SANTO DOMINGO.-El caso del sacerdote Alberto Wojciech Gil, de la iglesia San Antonio de Padua, en Jánico, Santiago, acusado de supuestamente haber violado a por lo menos 14 niños vinculados a la parroquia, ha caído en una especie de limbo jurídico, y  se desconocen las anunciadas gestiones de las autoridades para que sea enviado al país desde Polonia.

El caso está en poder de la Fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, quien no ha presentado las pruebas y la documentación  que sustenten el pedido de extradición ante la Procuraduría General de la República.

El Departamento de extradición dijo que la fiscal debe apoderar a la Procuraduría de la solicitud  de extradición para que ésta comience a  hacer el procedimiento de lugar.

El sacerdote fue suspendido de sus funciones de acuerdo a un comunicado del  Arzobispado de Santiago, y se le ordenó  que regrese al país para  que responda por los cargos que se le imputan.

Se recuerda que las autoridades  informaron que debido a que entre la República Dominicana y Polonia no hay acuerdos de extradición,  apelarán a otros mecanismos para lograr que no "haya impunidad" en este  caso.

En ese sentido, el procurador general, Francisco Domínguez Brito, dijo que se está coordinando el proceso de investigación, y que  "a nivel internacional haremos los arreglos convenientes de cara a los acuerdos internacionales que puedan existir, que si bien es cierto que no hay acuerdo de extradición, si hay otros acuerdos y mecanismos que pudiéramos utilizar para lograr que no haya impunidad en ese caso".

Aunque informó que aún no se tiene información del paradero del religioso, dijo en la ocasión que podrían recurrir a mecanismos como la colaboración a través de la INTERPOL y otra forma de cooperación de países europeos en el caso de abuso contra menores y pedofilia, entre otros casos criminales.