudes que esperaban. En las provincias donde el PRD mostraba mayor fortaleza, montaron un operativo de compra masiva de cédulas en los últimos días de la campaña. Para el día de las votaciones, la JCE, controlada por el PLD, nombró como presidentes y secretarios de los Colegios Electorales a miles de activistas de ese partido para variar en las actas de votación la voluntad de los electores.

 Algunos de los jueces de la JCE se entregaron en cuerpo y alma a la estrategia del gobierno de impedir, a cualquier precio, que el PRD ganara por lo menos un senador. Nadie entiende cómo el partido más votado, que recuperó la casilla número uno en la boleta de votación, no ganara un senador. El PRD presentó las pruebas de los fraudes en provincias donde nunca había perdido unas elecciones. Hubo fraudes en Azua, en Independencia, en Dajabón, en San José de Ocoa, en La Vega y en Pedernales. El más inmoral, el más escandaloso, se ejecutó en Pedernales, donde, según el último boletín oficial, el candidato a senador por el PRD, Saturnino Espinal, había ganado. Ese triunfo, ese único triunfo, echaba por el suelo la estrategia del oficialismo; por tanto, había que buscar la forma de variar los resultados, sin guardar siquiera las apariencias. La "solución" estaba en el municipio de Oviedo, donde se difundió la noticia de que allí se habían anulado 119 votos. La Junta Electoral del municipio, en una sesión secreta, donde no participó el delegado del PRD, decidió validar parte de los votos nulos y de ellos le asignó 56 al PLD y 19 al PRD, con los cuales la ventaja de 23 votos que tenía el PRD fue anulada. Y así, por un acto de magia, vino a suceder que el PLD ganó la senaduría de Pedernales con una ventaja final de 14 votos.

Pero las denuncias de fraudes también las hicieron tres candidatos a diputados del PLD en la capital. El diputado Domingo Páez denunció haber sido víctima de una conspiración en la que estarían implicados miembros de su partido y el alcalde del municipio Santo Domingo Este, quienes "sobornaron a funcionarios de los Colegios Electorales y delegados políticos del PLD" para evitar su elección. Carlos Peña, que también aspiraba a diputado, denunció que fue víctima de una "mafia electoral" orquestada por compañeros de su propio partido para quitarle votos a su candidatura. De igual manera se pronunció Norma Molina, quien solicitó la revisión de las actas de varias mesas donde afirmó no le contaron sus votos.

Las pruebas de los fraudes y las numerosas impugnaciones sobre resultados electorales no impidieron que la Junta Central Electoral emitiera su veredicto final. El Presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario Márquez, estaba decidido a cumplir su misión en ese órgano. Él era miembro del Comité Central del PLD y fue nombrado en el organismo electoral para entorpecer los reclamos de los partidos de oposición. Él, al igual que otros jueces de la JCE, no disimulaban sus aspiraciones de formar parte de una de las tres nuevas cortes, cuyos miembros, muy pronto serían designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Los intentos reeleccionistas de Leonel Fernández

El mapa político de la República quedó teñido de morado después del 16 de mayo de 2010. Era la cuarta victoria consecutiva del PLD desde 2004. Haber ganado "la guerra de los seis años" despertó de inmediato las ambiciones reeleccionistas del Presidente Fernández. Mientras se apagaba la tea de la discordia por los fraudes electorales, pensaba en la escogencia del segundo miembro del senado que formaría parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Debido a que el PRD se quedó fuera  de ese organismo, había que escoger al único senador del PRSC que fue elegido sin alianza con el PLD. Ese senador era Amable Aristy Castro. El senador higüeyano ostentaba también el cargo de Secretario General de la Liga Municipal Dominicana y se pasó casi tres meses vacilando, pensando en si seguía al frente de la LMD o si se juramentaba como senador. La indefinición de Arristy Castro fue hábilmente aprovechada por el PLD, que tenía el control casi absoluto del Senado de la República. El 29 de septiembre de 2010 sorprendieron al país, designando al senador Félix Vásquez "representante del partido de la oposición que ostentaba la segunda mayoría" en ese cuerpo legislativo. Esa designación fue calificada por el Secretario General del PRSC, Ramón Rogelio Genao, de 'golpe bajo', 'palo acechao'; de 'desafortunada', de 'apresurada', recordando que el senador por la provincia Sánchez Ramírez había sido electo por la boleta electoral del PLD. Por su parte, Aristy Castro calificó la designación de su compatriota como "un atropello a la Constitución de la República", advirtiendo que elevaría un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El siguiente "golpe de efecto" era la designación de los cinco jueces de la Junta Central Electoral, el órgano encargado de organizar y dirigir las asambleas electorales del porvenir. Sus jueces, integrados por un Presidente y cuatro miembros, más sus suplentes, son designados "con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes", según el artículo 80, numeral 4, de la nueva Constitución. Con el PRD fuera del Senado, los senadores oficialistas, en su sesión del 6 de octubre de 2010, designaron a los cinco jueces electorales. Por sus "aportes" al "triunfo" electoral del PLD en las elecciones recién concluidas, Roberto Rosario Márquez fue ascendido de rango, al ser designado Presidente del máximo organismo, acompañado de otros cuatros miembros, dos de ellos de reconocida filiación política peledeísta. Si el PRD hubiese ganado varias senadurías, otra hubiese sido la composición de la JCE que organizará las elecciones de 2012.

