Constituye un retroceso para el país en materia judicial, el atropello cometido por diputados y senadores en contra de los ciudadanos dominicanos, al quitarle facultad para querellarse contra los funcionarios públicos.
Los señores congresistas de los partidos políticos que convergen en el Congreso Nacional cambiaron el contenido del artículo 85 de la Ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal, para excluir a las organizaciones de la sociedad civil como querellantes contra funcionarios públicos acusados de la comisión de actos de corrupción.
A todas luces, con esta decisión se ha cometido un atropello jurídico contra los ciudadanos dominicanos, la cual ha recibido una repulsa de importantes sectores del ámbito judicial, conocedores del tema, como es el caso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia
Para el doctor Jorge Suero Isa se trata de un retroceso en la justicia las modificaciones establecidas en el Senado al Código Procesal Penal.
Subero Isa considera que “en cuanto a la modificación del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal, es preocupante la corriente que se está siguiendo al limitar la facultad de los ciudadanos de querellarse y constituirse en actores civiles en contra de los funcionarios públicos”.
Sostiene que se están cerrando las puertas de los ciudadanos y la participación de estos en la persecución de los ilícitos penales y de violación a derechos humanos cuando son cometidos por funcionarios públicos, atribuyéndose esa facultad con carácter de exclusividad al Ministerio Público.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, también criticó la decisión tomada por los congresistas, al igual que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, entidad que ha solicitado al presidente de la República Danilo Medina, que observe el proyecto en cuestión.
En lugar de avanzar, estas modificaciones representan una retranca para el país, dándole más luz verde a los funcionarios para cometer actos de corrupción, sin recibir las debidas sanciones por el grave delito cometido.
En consecuencia, cometida esta barbaridad, corresponde al Poder Ejecutivo en la persona de su máximo representante, licenciado Danilo Medina Sánchez, devolver observado este proyecto de Ley al Congreso Nacional con las correcciones de rigor, para salvar a los dominicanos de este acto de injusticia cometido por nuestros señores Senadores y Diputados.
