La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte conocerá este lunes la medida de coerción a los empresarios de la Corporación Delta Intur, por una estafa por 850 millones de pesos en perjuicio de inversionistas alegadamente engañados mediante bonos corporativos depositados en esa entidad de capital español, cuyos inmuebles  tenían valores  inferiores al dinero depositado. 

El grupo de estafados está representados por los abogados Luis Miguel Rivas, Erick Raful, Gustavo Biaggi, Santiago Rodríguez, Lincoln Hernández, Hipólito Herrera Vasallo y Jesús Almánzar, y acusan a Delta Intur de engañarlos mediante maniobras fraudulentas, que habrían sido avaladas por organismos oficiales encargados de supervisar el mercado de valores.

Aseguran que la Superintendencia de Valores (SIV) debe asumir una actitud a favor del reclamo de los ciudadanos querellantes, recordando que desde el mes de noviembre del año pasado fueron notificados de lo que llamo "el principal fraude del mercado de valores", y que la única respuesta recibida a sus justos reclamos ha sido la indiferencia.

Detallan que entre las maniobras usadas para cometer el fraude, los  inversionistas españoles de Delta Intur ponían en garantías una serie de bienes inmuebles que no tenían el valor que ellos decían, ni se correspondían con el valor depositado en bonos.

Afirman que esos inversionistas españoles también son perseguidos judicialmente en España, por la comisión de delitos similares cometidos a través de una compañía denominada "Bosque Natural"