El 30 de noviembre, el Senado nombró también a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas,  un organismo guardián y fiscalizador de los bienes públicos del país. La señora Licelot Marte de Barrios, del litoral reformista, fue ratificada Presidenta del organismo, junto a otros cuatro miembros que formaron parte de las ternas aprobadas previamente en la Cámara de Diputados. Al igual que en la JCE, el PLD aseguró la mayoría entre sus integrantes.

Mientras amarraba el control de las cámaras legislativas, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, una febril y precipitada campaña se abrió paso a favor de una nueva postulación del Presidente Fernández. Aún no habían acabado las denuncias de fraudes y las impugnaciones a las elecciones parciales de mayo, cuando a finales de junio aparecieron las primeras vallas publicitarias en la capital y en Santiago promoviendo otra reelección. En la medida que avanzaba el año, la campaña fue tomando cuerpo, mientras el mandatario respondía a los periodistas que lo cuestionaban al respecto que "el pueblo tendría la última palabra".

La Constitución de la República prohíbe en su artículo 124 la reelección presidencial consecutiva, pero la repuesta lacónica del Presidente de que la soberanía descansa en el pueblo, originó un gran debate nacional entre los defensores del continuismo mesiánico y los voceros de la sociedad civil, opuestos a que la nueva Constitución fuera violada por su propio progenitor. En sus primeros meses, el debate se centró en torno a si ese artículo tenía o no efecto retroactivo. Algunos pensaban que el Presidente Fernández podía optar por otro período presidencial en 2012 porque el mandato del artículo 124 sólo era aplicable para aquel que ocupara la presidencia a partir del período 2012-2016, olvidando que Leonel Fernández fue reelecto en 2008 con la anterior Constitución, en cuyo artículo 149 se establecía la posibilidad de la reelección presidencial por dos períodos consecutivos, pero prohibiéndole de por vida su derecho a volver a la presidencia o la vice presidencia de la República.

La opción de la "irretroactividad selectiva" era muy complicada y de seguro que crearía muchas tensiones en la sociedad dominicana. Los gestores del continuismo así lo entendieron, pero encontraron en la Constitución de 2010 nuevos argumentos favorables para sus propósitos. El 15 de octubre, el Presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Marino Vinicio Castillo, aliado del gobierno, planteó que un referendo decidiera la reelección del Presidente Fernández. La propuesta de Vinicio Castillo resultó muy interesante y al parecer estimuló aún más a los promotores de la reelección. El 10 de noviembre, 24 senadores anunciaron su respaldo al Presidente Fernández y en los primeros días de diciembre un nutrido grupo de ex dirigentes del proyecto presidencial de Danilo Medina se adhirieron a la fuerte vorágine del continuismo.

En su encuentro con periodistas y directores de medios de comunicación celebrado en el palacio presidencial el 20 de diciembre, Fernández descartó otra modificación constitucional que viabilizara una eventual reelección. Dijo que jamás intentaría modificar la Constitución para servirse de ella, pero expresó su simpatía con la idea del referéndum aprobatorio previsto en el artículo 272 de la nueva Constitución.

El año 2011 empezó con muchas asignaturas pendientes. En la Liga Municipal Dominicana fue electo, el 26 de enero, Johnny Jones nuevo Secretario General, en sustitución del renunciante Amable Aristy Castro.  Se recuerda que el nuevo encargado de la LMD y alto dirigente del PRSC apoyó la reelección del Presidente Fernández durante la campaña electoral de 2008. Los partidos políticos mayoritarios se preparaban para escoger temprano, en primarias internas, a sus candidatos presidenciales, mientras en el Congreso debían aprobarse numerosas leyes orgánicas contempladas en la nueva Constitución de la República.

El tema de la reelección presidencial mantenía en suspenso a la sociedad debido a que el Presidente Fernández seguía recibiendo nuevas manifestaciones de apoyo a su proyecto continuista. En un masivo acto celebrado el 27 de marzo en el Palacio de los Deportes de la capital, los gestores del continuismo le entregaron al mandatario más de dos millones de firmas de personas que apoyaban una tercera reelección presidencial.

Por su parte, el PRD había escogido, en su 27 Convención Extraordinaria celebrada el 6 de marzo, a Hipólito Mejía candidato presidencial. Mejía derrotó a Miguel Vargas Maldonado con el 53 por ciento de los votos válidos emitidos, resultado que de inmediato fue impugnado por Vargas Maldonado y sus seguidores, quienes alegaron que más de 300 mil peledeístas y reformistas votaron en la Convención a favor de Hipólito Mejía. La derrota de Vargas Maldonado revivió la crisis interna del PRD, y aunque Vargas Maldonado aceptó su derrota, las heridas y los resentimientos personales entre los altos dirigentes del partido continuaron su agitado curso.

