Un 7 de octubre 1986, Salvador Jorge Blanco fue acusado de malversación

DATOS HISTÓRICOS:

Un día como hoy 7 de octubre del año 198, el ex presidente Salvador Jorge Blanco es formalmente acusado de malversación de fondos públicos durante du administración 1982-1986, por un grupo de abogados, con el doctor Marino Vinicio Castillo a la cabeza.

El proceso judicial seguido al ex presidente lo sepultó en el plano político, ya que no pudo en su partido ni frente a la sociedad mantener una incidencia determinante, pese a su larga trayectoria en su vida pública.

Salvador Jorge Blanco fue presidente constitucional de la República en el período 1982- 1986. El 21 de enero de 1983 firmó un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional que tendría una vigencia de tres años, lo que condujo a una devaluación monetaria y a un alza en los costos de producción y en los artículos de primera necesidad.

Esta situación desembocó en una poblada el 24 de abril de 1984 que le costó la vida a cientos de dominicanos.

Estos hechos marcaron para siempre la gestión del ex mandatario, quien había prometido en su campaña una democratización económica.

Esta circunstancia sumada a los conflictos internos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), abrieron las puertas al regreso del ex presidente Joaquín Balaguer en 1986 cuando ya era anciano y ciego, y cuyo mandato concluyó después de diez años con la crisis política y electoral de 1994 en que el doctor José Francisco Peña Gómez era el candidato del PRD.

En este momento dicho partido alegó en el plano nacional e internacional que había sido víctimas de un fraude en los comicios, conllevando a una negociación que redujo dos años al mandato presidencial de Balaguer y a la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales, las que ganó el expresidente Leonel Fernández, apoyado por Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) frente al extinto doctor Peña Gómez, quien volvió como candidato del PRD.

Proceso penal contra Jorge Blancos

Al inicio del gobierno del doctor Joaquín Balaguer (1986-1990), el ex presidente Salvador Jorge Blanco fue llevado a los tribunales, acusado de corrupción durante su mandato.

El 7 de octubre de 1986 el doctor Marino Vinicio Castillo puso una denuncia querella en su contra y su ex secretario de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez acusándolos de malversación de fondos públicos.

Fue enviado a la desaparecida cárcel del ensanche La Fe el 30 de abril de 1987 por disposición de la jueza de Instrucción Conchita Martínez, y posteriormente salió bajo fianza, asilándose luego en la embajada de Venezuela de la capital dominicana, desde donde salió por la negativa del gobierno venezolano presidido por Jaime Lusinchi, de otorgarle el asilo, bajo el argumento de que las razones no eran políticas sino de orden judicial.

El ex mandatario salió de la sede diplomática luego de haber sufrido un padecimiento coronario hacia la clínica Gómez Patiño de la avenida Independencia, donde duró varias semanas ingresado.

Posteriormente fue sacado de ese centro hospitalario para ser tratado en los Estados Unidos. Jorge Blanco pudo salir debido a la autorización otorgada por el entonces presidente Joaquín Balaguer, hacia el Emory University Hospital de Atlanta, Georgia, donde permaneció por un tiempo.

Luego de un largo período fue citado el 16 de noviembre de 1988, por el tribunal, encabezado por el juez Juan María Severino, quien al no presentarse lo condenó en contumacia a la pena máxima y al pago de 100 millones de pesos.

Luego el ex presidente decidió volver al país y se abrió un juicio en el mismo tribunal en el que tras largos debates fue encontrado culpable y condenado a 20 años de prisión, así como al pago de una indemnización 73 millones de pesos a favor del Estado Dominicano.

Esta decisión del tribunal en primera instancia fue apelada ante la Corte de Apelación de Santo Domingo por el ex gobernante, y permaneció abierto el proceso hasta que el PRD volvió al poder en el año 2000 bajo el mandato de Hipólito Mejía, quien consideró que el juicio al ex mandatario se trataba de una persecución política.

El entonces presidente Mejía le hizo saber a la Corte, a través del Procurador General de la República, que el Estado había desistido del interés de la persecución. Esto permitió que la Corte anulara la decisión del tribunal de primera instancia, liberando al ex mandatario de las acusaciones y de la condena a 20 años de prisión, así como al pago de las multa

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