La situación interna del PLD era muy diferente. A pesar de que rodaban varios aspirantes a la nominación presidencial, el grueso de su militancia esperaba con impaciencia que el Presidente Fernández acabara con su prolongado suspenso. En su discurso dirigido a la nación la noche del viernes 8 de abril anunció que declinaba sus aspiraciones. Fue en ese discurso donde quedó al desnudo la trampa tendida a Miguel Vargas Maldonado cuando, el 14 de mayo de 2009, firmó con el reelecto Presidente el llamado "Pacto de la Corbatas Azules" que contemplaba, entre otros aspectos, la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.

Fernández reconoció que ciertamente el artículo 124 de su Constitución prohibía la reelección presidencial, pero citó el artículo 110 sobre la "Irretroactividad de la ley", destacando las opiniones de algunos juristas en el sentido de que el artículo 124 sólo era aplicable para el período siguiente, 2012-2016. El Presidente "olvidó" que él fue reelecto en 2008 en virtud de la Constitución anterior, cuyo artículo 189 establecía que tan pronto un Presidente fuera reelecto en un segundo período consecutivo, "nunca jamás" volvería a ser Presidente.

Pero donde el Presidente Fernández destapó sus reales intenciones cuando engañó a Miguel Vargas Maldonado con la supuesta prohibición de la reelección presidencial, fue cuando dijo que su Constitución poseía dos artículos que dejaban abierta la opción de la reelección, aunque con un procedimiento bastante complicado. Cito en su discurso los artículos 210 y 272 que crearon dos nuevas figuras, una del Referendo Consultivo y otra del Referendo Aprobatorio. La vía del referéndum la había lanzado al ruedo de la opinión pública Vinicio Marino Castillo y era la única constitucionalmente válida, pero de difícil aprobación en la Cámara de Diputados, donde el PRD, el PRSC y los seguidores de Danilo Medina de seguro se opondrían a un nuevo atropello al orden constitucional.

Sería por razones políticas, no por razones legales o constitucionales, que el Presidente Fernández declinó sus aspiraciones continuistas, dejando el campo abierto a los demás presidenciales del PLD que muy pronto serían escogidos en una sesión de su Comité Central. En los comicios internos del PLD por la nominación presidencial, realizados el 27 de junio de 2011, participaron cuatro candidatos: Danilo Medina, José Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Segura. Medina ganó las primarias con más del 87 por ciento de los votos válidos emitidos. Llamó la atención el alto número de electores que respondió negativamente con relación a la consulta de si se extendía o no el mandato de las autoridades del PLD. Un 67 por ciento votó por el Sí, un 33 por ciento, por el No. En las primarias para escoger el candidato presidencial peledeísta votaron un (1) millón, 40 mil 348 electores, menos de la mitad de las firmas de personas que apoyaban la reelección del Presidente Fernández.

 

Hacia el control de las altas cortes

Escogidos los dos principales candidatos presidenciales, un nuevo conflicto se había producido en el Congreso con la aprobación de las leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, ambas aprobadas en la Cámara de Diputados con mayoría simple, cuando su aprobación requerían dos tercios de los diputados presentes. Faltaban otras leyes complementarias por aprobar, pero los votos del PLD en esa cámara no alcanzaban las dos terceras partes. El impasse se resolvió el 30 de mayo de 2011, cuando el Presidente Fernández y Miguel Vargas Maldonado, ahora en su calidad de Presidente del PRD, volvieron a firmar un segundo pacto denominado "Acuerdo Institucional para la Aprobación y Desarrollo de las Leyes Complementarias de la Constitución".

Ese segundo pacto entre Leonel Fernández y Vargas Maldonado desbordó la paciencia de Hipólito Mejía. En una carta publicada el 2 de junio de 2011, el aspirante presidencial les recordó a los firmantes que antes también ellos habían acordado "verbalmente aprobar la Ley de Partidos Políticos, y esa promesa quedó sepultada en el olvido". Adelantó su opinión de que "el PRD no debería realizar ni avalar acuerdos de aposento para seleccionar" a los nuevos jueces de los órganos constitucionales.

Tan pronto fueron aprobadas las nuevas leyes, con el consenso de todos los partidos políticos representados en el Congreso, el Presidente Fernández convocó en agosto al Consejo Nacional de la Magistratura. Sus integrantes eran ocho miembros y en caso de empate, el mandatario tenía un poder especial para desempatar cualquier decisión, aunque la previsión era innecesaria porque Fernández contaba con cinco miembros a su favor.

Ese órgano constitucional lo integran el Presidente la República, el presidente del Senado, un senador perteneciente al partido de la oposición que ostente la representación de la segunda mayoría, el Presidente de la Cámara de Diputados, un diputado del partido de la oposición que ostente la representación de la segunda mayoría, el Presidente de la Suprema Corte de  Justicia, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma y el Procurador General de la República.

De los ocho integrantes del CNM, el oficialismo tendría cinco miembros, a saber: el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el senador por la provincia Sánchez Ramírez, Félix Vásquez, elegido en la boleta del PLD, quien pasó a ser "el representante de la segunda mayoría" del Senado; el Presidente de la Cámara de Diputados y el Procurador General de la República, nombrado por el Poder Ejecutivo. En cambio, el PRD sólo tenía un representante  por los diputados y los dos restantes serían el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro magistrado escogido por el pleno de tan alto organismo judicial. Si el PRD hubiese ganado por lo menos un senador en las elecciones de 2010, o si el Senado de la República hubiese designado a Amable Aristy Castro en lugar del senador Félix Vásquez, probablemente se hubiese presentado un empate en el pleno del CNM. Ese escenario resultaría nada agradable para el Presidente Fernández a la hora de designar a los nuevos jueces de las tres altas cortes. Obedeciendo a ese cálculo, había que impedir, a cualquier precio, que el PRD ganara un solo senador en las pasadas elecciones, para que, en vez de cuatro, fueran tres los integrantes del CNM no manipulados por el Presidente Fernández. Con cinco miembros a su favor en el CNM, Fernández nombraría a jueces complacientes con el nuevo sistema de dominación, corrupción e impunidad implantado desde 2004.

Antes de elegir a los jueces de las tres altas cortes, había que guardar las apariencias. Se hicieron llamados públicos a los abogados interesados en ser evaluados para jueces de una de las cortes a que depositaron sus currículos. Cientos de abogados ingenuos atendieron el llamado. Después vinieron las evaluaciones y las objeciones públicas a los aspirantes, pero todo se redujo a un espectáculo, porque, finalmente el Presidente Fernández se quedó con el control de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. En la SCJ fueron designados 17 jueces, en el TC, 13 y en el TSE, 5. Las evaluaciones posteriores hechas a la "hoja de servicio" de cada uno de los magistrados designados en las nuevas cortes, revelaron que una amplia mayoría está vinculada políticamente con el jefe de Estado y Miguel Vargas Maldonado.

Todos los resortes del poder quedaron así bajo el control del Presidente Fernández y su partido. Sólo quedó pendiente la escogencia del Defensor del Pueblo. El dominio casi absoluto de todas las instituciones públicas por parte del partido gobernante dio origen a un interesante debate en los medios de comunicación, en el sentido de si en la sociedad dominicana existía ya una "dictadura moderna", una "dictadura constitucional" o una "dictadura de partido único". Esa concentración de poderes en un sólo partido fue resaltado también en medio de una campaña electoral que subía de tono en la medida que avanzaba el año.

Danilo Medina fue proclamado candidato presidencial del PLD en un masivo y lucido acto celebrado el domingo 28 de agosto de 2011 en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Las encuestas lo situaban muy lejano en la simpatía popular con relación al candidato presidencial del PRD. Medina tenía por delante importantes retos. Debía elegir a su compañero o compañera de boleta y ratificar, en su momento, las alianzas políticas con los grupos que antes formaron el "Bloque Progresista" y los movimientos externos, pues era un secreto a voces que su partido venía desgastándose en el ejercicio del poder por su reconocida  capacidad devoradora en el manejo de las finanzas públicas. Desde las elecciones de 2006,el PLD veía disminuir su votación individual en cada jornada electoral. De manera que la elección del candidato o la candidata vicepresidencial y las alianzas políticas ocuparían su atención por el resto del año.

En los primeros días de noviembre, Medina anunció al país que su compañera de boleta sería la señora Margarita Cedeño, esposa del Presidente Fernández. La Primera Dama de la República gozaba de mucha popularidad y en algún momento se pensó que sería la candidata presidencial del PLD. Desde el "gabinete" de la Primera Dama manejaba un holgado presupuesto, superior incluso al de varios ministerios juntos, circunstancia que le permitió echar adelante importantes programas de asistencia social. Su escogencia como candidata vicepresidencial unificó al PLD y cuando concluyó el año 2011, la brecha entre el candidato oficialista y el principal candidato de la oposición se había reducido bastante, según reflejaban las encuestas más creíbles.

Las elecciones presidenciales de 2012

La situación de los dos principales partidos políticos durante la campaña electoral de 2012 era muy diferente. La marca PRD había escogido a sus candidatos varios meses antes que el nuevo grupo corporativo llamado PLD. Esa circunstancia se reflejó en las primeras encuestas, cuando el binomio Hipólito Mejía - Luís Abinader alcanzó hasta un 58 por ciento en la intención del voto de los electores. Tan elevada simpatía despertó de inmediato un excesivo triunfalismo en el entorno del ex Presidente Mejía que, en vez de ayudar, dificultó las oportunidades de un pacto ganador entre el candidato triunfante y el derrotado Miguel Vargas Maldonado, quien en lo adelante jamás ocultó sus resentimientos con la alta dirección de su partido, ahora cobijada bajo la jefatura del candidato presidencial. Las rebatiñas y las divisiones internas, basadas en viejos rencores personales y deseos de venganzas, jamás cesaron en el PRD durante los meses de la campaña electoral, siendo así un factor de perturbación que afectó las posibilidades del partido blanco de retornar al poder.

En el aspecto de la unidad interna, el PLD superó sus dificultades tan pronto Danilo Medina se dio cuenta que necesitaba el apoyo del Presidente y jefe de su partido para ganar la presidencia de la República. La escogencia de la señora Margarita Cedeño, candidata a la vice presidencia, representó un acto de transacción forzada entre el 'danilismo' y el 'leonelismo', las dos principales facciones del partido morado. En los primeros meses de 2012, el PLD lucía más cohesionada internamente que el PRD, circunstancia que redujo a cinco puntos la ventaja de Mejía sobre Medina.

La cúpula del PLD ya tenía suficiente experiencia de cómo ganar unas elecciones. Cuando retornaron al poder en 2004, concibieron un proyecto de dominación política y económica de larga duración. En las elecciones parciales de 2006 se alzaron con la mayoría en el Congreso y en los ayuntamientos. Para lograr ese objetivo, recurrieron a viejas y nuevas formas de fraudes electorales, al igual que en la campaña reeleccionista de 2008 y en las elecciones intermedias de 2010. De manera que volver a repetir sus "hazañas", antes, durante y después de las presidenciales de 2012, no le resultaría extraño a ningún ciudadano que haya vivido la experiencia de las últimas cuatro elecciones, celebradas en los últimos dos gobiernos de Leonel Fernández.

 Todo el esquema fraudulento de los tres procesos anteriores fue seguido, corregido y ampliado, según las evidencias, de las que fuimos testigos oculares. Entre las viejas prácticas manipuladoras, utilizadas por el oficialismo para construir una voluntad favorable al reciclaje presidencial, podemos citar las siguientes:

a) Un uso exacerbado, irrespetuoso y sin escrúpulos de todos los recursos y logística del Estado a favor del candidato Danilo Medina. Los economistas han diferido en cuanto al monto de los recursos del erario usados para financiar la costosa campaña del PLD. Las cifras manejadas al respecto son muy variadas. Se recuerda que el Presidente Fernández declaró, en una actividad pública celebrada en Nueva York, que su gobierno dispondría de 40 mil millones de pesos para ganar las elecciones. Y una mirada al déficit fiscal con que cerraron las finanzas públicas durante el año 2012, ascendente a 187 mil millones, según el gobierno, ó 205 mil millones de pesos, según el FMI, representa la mejor pista para establecer algún monto aproximado.

b) Los programas asistencialistas, de ayudas en efectivo, comida, combustibles, electricidad, escolaridad, becas, electrodomésticos y nominillas ocultas, beneficiaron a más de 800 mil personas pobres, focalizadas en los centros urbanos de mayor concentración de votantes. Además, durante los meses de la campaña el gobierno absorbió las alzas en los precios de los combustibles y la tarifa eléctrica.

c) Un Presidente en campaña, encabezando uno de los tres frentes de movilización popular concebidos por los estrategas de la campaña oficialista. En los meses previos a la votaciones, el Presidente Fernández inauguró numerosas obras de infraestructura, construidas en su último gobierno. En cada inauguración se hacía acompañar de altos funcionarios del gobierno, quienes no ocultaban el uso de la logística estatal. Cuando visitaba las provincias, en plena campaña, los camiones del Plan Social de la Presidencia se adelantaban y los repartos de cajas con alimentos y enseres domésticos eran la garantía de un masivo recibimiento.

d) Muchos dirigentes y militantes de los dos principales partidos de oposición, decidieron probar en la "agencia libre", esperando ser tocados por "las ofertas seductoras" del gobierno. La lista de los "firmados" y "contratados" durante la campaña es más extensa que las anteriores. Existía la necesidad política de vender la sensación de que todo el frente opositor se derrumbaba. Las deserciones, la sonsaca y el transfuguismo de dirigentes enviaban un mensaje deprimente a la mayoría de la población votante que aspiraba a un cambio real de gobierno.

e) La campaña sucia y la negativa no podían faltar en los meses antes a las elecciones. Se recuerda que en la campaña de 2008, Miguel Vargas Maldonado fue vilipendiado por la propaganda avasallante del continuismo. Ahora que el principal candidato de la oposición era un ex Presidente, que buscaba una segunda oportunidad, la propaganda sucia y engañosa era utilizada con mayor sorna, tratando de descalificarlo. Un grupo político aliado del gobierno, experto en campaña de deformación de imagen, se encargó de montar una sistemática campaña en la televisión, advirtiéndole a la gente "el peligro de olvidar". El gobierno de Mejía, que había terminado en 2004, era responsabilizado de todas las angustias de los dominicanos, mientras una red de comentaristas pagados se encargaba de manipular las pifias en que incurría el aspirante presidencial en sus declaraciones y discursos.

Otros temas martillados en los medios de comunicación contra Mejía fueron sus relaciones con el cartel de Sinaloa, las conspiraciones contra el gobierno haitiano de Michel Martelly, las amenazas de muerte contra Vargas Maldonado, los pinches telefónicos y los 'jaqueos' de cuentas en Internet, las advertencias de Mejía de no pagarle a los suplidores del gobierno, la incertidumbre bancaria, la fuga de de capitales, el alza que vendría en la prima del dólar, el "incremento" de la fortuna personal de Mejía, el robo del filete de las trabajadoras domésticas y las supuestas ofensas proferidas al Presidente Barack Obama de los Estados Unidos, lo que motivó al Senado de la República a emitir una resolución de "desagravio" al Presidente Obama.

Por su parte, la oposición no se quedó de brazos cruzados en medio de una campaña tan agresiva y donde estaban envueltos tantos intereses. Marcos Martínez, un abogado y comunicador de Santiago de los Caballeros, que declaró su "independencia" política, provocó a partir de febrero un escándalo internacional cuando divulgó la especie de que la Primera Dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández, poseía una supuesta cuenta millonaria en un bando de Dinamarca, acusación que fue calificada de "mendaz" por parte de la alta dirigencia del PLD. El tema atrajo la atención pública durante buen tiempo de la campaña, hasta que fueron desempolvados otros "expedientes", ahora relacionados con los casos de corrupción administrativa, la fortuna del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y otros altos dirigentes del PLD.

f) El uso intensivo, sistemático, por todos los medios posibles, de la publicidad política y las encuestas para condicionar a la opinión pública nacional e internacional de que Danilo Medina ganaba en primera vuelta con más del 50 por ciento de los votos. Una amplia red nacional de comunicadores, locutores, presentadores de noticias, periodistas, comentaristas, interactivos, articulistas y plumíferos hacía su labor cada día, por radio, prensa, televisión y redes sociales. Por cada cien spots que se "pasaban" por radio y televisión, más de ochenta correspondía al candidato oficialista. En cada calle, carretera o avenida del país, la propaganda gráfica de Danilo y Margarita inundaba los espacios públicos. Más de 40 encuestas, pagadas por el gobierno, se difundieron antes de las elecciones. Todas daban como ganador a Danilo Medina. A veces llegaron a difundir dos y tres encuestas en un mismo día.

De acuerdo a la Fundación Justicia y Transparencia, entre enero y abril de 2012 los partidos políticos gastaron 4,500 millones de pesos, de los cuales, un 74.7 por ciento correspondió al PLD, mientras el PRD gastó casi el restante 25 por ciento. El gasto general en publicidad, entre febrero y mayo, según la empresa AGB-CDI Dominicana, ascendió a 876.3 millones de pesos; de esos, el PLD y sus aliados gastaron 503.3 millones, para un 58 por ciento; en tanto que el PRD y aliados gastaron 199.2 millones, para un 23 por ciento. Unas 17 firmas encuestadoras, la mayoría al servicio del gobierno, publicaron más de 60 "estudios de mercado", llevándose más de 100 millones de pesos.

g) La compra masiva de cédulas es una vieja práctica de los grupos políticos que no creen en la transparencia electoral. Sin la presentación de la cédula en los centros de votación, ningún ciudadano o ciudadana podrá ejercer su derecho al voto, aunque sus generales, huellas y fotografías estén impresas en el padrón electoral. En cada elección, siempre ha estado presente la compra y venta de cédulas. Casi siempre, el comprador ha detectado, por algún medio, la simpatía política del posible vendedor, regularmente una persona de escasos recursos económicos. Las denuncias de compras de cédulas casi siempre ocurren uno o dos días antes de las votaciones. Para prevenir cualquier inconveniente, el vendedor opta por obtener un duplicado del documento. Entre el 12 de abril y el 19 de mayo, la Junta Central Electoral admitió haber otorgado 395,968 duplicados de cédulas a personas que supuestamente la habían extraviado. Una revisión de los diarios nacionales, correspondientes a los días finales de la campaña, nos permite leer las declaraciones de importantes líderes políticos, empresariales y religiosos, condenando la práctica inmoral de la compra masiva de cédulas de identidad por parte de personeros del oficialismo. La compra de cédulas por parte del oficialismo incluso fue admitida por los observadores de la OEA. Se recuerda también que en la cañada de un barrio de Santiago fue encontrado un saco con 88 cédulas, válidas para votar.

En cuanto a las alianzas políticas, en la medida en que avanzaba la campaña se iban definiendo dos grandes polos electorales. La lucha fue tan cerrada que no hubo espacio para una tercera fuerza electoral. Sólo existieron dos posibilidades, o se estaba con el gobierno, o se estaba con la oposición. El PLD logró revivir el "Bloque Progresista", integrado además por el PRSC, BIS, UDC, PQDC, FNP,PTD, PPC, PDP, PCR, PLRD, PAL y PASAVE. También formaron parte de la alianza más de mil movimientos externos y otros grupos minoritarios, no reconocidos por la JCE.

La alianza encabezada por el PRD era menos aparatosa; la integraban además el MODA, PRSD, PHD, PDI y la ASD. Un sector importante del PRSC, encabezado por el senador Amable Aristy Castro se apartó de la franquicia y decidió apoyar la candidatura de Hipólito Mejía. También Taína Gautreau y Luís Inchausti, ex dirigentes del PLD. Las alianzas del PRI y el PNVC con el PRD fueron anuladas en los primeros días de marzo, la primera por la JCE y la segunda por el TSE, dos órganos electorales controlados por el PLD.

Participaron solos, la Alianza por la Democracia (APD), que postuló a la presidencia a Max Puig; el Frente Amplio, que presentó a Julián Serrulle; el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), que postuló a Eduardo Estrella y el Partido Alianza País (ALPAÍS), que presentó a Guillermo Moreno.

Muchos temores existían en torno a la limpieza de las elecciones debido al control que tenía el partido de gobierno sobre la JCE. El frente opositor dudaba de la conducta del Presidente del organismo, miembro del Comité Central del PLD y abogado en ejercicio. De los cinco miembros del pleno de la JCE, tres de ellos eran militantes del PLD, uno era del PRD y el restante del PRSC, aliado al oficialismo. La crisis de confianza estalló cuando el Presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, presionó la renuncia del Gerente del Centro de Informática, Miguel Ángel García para colocar en ese importante Departamento al señor Franklin Frías. Varios meses duró el conflicto, hasta que el 6 de febrero los presidentes del PRD y el PLD firmaron un nuevo pacto, ahora para resolver el impasse en torno al centro de informática. Era el tercer acuerdo firmado entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Acordaron formar en lo adelante una Gerencia de Informática colegiada encabezada por Frías, pero integrada por otros técnicos sugeridos por el candidato presidencial del PRD, el PLD y la Iglesia Católica.

Al disiparse las dudas en torno al Centro de Informática de la JCE, la limpieza del padrón y la transmisión de los resultados electorales, la brecha entre los dos principales candidatos se achicaba, en medio de una guerra de encuestas que daban favorito a uno y otro contendientes. Un 63 por ciento de la población votante había expresado su inconformidad con la situación vivida en el país en los últimos años. Los responsables de la campaña del candidato oficialista conocían mejor que nadie esa opinión mayoritaria de la población, que deseaba un cambio real de partido de gobierno. Para congraciarse con la simpática idea del cambio, el candidato del gobierno asumió un nuevo eslogan que fue repetido hasta el hastío durante el resto de la campaña.

Al PLD lo favorecía el haber escogido a un nuevo candidato presidencial y una candidata a la vice presidencia que gozaba de mucha simpatía entre las mujeres; también el haber recibido el apoyo del Presidente Fernández y toda la parafernalia estatal. Desfavorecían al candidato oficialista el hecho de tener que cargar con todo el desgaste y el cansancio que generaba en la población una larga gestión de gobierno corrompida, derrochadora, devoradora e insaciable de recursos provenientes de un masivo endeudamiento externo, de cinco reformas tributarias agresivas, de operaciones mafiosas, de cobros de jugosas comisiones, de tráfico de influencia, de obras sobre evaluadas, de contrabando de combustibles, de importaciones desleales y mafiosas de rubros agrícolas, dando origen a una nueva oligarquía que ahora compite con la oligarquía tradicional dominicana.

Mientras al candidato del PRD lo favorecía la voluntad mayoritaria de cambio en la población votante y el haberse ganado el apoyo de la juventud desempleada y la clase media, golpeada por la voracidad fiscal del gobierno. Desfavorecían a Hipólito Mejía el haberse enfrentado a toda la maquinaria del gobierno, su tasa de rechazo que rondaba el 40 por ciento, su pasada gestión de gobierno, que fue nuevamente satanizada por el cerco mediático tendido por el oficialismo; sus deslices discursivos, que eran 'explotados' por los francotiradores al servicio del continuismo, su constante amenaza de someter a la justicia a los ladrones del gobierno y el rol de "Caballo de Troya" jugado por el Presidente de su partido, antes, durante y después de las elecciones.

 La suerte estaba echada y sólo faltaba la llegada del 20 de mayo para ver cómo se expresaría la voluntad de 6,502,968 electores, distribuidos por todo el país en 14,470 Colegios Electorales. Ya se habían disipados los temores con relación a la transmisión de los resultados electorales, desde los centros de votación hasta el centro de cómputos de la JCE. La atención final de los partidos se enfocó en motivar a la gente para que ejercieran su derecho al voto lo más temprano posible. Es bien conocida la expresión de que las elecciones se ganan en las mesas de votación. De manera que los partidos políticos se tomaron muy en serio la selección y la preparación de sus delegados ante los centros de votación para evitar que fueran tentados por los contrarios. La experiencia vivida en las tres elecciones anteriores, cuando muchos delegados de los partidos de oposición se vendieron a los agentes del oficialismo, había que evitarla en esta nueva ocasión. Había además que elevar la vigilancia en las filas de votantes y en los alrededores de los centros, donde fueron vistos muchos personeros del gobierno, incluyendo agentes militares, comprándole la cédula a personas que, mediante llamadas telefónicas, ya habían sido identificadas como simpatizantes de la oposición. Incluso, en Alicante, España, la Cónsul dominicana Eddy Peña "fue apresada por la Guardia Civil española por haber sido encontrada infraganti con su cartera llena de cédulas y una fuerte cantidad de dinero", según denunció Hipólito Mejía.

De acuerdo con las encuestas a boca de urnas realizadas en horas de la mañana, la candidatura de Hipólito Mejía llevaba una cómoda ventaja con relación al candidato oficialista. Esa tendencia del voto alarmó de tal manera al gobierno que en horas de la tarde ordenó desatar en todo el país una intensa ola represiva contra los dirigentes del PRD, mientras ordenaba el cierre violento de varias emisoras de radio, canales de televisión y medios digitales que el oficialismo veía muy inclinados a favor de la oposición. El plan era sembrar el terror psicológico entre los simpatizantes del PRD que aún no habían votado para provocar su masiva abstención. A mayor represión, mayor abstención. Así ocurrió en el Distrito Nacional, en la provincia Santo Domingo y otras ciudades del interior, donde se registraron elevados niveles de abstención.

Uno de los actos más salvajes contra la oposición ocurrió en la provincia Sánchez Ramírez, donde un general de la Policía Nacional apresó a un dirigente del PRD y lo mantuvo por 45 minutos de rodillas en el pavimento, a plena luz del Sol.

En resumen, la compra masiva de cédulas el día de las elecciones y la represión desatada en horas de la tarde contra el PRD en todo el país, fueron, a última hora, los dos factores decisivos del rebase del último fraude electoral ejecutado en el tercer gobierno de Leonel Fernández.

El cómputo definitivo arrojó los siguientes resultados: PRD y aliados obtuvieron 2,130,189 votos, para un 46.95 por ciento; PLD y aliados 2,323,463 sufragios, para un 51.21 por ciento; Alianza por la Democracia 5,066 votos, para un 0.11 por ciento; Frente Amplio 6,553 votos, para un 0.14 por ciento; Partido Dominicanos por el Cambio 9,343 votos, para un 0.21 por ciento y el Partido Alianza País 62,296 votos, para 1.37 por ciento. La abstención a nivel nacional fue de un 28.4 por ciento.

El PRD fue el partido más votado individualmente, al obtener 1,911,503 votos, para un 42.13 por ciento; en segundo lugar quedó el PLD, con 1,711,972 sufragios, para un 37.73 por ciento; mientras el PRSC obtuvo 266,487 votos, para un 5.87 por ciento. Solo, sin alianzas, el PRD ganó en 28 de las 32 provincias. El PLD, solo, ganó en San Juan de la Maguana, en San Pedro de Macorís, en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Un aspecto novedoso de las elecciones del 20 de mayo fue la elección, por primera vez en la historia electoral del país, de siete diputados que representarán a los dominicanos residentes en el exterior. En la nueva Constitución de 2010 se estableció que en las siguientes elecciones presidenciales, correspondiente al tercer domingo de mayo de 2012, se elegirían a los nuevos diputados de ultramar. A partir de las elecciones de 2004, la diáspora dominicana sólo votaba para elegir al Presidente y al Vicepresidente. Ahora, con un padrón de 328,649 mil dominicanos, el voto en el exterior se organizó en tres circunscripciones. La primera está conformada por Estados Unidos y Canadá, la segunda por Miami, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y las islas del Caribe y la tercera por los países europeos. Votaron en el exterior 129,359 dominicanos y dominicanas. El PRD ganó las elecciones en el exterior, tanto a nivel presidencial como congresual. De las siete  diputaciones, obtuvo cuatro y el PLD tres.

Otros resultados interesantes de las elecciones fueron los siguientes: que el voto del PRD "se concentró en las demarcaciones con menos incidencia de la pobreza, mientras que el voto del PLD se concentró en las provincias con mayores niveles de pobreza", según un estudio de Julián Valdez, director del Observatorio Político Dominicano, un organismo de la Fundación Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). Otro resultado sería que a mayor pobreza, mayor participación de las provincias en las elecciones. Por ejemplo, Elías Piña, la provincia más pobre del país, con un 74.6 por ciento de incidencia de la pobreza, fue la de mayor participación electoral, con un 75.4 por ciento. Los casos del Distrito Nacional y Santiago resultaron al revés.

El gobierno surgido de las elecciones del 20 de mayo de 2012 será recordado en la historia política dominicana como un gobierno legal, pero no legítimo. Será un gobierno legal porque así lo aceptaron los poderes del Estado encargados de organizar las elecciones y proclamar a los candidatos ganadores, pero será un gobierno ilegítimo por el origen espurio de su elección.